Una vez más los resultados de las negociaciones internacionales del clima no están a la altura de la urgencia y desafíos que nos plantea el cambio climático. A pesar del esfuerzo asumido por la presidencia de la COP20, después de 14 días de intensas negociaciones, la “Llamada de Lima a la Acción Climática” no logró sentar las bases de lo que debiera ser el nuevo Acuerdo Climático que se espera firmar el 2015 en París: un Acuerdo ambicioso, vinculante, justo y equitativo, en que participen todos los países, que permita mantener el incremento de la temperatura media del planeta por debajo de los 2°C para evitar así una catástrofe climática sin precedentes en la historia de la humanidad.

Principales resultados

Entre los principales resultados de la COP20 en Lima destacan:

  1. El que las naciones concluyeran con la elaboración de los elementos del nuevo acuerdo de Cambio Climático, y acordarán las reglas básicas sobre cómo los países comunicarán sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (INDC) a la Secretaría de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Estas Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDCs, por sus siglas en inglés) serán los cimientos de la acción climática posterior a 2020, cuando debe entrar en vigor el nuevo acuerdo climático. No obstante, el texto de Lima sólo invita a las partes a presentar sus contribuciones hasta el mes de marzo de 2015, sin perseguir un objetivo de reducción ambicioso pues, hasta ahora, las contribuciones se han planteado en términos voluntarios y no vinculantes. El tema de equidad, responsabilidades históricas, tampoco parece reflejarse en lo que será estas contribuciones nacionales.
  2. En relación al financiamiento, los países desarrollados bloquearon cualquier inclusión de este tema en la decisión de la Plataforma de Durban (ADP) que contribuyera a ambiciosas Contribuciones Nacionales. El Fondo Verde para el Clima incrementó su capitalización y superó la cifra de US$ 10,200 millones. Sin embargo, no se tiene claridad sobre cómo es que los países alcanzarán la movilización de 100 mil millones de USD anuales a partir de 2020, para garantizar el financiamiento de largo plazo. También se aprobaron otras nueve decisiones sobre las finanzas climáticas. En Lima, el Fondo de Adaptación del Protocolo de Kioto, recibió un salvavidas de último minuto gracias al aporte de 55 millones de euros anunciados por Alemania, pero esto resulta insuficiente en términos de las necesidades de adaptación de los países. En definitiva, el discurso de Lima sobre financiación climática no ha hecho nada para la construcción de una arquitectura financiera robusta en el régimen post-2020.
  3. En relación a pérdidas y daños la “Llamada de Lima a la Acción Climática” sólo recuerda la decisión del año pasado para establecer el “Mecanismo de Varsovia sobre pérdidas y daño”, pero no avanza en tratar el tema de pérdidas y daños separado de adaptación en el acuerdo de París, ni reconoce la necesidad de financiación adicional para el mismo. En Lima, el Mecanismo de Varsovia sólo avanzó en el ámbito técnico, con la aprobación de un plan de trabajo inicial de dos años, y la composición de su comité ejecutivo.
  4. Respecto a las contribuciones nacionales, se estableció un periodo de evaluación para saber cuál es el “nivel de ambición” de cada país en la reducción de sus emisiones.
  5. Se consignó el principio de responsabilidades comunes pero diferencias para allanar el camino de Lima a París.
  6. Se definió el mecanismo para incrementar la ambición en los objetivos de mitigación antes del 2020, fecha en la que entra en vigencia los acuerdos a aprobarse en la COP 21.
  7. Se incorporaron menciones especiales al rol de la mujer en la lucha contra el cambio climático, a la salud y se fortaleció el mecanismo REDD+ para los bosques.

Para mayores detalles, ver  documento análisis FHBS versión inglés

 América Latina: Los desafíos de una región vulnerable

En contraste con los resultados de las negociaciones, albergar la COP20, permitió a América Latina y el Caribe dar una mayor relevancia política a la problemática del cambio climático a nivel regional. De a poco los países de la región han ido asumiendo un liderazgo, tanto a nivel internacional como nacional, con acciones decididas para hacer frente al cambio climático. Anuncios como: el incremento de las energías renovables, reducción de emisiones provenientes de los bosques, preparación para hacer frente a los impactos climáticos, contribución a la capitalización del Fondo Verde por el Clima, con sus propios recursos y el apoyo de otros países, son sólo algunos ejemplos de los pasos que América Latina y el Caribe está tomando. No obstante, la urgencia y los desafíos pendientes en la región siguen siendo importantes.

