Columnas de Opinión

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¿Qué le pasa a este gobierno que posterga la firma del Acuerdo de Escazú?

Opinión de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram. 

Esta semana a través de información de prensa nos hemos enterado que el gobierno de Chile ha decido postergar la suscripción de nuestro país en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú. El origen de este, se remonta a la Cumbre de Rio del año 1992 y particularmente al Principio 10 de la Declaración de Rio, pero debieron pasar muchos años antes de que esto se comenzara a fraguar efectivamente en un convenio regional.

Para que se entienda bien, Escazú es un acuerdo cuyas negociaciones se inician el año 2012, durante el primer gobierno de Piñera y que ha sido promovido por el Estado de Chile, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y ha contado con el apoyo de CEPAL. El texto final de este convenio se aprobó en marzo de 2018 por todos los participantes, 24 países, incluido Chile. En dicha ocasión se definió que la apertura para su firma seria el día 27 de septiembre durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Pero no es solo eso, Chile presidio la etapa preparatoria y se la jugó por involucrar a otros países de Latinoamérica, constituyéndose en líder regional. Nunca antes nuestro país había liderado un proceso de esta naturaleza, por lo cual la decisión anunciada por el gobierno nos deja en una posición compleja. Es más, en junio de este año en un comunicado oficial conjunto realizado por los gobiernos de Costa Rica que tiene la Presidencia y Chile que tiene la Vicepresidencia invitaron a los países a suscribirlo.

Además, este es el primer acuerdo regional en materia ambiental, lo cual tiene una enorme importancia para Latinoamérica y el Caribe, pues es un instrumento jurídico en el cual se establece que los estados deben implementar estándares adecuados para asegurar los derechos acceso de las personas en materia ambiental.  Estos derechos de acceso son:  el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, en el acuerdo se establecen principios que guiaran su implementación, como: a) principio de igualdad y principio de no discriminación; b) principio de transparencia y principio de rendición de cuentas; c) principio de no regresión y principio de progresividad; d) principio de buena fe; e) principio preventivo; f) principio precautorio; g) principio de equidad intergeneracional; h) principio de máxima publicidad.

Por ello, el solo anuncio de que el Gobierno de Chile no suscribirá el Acuerdo de Escazú en la fecha comprometida puede tener enormes costos para la política regional y mundial de nuestro país. Hasta ahora no existen razones claras de la decisión adoptada por Chile, pero lo que sí está claro es que el prestigio de nuestro país, ese del cual tanto le gusta sentirse orgullosas a muchas autoridades, se verá dañado.

Mientras esto sucede en Nueva York, en Chile y más precisamente en la Bahía de Quintero que comprende las comunas de Quintero y Puchuncaví, desde hace más de un mes que se repiten cada semana intoxicaciones masivas que afectan a los habitantes de diversos poblados de la zona. Esto sin que hasta ahora las autoridades sanitarias y/o ambientales hayan podido determinar las causas que están ocasionando estos hechos. Lo cierto es que la situación se torna cada vez más dramática, las personas de estas localidades deben afrontar la llegada de cada nuevo día con angustia y temor; a los habitantes de esta llamada Zona de Sacrificio se les está vulnerando el derecho a vivir en un medio ambiente sano y el derecho a la salud.

Lo que cabe preguntarse aquí es qué le pasa a este gobierno que no está siendo capaz de cumplir con los compromisos adquiridos como Estado a nivel internacional y tampoco pareciera estar capaz de buscar soluciones reales a la situación de la Bahía de Quintero.

¿Estos hechos son constitutivos de desafortunadas coincidencias, falta de capacidad o de información? o lo que es más preocupante aún ¿son las políticas ambientales de este gobierno? Esperamos que el presidente Piñera reconsidere su decisión y firme el Acuerdo de Escazú ahora.

Fuente: El Mostrador. 27 de septiembre de 2018.

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Reforma al SEIA dentro de Agenda Pro Inversión: Una visión parcelada

Columna de opinión de Ignacio Martínez, abogado Fundación Terram.

Durante las últimas semanas se ha hablado mucho del proyecto de ley de reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) -recientemente aprobado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad-, que pronto será enviado por el Ejecutivo al Congreso, además de las dos grandes modificaciones que traería consigo. Por una parte la incorporación de la participación ciudadana anticipada en el proceso de calificación ambiental y el fin del Comité de Ministros, creándose como única instancia administrativa, las comisiones macrozonales de evaluación con un carácter -en teoría- más “despolitizados”. Distintos académicos, empresarios, ambientalistas, funcionarios y ex funcionarios de los servicios ambientales; han manifestado su preocupación, críticas, apoyo y/o rechazo a la iniciativa a través de columnas de opinión, entrevistas y otros.

Distinto es el caso del otro proyecto de ley presentado hace más de un mes por el gobierno denominado “Agenda Pro-Inversión I” (Boletín N° 11.747-03), que está actualmente siendo revisado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, el cual ha pasado casi inadvertido. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Economía, consiste en un proyecto misceláneo que busca “fortalecer la inversión, competitividad y productividad de nuestra economía” modificando diversos cuerpos normativos, tales como el Decreto Ley N° 3.525 de 1980, que crea el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), el Código de Procedimiento Civil, Decreto con Fuerza de Ley N° 340 de 1960, sobre Concesiones Marítimas, la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Código de Aguas, y -aquí el énfasis- a la Ley N°19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

El proyecto en cuestión, con el objeto de “disminuir los plazos de tramitación” y “eliminar incertezas jurídicas”, otorga la facultad al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para omitir total o parcialmente los pronunciamientos de los organismos sectoriales con competencia ambiental en caso de estimar que dichos pronunciamientos no sean fundados técnicamente o consideren materias que no son de su competencia; hace un reconocimiento legal explícito a las consultas de pertinencia con carácter vinculante para efectos del seguimiento, fiscalización y sanción ambiental; modifica el cómputo de plazo de caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA); en otras relevantes modificaciones. Paradójicamente, pese al evidente contenido ambiental, esta iniciativa legal no contempla su paso por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.

