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El cambio climático está generando severos problemas de acceso a los recursos hídricos, sumado a una legislación que privilegia los sectores económicos.
Diversos expertos en temas medioambientales señalan que el cambio climático está transformando de manera abrupta el mapa de acceso a los recursos hídricos en diversas partes del orbe, situación que ya se vive en nuestro país.
Según datos del programa Chile Sustentable, para la Zona Central de nuestro territorio nacional, representará una disminución de al menos un 20% en las precipitaciones y un aumento en las temperaturas de 2º, aproximadamente. Siendo más drásticos en las conjeturas, podemos inferir que estos cambios significarán que en 50 años más, Santiago tendrá el clima de La Serena y los terrenos sufrirán un proceso de desertificación progresivo.
Lo más preocupante es que, a juicio de Sara Larraín, directora ejecutiva del programa Chile Sustentable, “no estamos haciendo nada para revertir esta situación”.
Larraín asegura que de mantenerse este escenario, comenzarán las restricciones de agua en la capital, tal como sucede hoy en el norte de nuestro país. Es por esto que “cualquier planificación del agua potable en Santiago y de la agricultura en el Valle del Maipo significan pensar hacia el futuro con mayor eficiencia, mayor conciencia y, también, más descentralización”, acota.
La crítica apunta hacia la gestión de los recursos hídricos, ya que en nuestra actual Constitución se privilegia la explotación de estos recursos “para actividades competitivas que generan mayor crecimiento económico”, lo que va en desmedro de las “comunidades locales que pierden sus recursos porque se secan las norias, se extrae más agua de las napas, estas no se recuperan y cada vez hay que sacar agua de más abajo, lo que ha ido generando un proceso de degradación de las cuencas y un proceso de degradación de la posibilidad de las economías locales de adaptarse a situaciones más estresantes y con menos agua”.
La situación de sequía que se ha dado en los últimos años ha afectado particularmente a la zona central. La diputada por el distrito 10, Andrea Molina, que representa sectores afectados con este problema como Petorca o Quillotra, señala que “sería importantísimo que el Gobierno tomara conciencia de lo que estamos viviendo”, ya que a su juicio se requieren “campañas que realmente eduquen e informen a la población de la sequía que estamos enfrentando hace tantos años, porque hoy estamos viviendo una situación extrema”.
La parlamentaria agrega que “se han hecho todos los diagnósticos y se avisó al Gobierno de la dramática situación que se venían años tremendamente duros, pero más allá de algunos anuncios de embalses que vienen en dos o tres años más, no han habido trabajos que puedan ir solucionando la situación que afecta particularmente a las provincias de Petorca y Quillota”
El director de Greenpeace en Chile, Matías Asún, comparte el diagnóstico de Sara Larraín y destaca que “Chile es un país sensible al cambio climático y muestra de eso es que acabamos de tener uno de los junios más secos de la historia”. También avizora en un corto plazo una dificultad para acceder a los recursos hídricos si se mantiene el escenario actual, pero a su juicio no sólo el cambio climático es una amenaza, también “que tengamos un reglamento que privilegia los interés comerciales de las empresas por sobre los derechos humanos básicos”.
Asún agrega que “el peor escenario ya está llegando, que es el razonamiento del recurso y empobrecimiento de algunos sectores de la población cuya actividad depende de éste, como la agricultura, por ejemplo, porque ya hay lugares de Chile donde no hay suministro de agua todos los días”, y concluye que el problema de nuestras autoridades es que “no hay voluntad ni valentía política para hacer los cambios que se requieren”.
En conclusión, en la visión de varios expertos se requiere una política de Estado que trascienda los gobiernos de turno, que tenga como objetivo defender el derecho básico del acceso al agua, superponiendo los intereses generales de la población por sobre los intereses comerciales de ciertos sectores económicos. Estos temas serán tratados en Francia, país que va a acoger y presidir la vigésimo primera Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015, que se realizará en diciembre de este año y que busca lograr un gran acuerdo global sobre el clima, con el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2ºC.
