“Chile necesita urgente una Ley Marco de Cambio Climático”, ese fue siempre el mensaje que la Mesa Ciudadana frente al Cambio Climático todas las veces que participó de actividades públicas o fue invitada al Congreso Nacional en el contexto de la tramitación legislativa del entonces Proyecto de Ley que fija la Ley Marco de Cambio Climático (Boletín N° 13191-12). La iniciativa ingresó al Parlamento en enero de 2020, y terminó su tramitación legislativa en marzo de 2022. Dos años y dos meses aproximadamente de arduo trabajo legislativo, audiencias y debates que terminó con una institucionalidad y gobernanza para el cambio climático. Hoy sólo estaría faltando su promulgación por parte del Ejecutivo, para que luego comience la elaboración de reglamentos e implementación que esperamos que contribuya al logro de las metas de carbono neutralidad al 2030 (intermedia) y 2050.
Independiente del trámite “administrativo” y de la promulgación faltante, se podría decir que Chile ya cuenta con una Ley Marco de Cambio Climático, y la pregunta de fondo es cómo esta Ley será implementada, ya que de seguro será uno de los más grandes desafíos del programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric. ¿Por qué? La implementación de esta Ley efectivamente está muy relacionada con los compromisos y cumplimiento de metas para alcanzar la carbono neutralidad al 2050. De hecho, existió casi al final de la tramitación legislativa un acalorado debate respecto a si era necesario adelantar las metas del 2050 al 2040, donde se enfrentaron posturas distintas entre la urgencia de aplicar la ley versus la no existencia de evidencia científica que permitiera justificar su adelanto. El problema es que el cambio climático dejó de ser solo un relato y hoy está afectando gravemente a todo el territorio nacional y, por lo tanto, de no realizar una fuerte inyección de recursos público privados, nacional e internacionales, el compromiso intermedio al 2030 pareciera que no se va a poder cumplir, y por ende la famosa meta de la carbono neutralidad al 2050 podría darse por perdida.
Según Carbon Monitor, las emisiones de CO2 aumentaron en un 4,8 % en 2021 respecto del 2020, alcanzando las 34,9 giga toneladas de dióxido de carbono. En algún momento, se pensó que el efecto de la pandemia haría que disminuyeran los gases de efecto invernadero (GEI) como ocurrió entre el 2019 y 2020, pero lamentablemente esto no ocurrió. Las emisiones de 2021 consumieron el 8,7 % del presupuesto de carbono restante para limitar el calentamiento antropogénico a 1,5 °C, que si continúan las trayectorias actuales, podría agotarse en 9,5 años con un 67% de probabilidad. Las emisiones de gas metano (CH4), un contaminante de corta duración con un impacto comparativo mayor que el CO2, también exhibieron cambios sustanciales. Al igual que el CO2, las emisiones de metano relacionadas con los combustibles fósiles cayeron un 5,7 % entre 2019 y 2020, pero luego se recuperaron un 3,7 % en 2021 debido al aumento de la demanda de gas natural y otros combustibles fósiles. Dicho de otro modo, si las partes o países comprometidos con la acción climática estuvieran en camino de lograr cumplir con sus Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés), las emisiones globales de GEI aún no han alcanzado su punto máximo. Por lo tanto, se necesitan acciones de reducción de emisiones más costosas y agresivas para frenar la tendencia de crecimiento de las emisiones y contribuir al logro de 1,5 °C, o al menos 2 °C, acorde a los objetivos del Acuerdo de París.
Por ello, uno de los aspectos más preocupantes para la implementación de la Ley recién aprobada por el Parlamento son los escasos recursos asignados. El costo de inversión que el gobierno anterior señaló a través del Ministerio de Medio Ambiente para enfrentar la mitigación y cumplir con las metas al 2050 en la NDC de Chile es de US$ 50 mil millones en 30 años. Por otro lado, el informe financiero que acompañó toda la tramitación legislativa del proyecto de Ley Marco de Cambio Climático indicaba que su gasto transitorio, es decir, aquellos destinados para la elaboración de los planes y estrategias durante los primeros tres años, es de $5.764.000.000; y que su gasto en régimen, dígase los gastos permanentes anuales y los transitorios futuros para la revisión y re-elaboración de los planes y estrategias es de $3.414.244.000. Resulta evidente que lo consignado en el presupuesto de la Ley Marco de Cambio climático es totalmente insuficiente para los desafíos y urgencias que debe enfrentar el país. Por ejemplo, una de las comunas más afectadas por los efectos del calentamiento global y escasez hídrica, como la comuna de Petorca en la Región de Valparaíso, según el Balance de Ejecución Presupuestaria de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en 2020 tuvo un gasto municipal de $4.680.208.000. Es decir, el gasto de un sólo municipio de Chile es un 23% menor que el gasto transitorio y un 27% mayor que el gasto en régimen destinado a la Ley Marco de Cambio Climático para todo Chile. Suena iluso y extremadamente desafiante, por decirlo menos, la implementación de la Ley.
Por lo tanto, esperamos que el compromiso establecido en el programa de gobierno del Presidente Boric respecto de Cambio Climático y Agua, sea adecuadamente traducido en la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático que desarrollará la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas, para que podamos decir al término del gobierno que la Ley se ha puesto en marcha correctamente. Pero para aquello, aparte de implementar y potenciar los mecanismos económicos y financieros establecidos en la propia Ley, es necesario desarrollar todas las capacidades, recursos, cooperaciones desde el propio Estado y de apoyos público-privados que permitan dar operatividad a la Ley. De lo contrario, puede que tengamos una Ley Marco de Cambio Climático de papel, que esté llena de buenas voluntades pero que es incapaz de cumplir su objetivo y metas.
Rodrigo Patricio Herrera Jeno, Secretario Ejecutivo de la Mesa Ciudadana frente al Cambio Climático