Más allá de la criticas que uno puede realizar al contenido particular de este proyecto, lo que más llama la atención es que parte importante de las modificaciones al SEIA anunciadas por el gobierno, se estén revisando de forma separada bajo un proyecto de ley, que tiene una visión bastante parcelada de lo que debe contemplar un procedimiento de evaluación de impactos, mirando la inversión como única variable dentro de un sistema que es mucho más complejo.

Desde Fundación Terram creemos que incluir una modificación al SEIA en un proyecto que tiene por finalidad fundamental promover la inversión, implica una desnaturalización de este mecanismo como instrumento de gestión ambiental, sobre el cual no solo deben haber consideraciones económicas, sino sobre todo ambientales y sociales. Solo considerando esto último es posible tener una mirada completa -y no parcializada como sugiere este proyecto- del procedimiento de evaluación ambiental.

Consideramos fundamental que para discutir cualquier reforma al SEIA, se deben generar las condiciones para que todos los actores involucrados puedan opinar y participar en dichos procesos, pues de otra forma no es posible tener una mirada integrada. Es por ello, que desde Fundación Terram creemos que toda modificación a la Ley N° 19.300 relativa al SEIA debe ser incorporada al proyecto de ley que reforma al SEIA anunciado por el gobierno y no bajo la mencionada iniciativa Pro Inversión.

Fuente: Terram.

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¿Reforma al SEIA o agenda pro inversión?

Recientemente la ministra del Medio Ambiente, Marcela Cubillos, en entrevistas de prensa y en el Parlamento, ha dado a conocer las prioridades ambientales del Gobierno de Sebastián Piñera. Según lo señalado por ella, el principal objetivo durante esta administración será mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas y para ello se plantea abordar varios temas, entre los cuales destaca la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Es probable que el Gobierno haya definido como una de sus prioridades la reforma al SEIA basado en los constantes reclamos expresados por el gran empresariado, después de que se rechazaran o cuestionaran algunos de sus proyectos emblemáticos. Pero para entender de lo que estamos hablando, es importante saber que la evaluación ambiental de proyectos es un procedimiento establecido en la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Su primera versión data de 1994 y fue modificada en 2010, cuando se crea el Ministerio del Medio Ambiente (MMA), el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). La evaluación ambiental tiene como propósito dimensionar los impactos ambientales de un proyecto y asegurar que el impacto que este generará en el territorio, el ambiente y las personas sea el mínimo posible, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1° de la ley.

Según lo señalado por la ministra, los cambios que plantea el actual Gobierno deberían fortalecer capacidades técnicas y simplificar los procedimientos administrativos, pero también apuntar a una mayor racionalidad y certeza jurídica. De acuerdo a Cubillos, las modificaciones al SEIA se fundamentan en las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial, creada justamente para la Reforma del SEIA bajo el Gobierno de Michelle Bachelet, y lo establecido en un documento de “Valor Minero”.

En este sentido, cabe recordar que las primeras críticas que se le hicieron a esta comisión se relacionaban con la composición de la misma, pues de los 28 integrantes iniciales, el 50% pertenecía o estaba relacionado con el sector empresarial, 8 representaban al sector público, los cuales contaban con una posición pro inversión más que pro cuidado del ambiente. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil solo contaron con 3 cupos, lo que se redujo a solo 1 después de la renuncia de 2 de sus integrantes.

Es por esto que cabe preguntarse por la representatividad de los acuerdos alcanzados por esta comisión y si estos reflejan realmente los problemas que presenta el SEIA y el sentir de las comunidades afectadas o de las organizaciones que trabajan por la protección del medio ambiente. También es importante recordar que esta comisión se creó después de que el ex ministro de Hacienda Alberto Arenas diera a conocer su Agenda Pro Inversión, donde la mayoría de las medidas propuestas se relacionaban con cambios en la evaluación ambiental de proyectos.

Pero más allá de los orígenes de la comisión, lo importante es cómo trabajó, cuáles fueron sus objetivos y la validez de sus resultados. Sin duda, en el caso de esta comisión, era importante contar con una buena metodología de trabajo y definir en conjunto los temas que se iban a abordar. Sin embargo, puedo decir con certeza –pues fui parte de ella y renuncié– que existieron muchas deficiencias. Estas se pueden resumir en que hubo ausencia de una mirada país, es decir, del territorio, sus habitantes, ecosistemas y complejidades.

A esto se sumó la carencia de un análisis profundo y real sobre qué es el SEIA, cuál es su objetivo fundamental, cuál es su rol en la calificación ambiental y sus respectivos problemas. En vez de plantearse interrogantes, generar análisis y desde allí establecer acuerdos, la comisión aceptó trabajar bajo los lineamientos que propuso el Ministerio del Medio Ambiente, los que a su vez provenían de la Agenda Pro Inversión del Gobierno de Bachelet.

