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Columnas de Opinión

¿Qué le pasa a este gobierno que posterga la firma del Acuerdo de Escazú?

Opinión de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram. 

Esta semana a través de información de prensa nos hemos enterado que el gobierno de Chile ha decido postergar la suscripción de nuestro país en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, también conocido como Acuerdo de Escazú. El origen de este, se remonta a la Cumbre de Rio del año 1992 y particularmente al Principio 10 de la Declaración de Rio, pero debieron pasar muchos años antes de que esto se comenzara a fraguar efectivamente en un convenio regional.

Para que se entienda bien, Escazú es un acuerdo cuyas negociaciones se inician el año 2012, durante el primer gobierno de Piñera y que ha sido promovido por el Estado de Chile, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y ha contado con el apoyo de CEPAL. El texto final de este convenio se aprobó en marzo de 2018 por todos los participantes, 24 países, incluido Chile. En dicha ocasión se definió que la apertura para su firma seria el día 27 de septiembre durante la Asamblea General de Naciones Unidas.

Pero no es solo eso, Chile presidio la etapa preparatoria y se la jugó por involucrar a otros países de Latinoamérica, constituyéndose en líder regional. Nunca antes nuestro país había liderado un proceso de esta naturaleza, por lo cual la decisión anunciada por el gobierno nos deja en una posición compleja. Es más, en junio de este año en un comunicado oficial conjunto realizado por los gobiernos de Costa Rica que tiene la Presidencia y Chile que tiene la Vicepresidencia invitaron a los países a suscribirlo.

Además, este es el primer acuerdo regional en materia ambiental, lo cual tiene una enorme importancia para Latinoamérica y el Caribe, pues es un instrumento jurídico en el cual se establece que los estados deben implementar estándares adecuados para asegurar los derechos acceso de las personas en materia ambiental.  Estos derechos de acceso son:  el derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, en el acuerdo se establecen principios que guiaran su implementación, como: a) principio de igualdad y principio de no discriminación; b) principio de transparencia y principio de rendición de cuentas; c) principio de no regresión y principio de progresividad; d) principio de buena fe; e) principio preventivo; f) principio precautorio; g) principio de equidad intergeneracional; h) principio de máxima publicidad.

Por ello, el solo anuncio de que el Gobierno de Chile no suscribirá el Acuerdo de Escazú en la fecha comprometida puede tener enormes costos para la política regional y mundial de nuestro país. Hasta ahora no existen razones claras de la decisión adoptada por Chile, pero lo que sí está claro es que el prestigio de nuestro país, ese del cual tanto le gusta sentirse orgullosas a muchas autoridades, se verá dañado.

Mientras esto sucede en Nueva York, en Chile y más precisamente en la Bahía de Quintero que comprende las comunas de Quintero y Puchuncaví, desde hace más de un mes que se repiten cada semana intoxicaciones masivas que afectan a los habitantes de diversos poblados de la zona. Esto sin que hasta ahora las autoridades sanitarias y/o ambientales hayan podido determinar las causas que están ocasionando estos hechos. Lo cierto es que la situación se torna cada vez más dramática, las personas de estas localidades deben afrontar la llegada de cada nuevo día con angustia y temor; a los habitantes de esta llamada Zona de Sacrificio se les está vulnerando el derecho a vivir en un medio ambiente sano y el derecho a la salud.

Lo que cabe preguntarse aquí es qué le pasa a este gobierno que no está siendo capaz de cumplir con los compromisos adquiridos como Estado a nivel internacional y tampoco pareciera estar capaz de buscar soluciones reales a la situación de la Bahía de Quintero.

¿Estos hechos son constitutivos de desafortunadas coincidencias, falta de capacidad o de información? o lo que es más preocupante aún ¿son las políticas ambientales de este gobierno? Esperamos que el presidente Piñera reconsidere su decisión y firme el Acuerdo de Escazú ahora.

Fuente: El Mostrador. 27 de septiembre de 2018.

