Tras cuatro años de negociaciones iniciadas en Santiago, 24 países de América Latina y el Caribe firmarían el tratado en la Asamblea de las Naciones Unidas. Chile, por decisión de Cancillería, se restó de hacerlo.

La polémica se puede resumir en las declaraciones de la presidenta de la comisión de Medio Ambiente del Senado, Isabel Allende (PS): “Fue un trabajo muy intenso y de muchos países”, “me parece lamentable que a este Gobierno (…) se le ocurra suspenderlo” y “es una pésima señal considerando lo dramático que se está viviendo una vez más en Quintero y Puchuncaví”.

Se trató de su reacción al anuncio entregado por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, quien informó este martes que Chile decidió postergar la firma del Tratado de Escazú, un acuerdo que apunta a mejorar el acceso a la información, a la justicia y la participación pública en materia ambiental en países de América Latina y el Caribe.

Si bien Chile participó del proceso durante los seis años de preparación y negociaciones, y tenía en agenda firmar el tratado durante la Asamblea de las Naciones Unidas que se desarrolla en Nueva York, finalmente pospuso la decisión. Se trató, según Schmidt, de una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La firma, que se realizará este jueves 27 de septiembre, era esperada por las comunidades de defensa del medio ambiente, debido a que el tratado permitiría que la comunidad tuviera mayor participación en la evaluación ambiental de proyectos empresariales. Por eso, entre otras razones, los dirigentes lamentan el retraso en sumarse al acuerdo internacional.

El tratado

Tras una extensa ronda de negociaciones, los 24 países firmantes llegaron a un acuerdo sobre la redacción del tratado hace seis meses en Escazú, Costa Rica. El documento se propuso elevar los estándares con los que se resuelven hasta hoy los asuntos medioambientales en territorios habitados por comunidades.

El acuerdo busca dar cobertura a tres derechos, siendo el primero el de acceder a la información. Esto incluye el derecho del público de tener acceso a la información ambiental y la obligación de las partes de mantener sistemas actualizados para entregarla, que estén disponibles de forma progresiva.

El segundo es el de la participación pública de los procesos de toma de decisiones ambientales, que garantiza mecanismos de participación en proyectos que puedan tener impacto negativo sobre el medio ambiente.

Eso incluye participación ciudadana directa y temprana, 18 meses antes de que las empresas presentes sus estudios de impacto ambiental. Por último, se consagra el acceso a la justicia ambiental, que se refiere al acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir decisiones u omisiones que puedan afectar el ambiente.

Además, establece medidas de protección para los defensores medioambientales y compromete a los países a desarrollarlas. Adicionalmente, los países signatarios serán supervisados por la Cepal, a quien deben emitir informes. Todo lo estipulado en el tratado sería convertido en ley vigente en Chile luego de firmar la normativa y que esta fuera ratificada por el Congreso Nacional.

Una negociación con sede en Chile

El inicio de las conversaciones que desembocaron en el acuerdo se puede rastrear hasta el año 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, donde los países de la región suscribieron a la Declaración sobre la aplicación del Principio 10.

Después de dos años de reuniones preparatorias y de otros cuatro de sesiones del Comité de Negociación, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe se adoptó en Escazú, Costa Rica, el pasado 4 de marzo de 2018. Su firma se realizaría esta semana.

Durante la etapa de negociación, desarrollada entre 2014 y 2018, Chile tuvo un rol importante. La llamada “Decisión de Santiago”, adoptada a fines de 2014, fue la instancia donde los países firmantes iniciaron formalmente la negociación del acuerdo regional, con el apoyo de la Cepal como secretaría técnica.

En dicha oportunidad se creó un comité de negociación, compuesto por 24 países, y se constituyó una mesa directiva, copresidida por Chile y Costa Rica. De las nueve reuniones sostenidas de manera presencial y virtual, tres tuvieron como sede la capital chilena.

Fuente: Emol. 26 de septiembre de 2018.