En definitiva, el trabajo fue pobre, con una mirada sesgada de los problemas y las complejidades que actualmente enfrenta el país. Más bien, se orientó a generar un conjunto de acciones que servían de parche para agilizar la tramitación ambiental de proyectos. Esto, sin asumir que gran parte de los problemas que presenta el sistema son deficiencias o vacíos en la ley o tienen relación con negligencias por parte de los proponentes y/o autoridades.

Si bien la demora en la tramitación de proyectos y la incerteza jurídica ha sido uno de los caballitos de batalla del gran empresariado cada vez que sus proyectos son cuestionados o rechazados, estos mismos empresarios mantienen silencio o no se hacen ninguna autocrítica sobre la calidad de los estudios que presentan a evaluación ambiental, tampoco hacen referencia a la demora que ocurre muchas veces, cuando el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) les debe solicitar información, pues la que entregaron está incompleta o es deficiente. Cualquier cambio en el SEIA debe mirar todo el proceso de calificación ambiental y no solo partes del mismo.

Es importante recordar que la citada comisión asesoró a la autoridad, y en particular el entonces ministro del Medio Ambiente, Pablo Badenier. Así como que la mayoría de los consejeros no estuvieron disponibles para discutir las diferencias de trato que existen entre proponentes y comunidades, o afectados en el marco de la evaluación ambiental de proyectos, tampoco, hubo disposición a revisar las desigualdades de condiciones y plazos para unos y otros en el proceso de calificación ambiental. Gobierno tras gobierno la tónica parece ser que las autoridades ambientales deben estar al servicio de la inversión y no del cuidado del ambiente, la naturaleza y las personas.

En este sentido, desde Fundación Terram pensamos que la calificación ambiental de proyectos no puede ser un instrumento de gestión ambiental para validar la inversión, comprando las voluntades de las comunidades mediante mecanismos como “asociatividad”, “valor compartido” o “participación ciudadana anticipada” –por mencionar algunos–. El objetivo debe ser evaluar ambientalmente los proyectos, y cualquier revisión o reforma que se haga al SEIA debe comprender un profundo análisis de todo el proceso y no solo aquello que molesta a los inversores. Su objetivo debe ser la protección de la naturaleza y las personas. Por lo tanto, nos parece poco claro proponer cambios en el SEIA basados en propuestas elaboradas por sectores productivos tradicionales, para quienes el cuidado del medio ambiente no es un objetivo central.

Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram.

Fuente: El Mostrador.

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Agua en Chile: el necesario tránsito de mercancía a bien común

Durante los últimos años las zonas norte, centro y centro-sur del país han enfrentado una severa escasez hídrica, lo que ha producido que la demanda por uso de agua exceda a la oferta en varias regiones del país.

Es innegable la influencia que ejercen factores naturales derivados de sequías prolongadas y efectos del cambio climático en la menor disponibilidad de agua en diferentes cuencas del territorio nacional, sin embargo, la crisis del agua en Chile no solo puede ser atribuida a estas causas. Esta también tiene raíces en criterios consagrados en el ordenamiento jurídico destinados a administrar y gestionar el recurso a partir de valores utilitarios y concepciones instrumentales de la naturaleza.

El proceso de puesta en marcha de las lógicas neoliberales en Chile, ha generado un crecimiento económico basado en una economía primario-exportadora, donde prácticamente todos los productos en los que se basa el modelo económico -cobre, fruta fresca, madera, pulpa, y vino- tienen procesos de producción que dependen en gran medida del agua, lo que ha incrementado e intensificado los conflictos por la utilización de este preciado elemento, principalmente en la zona norte y centro del país.

En las regiones del norte del país, las empresas mineras utilizan volúmenes importantes de agua en sus procesos productivos, lo que ha provocado conflictos con actores locales, por el control, uso, almacenamiento y contaminación del agua, debido a que dicha actividad se desarrolla principalmente en áreas donde el agua es muy escasa e incluso limitante para el desarrollo de actividades de subsistencia.

En el centro y sur del país, empresas agroexportadoras y forestales utilizan de forma intensiva el agua y los suelos aplicando el monocultivo como estrategia de producción intensiva, lo que ha generado efectos que se expresan en degradación de suelos, pérdida de biodiversidad y sobreexplotación de aguas, ocasionando conflictos con comunidades indígenas, pequeños agricultores, zonas urbanas y rurales que se han visto afectadas por el modelo de producción agrícola y forestal que opera en el país.

Sectores mineros y silvoagropecuarios concentran más del 80% de los derechos de aprovechamiento de agua consuntivos, estos derechos -establecidos con el Código de Aguas de 1981- en la práctica funcionan como derechos de propiedad sobre el recurso, se consagran con el propósito de otorgar seguridad jurídica a sus titulares.

El agua pareciera ser el “combustible” que mueve el motor de la economía chilena, lo cual es avalado por un marco regulatorio e institucional. Esta forma de gestionar y administrar el vital elemento ha provocado grandes inequidades, sobre todo en un escenario de cambio climático, con ríos agotados o disminuidos significativamente en su caudal y cuencas sobreotorgadas. Vastos sectores campesinos han experimentado radicales mermas en la disponibilidad de agua para el riego y consumo humano, poblaciones completas del norte, centro y sur del país han tenido que adecuarse a vivir sin agua potable gran parte del año, o a ser abastecidas esporádicamente y en cantidades insuficientes, a través de camiones aljibes, recibiendo agua que no puede ser considerada como potable.

