Termoeléctricas a carbón: El sacrificio de comunidades y ecosistemas

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En Chile, entre el 19 y el 22% del total de la matriz eléctrica funciona en base a carbón, no obstante, a pesar de su alta presencia, en nuestro país este mineral se utiliza sin regulaciones, pues no está catalogado como combustible sólido en nuestra legislación, lo que impide establecer limitaciones y normativas a su uso, explotación, transporte y acopio.

El carbón es un recurso natural no renovable, utilizado como combustible para la generación de electricidad a través de centrales termoeléctricas, las cuales pueden originar daños irreversibles en la salud de las personas y ecosistemas que los rodean.

En el planeta existen aproximadamente 8.175 plantas termoeléctricas a carbón y otras 733 en construcción, lo que genera alrededor del 40% de la electricidad total producida a nivel mundial.

En Chile, entre el 19 y el 22% del total de la matriz eléctrica funciona en base a carbón, no obstante, a pesar de su alta presencia, en nuestro país este mineral se utiliza sin regulaciones, pues no está catalogado como combustible sólido en nuestra legislación, lo que impide establecer limitaciones y normativas a su uso, explotación, transporte y acopio. Esta realidad, entre otras, deja a las comunidades a merced de la “buena voluntad” de las empresas involucradas, las que han demostrado no estar precisamente muy preocupadas por los múltiples daños que generan. Por su parte, a través de los años, los gobiernos de turno han exhibido un discurso aparentemente de corte ‘ambientalista’, pero a la hora de aprobar proyectos contaminantes o seriamente cuestionados por las comunidades y especialistas, no titubea, sino que profundiza los impactos ambientales locales. Sin ir más lejos seguimos usando carbón sin regulación.

Por si esto fuera poco, las plantas termoeléctricas no cuentan con regulación respecto del tipo de tecnología a utilizar y su vida útil, solo respecto a sus emisiones, existe desde 2011 una norma que ha sido de muy lenta implementación.

La ausencia de normativa para el carbón y para las centrales que lo usan impacta la salud de las personas y deterioran el medio ambiente, vulnerando derechos fundamentales y generando verdaderas Zonas de Sacrificio. Estas últimas son territorios con alta concentración industrial, en especial con este tipo de centrales, que además, deterioran los ecosistemas marinos, terrestres, la flora, fauna, la calidad de vida y economías locales.

A raíz de esta situación es que las comunidades afectadas decidieron reunirse recientemente -noviembre- en un encuentro nacional efectuado en Puchuncaví, precisamente una de las más antiguas Zonas de Sacrificio del país. El objetivo del llamado “Cónclave” fue compartir experiencias, establecer estrategias, fortalecer redes y acción conjunta por un medio ambiente libre de contaminación.

“La contaminación ambiental es un problema que nos afecta a todos y todas, incluso de quienes no están al tanto o no se sensibilizan, ya que las enfermedades generadas no distinguen entre seres humanos, flora o fauna”, señala la declaración emanada del encuentro.

El diverso origen de las organizaciones y comunidades convocadas al Cónclave son una muestra palpable de la cantidad de conflictos socioambientales que el Estado no ha sabido sobrellevar en Chile. Es por ello que dada la diversidad de origen de los asistentes -Tocopilla, Mejillones, Copiapó, Huasco, Limache, Valparaíso, Totoral, El Melón, Calera, Quillota, Putaendo, Quintero-Puchuncaví, Petorca, Ritoque, Mantagua, Santiago, Cajón del Maipo, Coronel- es que resulta importante destacar sus testimonios, experiencias de trabajo y conocimientos compartidos. En definitiva, el desafío es lograr recomponer el tejido social entre las comunidades, unidas por conflictos que tienen una misma raíz: el modelo de desarrollo, exclusivamente centrado en el crecimiento económico y en detrimento de la población y el medio ambiente.

Por Camila Escanilla, periodista en Fundación Terram.