La discusión internacional sobre cómo enfrentar el cambio climático y la degradación ambiental, puede empujar a la Convención Constitucional a elevar los estándares de las normas sobre estas materias que se incluyan en la propuesta para una nueva Carta Magna. Se trata de incorporar principios discutidos en la reciente cita de Glasgow y en concordancia con acuerdos internacionales como Escazú, que garantizan la implementación plena de los derechos de acceso a información ambiental y participación pública en la toma de decisiones, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a un desarrollo sostenible. Fuente: Ciper, 24 de diciembre de 2021.