A pesar de que el agua está catalogada por Ley como un bien nacional de uso público, en la práctica el Código de Aguas reconoce para su manejo solo a las organizaciones de usuarios, integradas únicamente por personas que tienen actualmente derechos de agua en una determinada cuenca o sección, sin que se tome en consideración a los que pudieren verse afectados por las decisiones a pesar de no ser titulares de derechos, es así como “el interés público” no se encuentra considerado en el ordenamiento jurídico, ni mucho menos se garantiza el derecho humano al agua, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010.

Si bien existen instrumentos que intentan gestionar la escasez del recurso, estos en general, son de carácter reactivo, esto nos lleva a señalar que en Chile no existe una adecuada gestión de la escasez hídrica, en la medida en que no se previene el riesgo, además de que el Estado en situaciones críticas no puede disponer libremente de agua, sin la presión de los grandes sectores económicos y sus derechos de propiedad sobre la misma.

Aunque es urgente la creación de una institucionalidad robusta en materia de aguas; instaurar un mercado regulado y en forma, al igual que establecer prioridades al uso del recurso, el tema de fondo se relaciona con establecer una concepción ética del agua como bien común, en donde el agua no es sustituible por bienes de capital, es por esto que el mercado y los derechos de propiedad no son las herramientas más adecuadas para su administración y gestión.

El 22 de marzo se conmemora el Día Mundial del Agua, un momento para pensar y reflexionar sobre la importancia y el rol que cumple este vital elemento en nuestras vidas.

Fernanda Miranda, Geógrafa Fundación Terram.

Fuente: CodexVerde.

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Estos son los principales resultados de la COP23

Durante 2 semanas en Bonn, Alemania, se desarrolló la 23 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP23). Durante las negociaciones los países trabajaron en puntos cruciales para la urgente implementación del Acuerdo de París, que permitirá que el aumento de temperatura no sobrepase los 1.5°C.

La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, destacó por su intervención en nombre del Grupo negociador G77+China (que agrupa 134 países) y sostuvo que se necesita avanzar prioritariamente en el financiamiento del Fondo Verde para el Clima (FVC), que permite captar recursos financieros de los países desarrollados para que las naciones en desarrollo y más vulnerables puedan afrontar las consecuencias del cambio climático. El FVC espera contar con 100 mil millones de dólares anuales a partir del 2020. Sin duda uno de los grandes retos de los próximos años será avanzar en ese tema.

Espinosa recordó también que el planeta ya afronta las variaciones del clima, a través de graves inundaciones, derretimiento de glaciares, sequías, que además son amenazas para la seguridad alimentaria; e hizo un llamado para proteger a las mujeres, niños, niñas, migrantes y refugiados quienes son los más afectados por el cambio climático, considerado la amenaza global más grande de este siglo.

Temas clave: agricultura, seguridad alimentaria y conocimientos locales

Durante la COP23 hubo dos avances muy importantes para el contexto latinoamericano. El primero referido a la aprobación de un plan de trabajo para la agricultura. Enrique Maurtua, director de Cambio Climático de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, explica que los países en las próximas reuniones discutirán temas en relación a: la adaptación de la agricultura frente al cambio climático, mejorar la capacidad de carbono en los suelos, el sector ganadero y las emisiones de GEI, la seguridad alimentaria, entre otros. “Habrá conversaciones intensas en países de Latinoamérica como Argentina, Uruguay y Brasil que tienen intereses muy marcados en el sector de la agricultura”, sostuvo Maurtua.

El segundo tema y que es considerado un hito es la creación de una plataforma para conocimientos locales, en la cual se resaltará el aporte tradicional, por ejemplo, de los grupos indígenas para afrontar el cambio climático, pero además se da un reconocimiento a sus capacidades ancestrales.

Resultados de la COP23 para implementar el Acuerdo de París

-Diálogo de Talanoa: Se activa y pone en movimiento el plan para acelerar la acción climática con el fin de limitar el aumento de la temperatura. Las Partes han decidido que el diálogo tendrá una fase preparatoria y otra política que será liderada por las presidencias de la COP23 y la COP24, esta última se llevará a cabo en Polonia del 3 al 14 de diciembre del 2018. Durante el diálogo, las Partes deberán considerar el informe sobre sobre 1.5°C que será presentado el próximo año por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC). Durante la etapa política, que se llevará a cabo en presencia de los ministros en la COP24, se reportarán las NDC que se espera contengan metas y acciones más ambiciosas de reducción de emisiones, sobre todo de los países con mayor responsabilidad.

“Los países de América Latina presentaron en el 2014 su primera NDC, pero todos sabemos que esas contribuciones, más las del resto del mundo, no son suficiente; por lo tanto, debemos hacerlas más exigentes gradualmente, hay que empezar desde ahora”, indicó Manuel Pulgar-Vidal, actual líder de Clima y Energía de WWF. Además, agregó que será muy necesario el trabajo de la mano con el sector privado para poder elevar la ambición.

-Acciones más ambiciosas pre 2020: Algunos países demostraron que ya están avanzando en acciones de mitigación y adaptación previo al 2020, aunque se requiere hacerlo con más urgencia y mayor ambición. Durante la COP23 quedó claro que si existe ambición antes del 2020 se puede sentar una base sólida para que exista una mayor ambición post 2020, y por ende se apostará por NDC’s más robustas. Los negociadores deberán avanzar en la ratificación de la llamada “Enmienda de Doha”, referente a los compromisos de reducción previos al 2020. El Diario de España explica que “el documento tiene un enorme valor simbólico para los países en desarrollo ya que quieren asegurarse de que los principales responsables del cambio climático han hecho sus deberes, previo al Acuerdo de París, en el que por primera vez tienen obligaciones, para ellos poder hacer los suyos.