Noticias

Acuerdo de Escazú: El tratado que facilita el acceso a la justicia ambiental cuya firma Chile pospuso

Tras cuatro años de negociaciones iniciadas en Santiago, 24 países de América Latina y el Caribe firmarían el tratado en la Asamblea de las Naciones Unidas. Chile, por decisión de Cancillería, se restó de hacerlo.

La polémica se puede resumir en las declaraciones de la presidenta de la comisión de Medio Ambiente del Senado, Isabel Allende (PS): «Fue un trabajo muy intenso y de muchos países», «me parece lamentable que a este Gobierno (…) se le ocurra suspenderlo» y «es una pésima señal considerando lo dramático que se está viviendo una vez más en Quintero y Puchuncaví».

Se trató de su reacción al anuncio entregado por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien informó este martes que Chile decidió postergar la firma del Tratado de Escazú, un acuerdo que apunta a mejorar el acceso a la información, a la justicia y la participación pública en materia ambiental en países de América Latina y el Caribe.

Si bien Chile participó del proceso durante los seis años de preparación y negociaciones, y tenía en agenda firmar el tratado durante la Asamblea de las Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York, finalmente pospuso la decisión. Se trató, según Schmidt, de una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La firma, que se realizará este jueves 27 de septiembre, era esperada por las comunidades de defensa del medio ambiente, debido a que el tratado permitiría que la comunidad tuviera mayor participación en la evaluación ambiental de proyectos empresariales. Por eso, entre otras razones, los dirigentes lamentan el retraso en sumarse al acuerdo internacional.

El tratado

Tras una extensa ronda de negociaciones, los 24 países firmantes llegaron a un acuerdo sobre la redacción del tratado hace seis meses en Escazú, Costa Rica. El documento se propuso elevar los estándares con los que se resuelven hasta hoy los asuntos medioambientales en territorios habitados por comunidades.

El acuerdo busca dar cobertura a tres derechos, siendo el primero el de acceder a la información. Esto incluye el derecho del público de tener acceso a la información ambiental y la obligación de las partes de mantener sistemas actualizados para entregarla, que estén disponibles de forma progresiva.

El segundo es el de la participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales, que garantiza mecanismos de participación en proyectos que puedan tener impacto negativo sobre el medio ambiente.

Eso incluye participación ciudadana directa y temprana, 18 meses antes de que las empresas presentes sus estudios de impacto ambiental. Por último, se consagra el acceso a la justicia ambiental, que se refiere al acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir decisiones u omisiones que puedan afectar el ambiente.

Además, establece medidas de protección para los defensores medioambientales y compromete a los países a desarrollarlas. Adicionalmente, los países signatarios serán supervisados por la Cepal, a quien deben emitir informes. Todo lo estipulado en el tratado sería convertido en ley vigente en Chile luego de firmar la normativa y que esta fuera ratificada por el Congreso Nacional.

Una negociación con sede en Chile

El inicio de las conversaciones que desembocaron en el acuerdo se puede rastrear hasta el año 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, donde los países de la región suscribieron a la Declaración sobre la aplicación del Principio 10.

Después de dos años de reuniones preparatorias y de otros cuatro de sesiones del Comité de Negociación, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe se adoptó en Escazú, Costa Rica, el pasado 4 de marzo de 2018. Su firma se realizaría esta semana.

Durante la etapa de negociación, desarrollada entre 2014 y 2018, Chile tuvo un rol importante. La llamada «Decisión de Santiago», adoptada a fines de 2014, fue la instancia donde los países firmantes iniciaron formalmente la negociación del acuerdo regional, con el apoyo de la Cepal como secretaría técnica.

En dicha oportunidad se creó un comité de negociación, compuesto por 24 países, y se constituyó una mesa directiva, copresidida por Chile y Costa Rica. De las nueve reuniones sostenidas de manera presencial y virtual, tres tuvieron como sede la capital chilena.

Fuente: Emol. 26 de septiembre de 2018.