Países latinoamericanos presentan acciones concretas para cumplir con sus compromisos climáticos

Durante la COP23 varios países de Latinoamérica presentaron avances en torno a su compromiso climático (NDC). Es importante evidenciar estos aportes porque permite saber “dónde estamos”, considerando que nos queda poco tiempo para que empiece a implementarse oficialmente el Acuerdo de París (2020), y para ese entonces, los países ya deben tener claro cómo aumentar la ambición.

-Argentina es un caso interesante, puesto que fue uno de los 3 primeros países del mundo en presentar su NDC revisada en la COP22 en Marrakech. Durante la COP23 se dio a conocer el plan para su implementación, con más de 40 medidas planteadas, que cubren 6 sectores; en los que energía, bosques y transporte representan más del 90% de las emisiones, que se propone reducir el país. En caso de contar con apoyo para cumplir la meta en forma temprana, Argentina alcanzaría su pico de emisiones al 2020 según sus proyecciones, a partir de lo cual empezaría a reducirlas.

Desde el 2016, Argentina cuenta con un Gabinete Nacional de Cambio Climático, liderado por el presidente Mauricio Macri, que reúne a 12 ministerios encargados de guiar el proceso de revisión de la NDC.

-Uruguay presentó su primera NDC en esta COP. Su meta de reducción de emisiones es al 2025 e incluye una indicación de aumentar la ambición al 2030. La NDC plantea reducir 50% de emisiones en relación al PBI de 1990, e incluye una meta de 30% de reducción de intensidad de emisiones en la producción de alimentos. Esta meta en particular es importante porque su producción de comida y bienes beneficia a muchos países. Además, plantea conservar el 100% de las reservas actuales de plantaciones y bosques nativos, para proteger su biodiversidad. Estas metas son adicionales a lo ya logrado por el país de generar el 96% de su electricidad a través de energía renovable.

-Perú llegó a la COP23 con el mensaje: “Ya estamos trabajando en la implementación de nuestra NDC”. Se han establecido 51 acciones en adaptación y mitigación con sus debidos presupuestos. El Grupo Técnico Multisectorial de Cambio Climático continuará trabajando los siguientes meses para determinar cuáles son las brechas que quedan para poder cumplir el compromiso asumido por el país (reducir 30% de emisiones al 2030, 10% condicionada a apoyo financiero adicional). Además, la Ley de Cambio Climático, que será aprobada este año, fortalecerá la institucionalidad para el cumplimiento de los compromisos sectoriales que pasarán a ser obligatorios.

-En relación a las NDC, PNUD, Alemania, España y la Unión Europea lanzaron durante la COP23 un programa de apoyo a las NDC de 42 millones de euros, para ayudar a los países a cumplir con el Acuerdo de París.

Los temas que quedaron pendientes

En el tema de financiamiento no hubo el avance esperado, puesto que se esperaba mayor claridad sobre el proceso para llegar a la meta de los 100 mil millones de dólares anuales a partir del 2020. De acuerdo a Sandra Guzmán, coordinadora de GFLAC, “el financiamiento es clave para alcanzar los compromisos adoptados en el Acuerdo de París, pero aún se debe definir la manera para que el Fondo de Adaptación sea parte de este tratado”.

En relación al Fondo de Adaptación, se superó la meta del 2017 gracias a que países como Alemania y Suecia contribuyeron con 50 millones y 18 millones de euros, respectivamente. El fondo cuenta actualmente con 93 millones de dólares.

Sobre el mecanismo de pérdidas y daños se está terminando el tiempo y se cierra la ventana para poder presionar a los países desarrollados a trabajar más en este tema, dada la urgencia de brindar herramientas a los países vulnerables de recuperarse luego de eventos climáticos extremos.

Fuente: Conexión COP22.

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Columna: Nuevos valores para una transición energética justa

Chile es un país que basa su matriz eléctrica principalmente en combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). Sin embargo, por sus características geográficas, tiene grandes posibilidades de cambiar su matriz y migrar hacia energías renovables no convencionales (ERNC) entre ellas: solar, eólica, de biomasa y geotérmica. Esto es una buena noticia, ya que los combustibles fósiles son altamente contaminantes, caros, dañinos para la salud, y generan grandes volúmenes de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático.

La transición hacia las ERNC en el mundo está en marcha y con una velocidad alentadora; países como China han decidido impulsar su desarrollo en esta dirección. En Chile el cambio va más rápido de lo que se había previsto hace algunos años. Justamente a partir de esta tendencia, la Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático -plataforma compuesta por diversas organizaciones y personas de la sociedad civil- levantó la campaña: “Chile 100% ERNC al 2050”, con la convicción de que es posible llegar al 2050 con un 100% de la matriz eléctrica abastecida por ERNC, una meta más ambiciosa que la que propuso el Gobierno.

La pregunta que nos hacemos es cómo empoderar a la sociedad para poder generar una mayor motivación hacia la transición energética. En el ámbito empresarial se analizan los valuechains o cadenas de valores (o de suministro). En las comunidades de fe y grupos religiosos tomamos otro punto de partida: los value changes o cambios de valores, éticos y espirituales, necesarios para motivar otro paradigma de desarrollo, que respete los límites del planeta y que pueda transformar el individualismo, el consumismo, el afán de lucro, la avaricia y apatía, características propias del sistema socio-económico en que vivimos.

En este sentido el filósofo Riechmann ha dicho que necesitamos convicciones fuertes para poder hacer el cambio de nuestro modelo lo suficientemente rápido para salvarnos. Necesitamos gente convencida, que esté dispuesta a dedicar su vida a este fin. Desde esa perspectiva trabajamos con las comunidades de fe, porque creemos que desde nuestras narrativas espirituales podemos aportar a la generación de un cambio cultural y espiritual, necesario para que el cambio económico y tecnológico sea también  ético y humano.

Desde GreenFaith, la Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación Chile, y otras redes cristianas e interreligiosas preocupadas por el tema, estamos convencidos que es urgente el cambio que tenemos por delante y que este no puede ser exitoso si sólo trabajamos en soluciones técnicas. Una transición económica hacia otro modelo de desarrollo debe ser acompañada por un cambio más profundo, que nos re-vincule con “ser parte de la tierra” y con la convicción de que somos una sola humanidad, parte de una interdependencia con otros seres humanos y el resto de la comunidad de vida.

Desde esta perspectiva interpretamos una transición energética justa como la búsqueda de un modelo energético que no se rige solamente por principios de mercado. El Papa Francisco escribe en Laudato Si’: “En toda discusión acerca de un emprendimiento, una serie de preguntas deberían plantearse en orden de discernir si aportará a un verdadero desarrollo integral: ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién paga los costos y como lo hará?” (LS 185).

Para que una transición energética sea justa, estas preguntas son esenciales. La respuesta muchas veces parece obvia, pero no lo es. Desde organismos públicos y desde las empresas en Chile responden muchas veces que la razón es “Para que no tengamos cortes de luz, para que no importemos más energía desde Argentina, para que la minería siga funcionando, para que nuestra economía siga competitiva, porque ahora las ERNC tienen buen precio”.

Con este discurso podemos estar seguros que va a haber una transición, pero no necesariamente justa. Hasta ahora los sistemas de mercado no han creado un sistema energético justo, y es por esto que necesitamos un cambio de valores en nuestros criterios. Una transición energética sólo puede ser justa si en el para qué asumimos que el modelo energético que tenemos ahora es desigual e injusto frente a muchas comunidades, especialmente frente a mujeres y niños y a los pueblos indígenas. En el para qué tenemos que hablar de salud, genero, empleo digno, educación, y sobre todo de nuestro deseo profundo de que nosotros y las generaciones venideras pueden seguir viviendo en este planeta bajo condiciones dignas.

Por Arianne van Andel, eco-teóloga y miembro de la Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático.

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Fuente: Codex Verde.

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Coherencia ambiental de la visita del Papa Francisco

En enero de 2018 el Papa Francisco recorrerá nuestro país, visitando las ciudades de Iquique, Temuco y Santiago. Como es de suponer, esta visita necesitará un nivel de logística importante, no sólo en términos de seguridad, sino que también para poder recibir a un gran número de visitantes. Esto implicará que la organización del evento tome una serie de medidas que hagan posible la acogida de miles de personas en nuestro país.

El Papa Francisco es un líder de opinión de carácter religioso que ha promovido el cuidado de la naturaleza y la acción climática, haciendo un llamado de atención a los líderes políticos, especialmente en materia de cambio climático, de modo previo al Acuerdo de París. Basta mencionar que el calentamiento global es un fenómeno que afecta a todo el mundo, sin importar la nacionalidad, clase social o credo religioso.

El Papa Francisco ha relevado las consecuencias de la acción humana en la contaminación y destrucción del planeta, en su Encíclica Laudato Si’ (LS). Propone una conversión ecológica, acorde a los límites de nuestro planeta y atento al fenómeno del cambio climático: “La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, producción y consumo” (LS 23).

consumo desmedido es, según el Papa, una de las causas de la degradación del planeta.“Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables (…) la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería” (LS 21).

Frente a esta visita, algunas organizaciones nos sentimos preocupadas de que como la venida de un líder tan reconocido como el Papa, deje como saldo final un gran problema para el país y que sea una responsabilidad que nadie asuma. No sólo hablamos de las enormes cantidades de basura que generará cada uno de los eventos, sino que también del despliegue en contingente de seguridad que un líder de esta envergadura requiere, la cobertura comunicacional y la logística, entre otros aspectos. Todo esto implica una gran “huella de carbono” o contaminación que será generada por este inmenso despliegue, además del masivo traslado de personas que también aporta al saldo final.

La “Huella de carbono” es el rastro o equivalente en CO2 que se genera al realizar cualquier actividad. En definitiva el despliegue para esta visita tendrá una huella altísima, lo que se traduce básicamente en contaminación. En este caso creemos que sería lógico que la vista del Papa considerara ser de “emisiones cero”, pues en su Encíclica él promueve que debemos dejar de contaminar: “La acción política local puede orientarse a la modificación del consumo, al desarrollo de una economía de residuos y de reciclaje” (LS 180).

Sería lógico que el Gobierno y la Iglesia Católica se preocuparan de este tema, no solo por validar la firma y ratificación del Acuerdo de París, sino también por la coherencia en recibir a un líder que predica una fuerte ética hacia el cambio climático.

Este tema puede ser subsanado si se aplican medidas organizacionales que ayuden a contrarrestar la contaminación que se generará. Esto es lo que se denomina ser “Carbono neutral”, lo que implica que las “Emisiones” generadas puedan ser cero si se busca:

1) Reducirlas inicialmente por medidas lógicas como ocupar el transporte público, aerolíneas que contaminen menos, reducción, reutilización y reciclaje de la basura generada, entre otras.

2) Que las emisiones generadas se puedan compensar con medidas como la reforestación con especies nativas.

La Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile y Fundación Terram, somos organizaciones que están convencidas de que la Iglesia Católica, tanto como el Gobierno, tienen una tremenda oportunidad política de mostrarse coherentes con una vista “Carbono neutral” entre el discurso de nuestro visitante y el Acuerdo de París que Chile ha ratificado.

El llamado es que con el esfuerzo de todos y todas, evitemos que esta visita del Papa a Chile se convierta en un “Depósito de porquería”.

Opinión de Javiera Valencia Espinoza, Geógrafa de Fundación Terram. Fuente: Cooperativa.cl, 29 de julio de 2017.

 

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Coherencia ambiental de la visita del Papa Francisco

En enero de 2018 el Papa Francisco recorrerá nuestro país, visitando las ciudades de Iquique, Temuco y Santiago. Como es de suponer, esta visita necesitará un nivel de logística importante, no sólo en términos de seguridad, sino que también para poder recibir a un gran número de visitantes. Esto implicará que la organización del evento tome una serie de medidas que hagan posible la acogida de miles de personas en nuestro país.

El Papa Francisco es un líder de opinión de carácter religioso que ha promovido el cuidado de la naturaleza y la acción climática, haciendo un llamado de atención a los líderes políticos, especialmente en materia de cambio climático, de modo previo al Acuerdo de París. Basta mencionar que el calentamiento global es un fenómeno que afecta a todo el mundo, sin importar la nacionalidad, clase social o credo religioso.

El Papa Francisco ha relevado las consecuencias de la acción humana en la contaminación y destrucción del planeta, en su Encíclica Laudato Si’ (LS). Propone una conversión ecológica, acorde a los límites de nuestro planeta y atento al fenómeno del cambio climático: “La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, producción y consumo” (LS 23).

consumo desmedido es, según el Papa, una de las causas de la degradación del planeta.“Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables (…) la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería” (LS 21).

Frente a esta visita, algunas organizaciones nos sentimos preocupadas de que como la venida de un líder tan reconocido como el Papa, deje como saldo final un gran problema para el país y que sea una responsabilidad que nadie asuma. No sólo hablamos de las enormes cantidades de basura que generará cada uno de los eventos, sino que también del despliegue en contingente de seguridad que un líder de esta envergadura requiere, la cobertura comunicacional y la logística, entre otros aspectos. Todo esto implica una gran “huella de carbono” o contaminación que será generada por este inmenso despliegue, además del masivo traslado de personas que también aporta al saldo final.

La “Huella de carbono” es el rastro o equivalente en CO2 que se genera al realizar cualquier actividad. En definitiva el despliegue para esta visita tendrá una huella altísima, lo que se traduce básicamente en contaminación. En este caso creemos que sería lógico que la vista del Papa considerara ser de “emisiones cero”, pues en su Encíclica él promueve que debemos dejar de contaminar: “La acción política local puede orientarse a la modificación del consumo, al desarrollo de una economía de residuos y de reciclaje” (LS 180).

Sería lógico que el Gobierno y la Iglesia Católica se preocuparan de este tema, no solo por validar la firma y ratificación del Acuerdo de París, sino también por la coherencia en recibir a un líder que predica una fuerte ética hacia el cambio climático.

Este tema puede ser subsanado si se aplican medidas organizacionales que ayuden a contrarrestar la contaminación que se generará. Esto es lo que se denomina ser “Carbono neutral”, lo que implica que las “Emisiones” generadas puedan ser cero si se busca:

1) Reducirlas inicialmente por medidas lógicas como ocupar el transporte público, aerolíneas que contaminen menos, reducción, reutilización y reciclaje de la basura generada, entre otras.

2) Que las emisiones generadas se puedan compensar con medidas como la reforestación con especies nativas.

La Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile y Fundación Terram, somos organizaciones que están convencidas de que la Iglesia Católica, tanto como el Gobierno, tienen una tremenda oportunidad política de mostrarse coherentes con una vista “Carbono neutral” entre el discurso de nuestro visitante y el Acuerdo de París que Chile ha ratificado.

El llamado es que con el esfuerzo de todos y todas, evitemos que esta visita del Papa a Chile se convierta en un “Depósito de porquería”.

Javiera Valencia – Geógrafa Fundación Terram

Columnas de Opinión

No da lo mismo cualquier energía: 100% ERNC al 2050

Usamos la energía para distintas actividades y sin ella es poco lo que podríamos realizar en el mundo moderno, sin embargo pagamos un costo que no aparece en nuestra cuenta bancaria: el de la destrucción de nuestra salud y medio ambiente. No toda la energía es igual.

El 90% de nuestra matriz energética está basada en quemar carbón, petróleo, leña y gas, lo que genera cerca de un 80% de gases efecto invernadero. Uno de los combustibles fósiles más contaminantes de la lista es el carbón, y cabe señalar que en Chile, del año 2008 al 2015, casi duplicamos la cantidad de carbón que utilizamos en generar energía.

Ya lo decía en el año 2006, ante 130 empresas eléctricas en Nueva York, la ex ministra de Energía y Minería, Karen Poniachik: “El costo de no tener energía es mayor al del cualquier otro“, haciendo alusión a que existe un compromiso gubernamental explícito por sacar adelante los proyectos de generación eléctrica, incluso con los costos ambientales que traigan aparejados y los altos precios que puedan significar.

De esta forma, se justificó aplicar una política obsoleta para carbonizar la matriz energética del país, ingresando entre los años 2006 y 2010 un total de 22 proyectos termoeléctricos, distribuidos en siete regiones, con la finalidad de construir 45 termoeléctricas a carbón y petcoke, como lo informaba el SEIA el 2008. Durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, los proyectos votados por la entonces Corporación Regional de Medio Ambiente (Corema) -en su totalidad- obtuvieron aprobación en su proceso evaluación ambiental.

Un ejemplo de esta política sin escrúpulos fue la aprobación de la construcción de una cuarta termoeléctrica en la localidad de Ventanas-Puchuncaví, de la empresa norteamericana AES Gener, en una zona donde el instrumento de ordenamiento territorial permite solo áreas verdes. Victo bueno que fue rechazado por la Contraloría y la Corte  Suprema, no obstante, en diciembre de 2009, bajo la administración de Bachelet, se aprobó el decreto que permitió burlar el fallo del máximo tribunal y finalmente construir la termoeléctrica Campiche.

Los altos costos socioambientales de este proyecto siguen siendo pagados por los habitantes de Puchuncaví y Quintero, así como de las demás zonas de sacrificio del país, que se han visto invadidas por la instalación de proyectos termoeléctricos a carbón, como Mejillones, Tocopilla, Huasco y Coronel, territorios abandonados por un Estado indolente y sucesivos gobiernos sin voluntad política para cambiar esta funesta realidad.

Es por ello que la necesidad de que el país se abastezca de energía mayoritariamente mediante Energías Renovables No Convencionales (ERNC), teniendo las máximas ventajas geográficas posibles para construir ese rumbo, es un deber ético y político del Estado y sus gobiernos, que no pueden seguir subvencionando proyectos nocivos para la salud de miles de personas y destructor de ecosistemas. El apoyar y concientizar a la ciudadanía para que Chile llegue a la meta de tener un 100% de ERNC al año 2050, como lo enarbola la campaña de la Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático, es la alternativa que impulsamos desde las organizaciones de la sociedad civil y a la que invitamos a adherir. Porque no da lo mismo cualquier energía.

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¿Por qué es posible 100% de Energía Renovable No Convencional al 2050?

Las energías limpias eran tildadas de utópicas hace pocos años atrás. Basta con recordar la discusión que se generó con el mega proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, cuando mencionábamos las energías renovables no convencionales (ENRC) como alternativas a la supuesta demanda energética en el año 2008.

Con el paso del tiempo, su nivel de competitividad ha aumentado, bajando sus valores al punto que en enero de este año Bloomberg indicó que mundialmente la energía solar es la forma más barata de producir electricidad, compitiendo directamente con combustibles fósiles (gas y carbón), incluso llegando a ser más económica que la energía eólica.

Las energías sucias generan muchas externalidades negativas: con sus emisiones producen gases efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, causan enfermedades producto de la contaminación, además destruyen ecosistemas, generan escasos y precarios puestos de trabajo, empeoran la calidad de vida a miles de millones de personas a nivel mundial.

Se estima que el carbón es responsable de un cuarto de las emisiones de gases efecto invernadero en el mundo, problema que actualmente tiene a la comunidad científica y a Naciones Unidas en la línea de limitar dichas emisiones para evitar que el cambio climático siga generando estragos, pues las pérdidas económicas, sociales y ambientales son cuantiosas.

En Chile, nuestra matriz eléctrica tiene una capacidad instalada de un 56% de energías sucias (petróleo, gas, carbón, a diciembre de 2016), donde el sector energía aporta con el 77,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero nacional. Destaca, entre ellas, particularmente el uso del carbón -que está asociado a las Zonas de Sacrificio-, ya que no tiene regulación alguna porque no es considerado combustible. Lo que llega a sonar irónico, teniendo en cuenta que Chile ya firmó y ratificó el compromiso climático internacional llamado “Acuerdo de París”, que busca limitar el aumento de temperatura del planeta en 1,5 grados, en que eliminar las energías sucias es parte de la solución.

El gobierno, de manera conservadora, indica en su política energética que el objetivo es tener una matriz eléctrica compuesta de energías renovables en un 70% para el año 2050 (esto incluye hidroelectricidad a toda escala). Incluso, desde el sector empresarial califican  esta cifra como conservadora, ya que afirman que es técnicamente posible alcanzar el 100% de energías limpias al 2050, si existiese voluntad política para ello.

En ese sentido, desde la Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático, estamos convencidos que aspirar a tener una matriz eléctrica 100% de ERNC es a lo que nuestro país debe realizar y estar en línea con el Acuerdo de París.

Las ERNC ya ocupan un 18% de la capacidad instalada de Chile (cuando en el año 2006 era solo un 1%). Abandonar las energías sucias está en la línea de los países desarrollados a los cuales nos gusta admirar, en el mismo sentido de avanzar con la eficiencia energética y electrificación de sectores, como transporte y calefacción. No tener una matriz limpia es consecuencia de falta de voluntad política en un país donde el potencial eléctrico en ERNC es reconocido a nivel mundial y donde la factibilidad técnica y viabilidad económica hoy lo permiten.

El cambio climático ya es una realidad palpable por todos, con las sequías, aluviones, pérdidas de cosechas, aumento del nivel del mar, por mencionar solo algunos efectos que se traducen en pérdidas económicas muy grandes para los Estados y los grupos humanos más vulnerables. Por ello, contrarrestarlo, pasa por aumentar la ambición de la política pública, la que además influye en que los ciudadanos estemos más informados para impulsar esos cambios.