En este escenario, tomando en consideración los resultados expuestos y la historia del proceso de negociaciones bajo el alero de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), América Latina y el Caribe no debiera apostar sólo a este proceso en la búsqueda de soluciones para hacer frente a los desafíos del cambio climático, los que no pueden esperar, ni quedar anclada a sus resultados, ni a la firma del nuevo acuerdo el 2015. Su gran diversidad geográfica, biológica y sociocultural; y su economía altamente dependiente de sus recursos naturales, la hacen una región muy vulnerable al cambio climático.

De ahí se desprende el imperativo ético y práctico de avanzar en respuestas al cambio climático que no queden atrapadas en la discusión sobre recursos, financiamiento y responsabilidades que se da en el marco de las negociaciones internacionales. Es evidente que la región no puede, ni debe, responder por si sola al cambio climático, primero, porque no es un gran contribuyente en término de emisiones (9% de total mundial) y se requiere la confluencia de los mayores emisores, para reducir eficazmente las emisiones, y, segundo, porque hacen falta recursos para lograrlo que no siempre están disponibles para afrontar esta demanda, en comparación con otras prioridades; pero la inacción, so pretexto de las responsabilidades históricas, puede ocasionar pérdidas sociales, ambientales, en biodiversidad, económicas, significativas, algunas de ellas irreversibles, para la región. La prioridad de América Latina y el Caribe es sobre todo, adaptarse, con o sin la anuencia de todos los países y, tal como hemos visto, demorar esa respuesta será cada vez más costoso[1].

La acción debe venir desde distintos niveles. El nivel más amplio es el global, lo que obliga a buscar espacios de acuerdo intrarregional para alcanzar niveles de agregación de demandas comunes, para ser presentadas desde el bloque regional. Pero también hay que construir respuestas locales, nacionales y regionales que pasan por avanzar hacia la transformación de su estrategia de desarrollo, desde la extracción y explotación intensiva de recursos naturales con alta emisiones, hacia la construcción de una nueva sociedad, estilo de vida y modelo productivo, que revalorice sus recursos naturales, sea menos dependiente de los combustibles fósiles, más inclusivo y resiliente al cambio climático.

Esta transformación necesariamente implica un nuevo marco político e institucional que permita abordar las presiones directas e indirectas respecto del sistema climático. Las primeras, referidas a la regulación ambiental propiamente tal considerando, por ejemplo, normas de emisiones; las segundas, en cambio, son las más complejas, porque implican abordar en su plenitud los sistemas productivos y estilos de vida. Dicho de otra forma, no bastará con tener mejores y más exigentes normas de control y reducción de emisiones si no se aborda la integralidad de los enfoques productivos. Es por ello que lo central será la búsqueda de coherencia interna de la política climática y económica. Para ello se requiere la adopción de legislación climática, de políticas y acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, así como la redefinición de las políticas económicas, energéticas, de infraestructura, agraria, de transporte, hídrica, entre otras, considerando como uno de sus ejes estructurante la nueva política climática.

Pero a su vez, una nueva política climática debe estar conectada con los otros aspectos de la política social, es decir, seguir avanzando en: la reducción de la pobreza y desigualdad; el respeto y la defensa de los derechos humanos; la profundización de la democracia y los espacios de participación; la protección de los bienes naturales, el medioambiente y la biodiversidad, entre otros temas relevantes para la región.

 América Latina y el Caribe tienen que avanzar hacia la construcción de una propuesta de un modelo de desarrollo alternativo, que agregue valor al inmenso potencial de uso responsable de los abundantes recursos naturales existentes en la región, en lugar de la extracción y exportación de estos recursos comocommodities, que lleva a la reprimarización de sus economías. La Región, además, debe avanzar en la construcción de una nueva gobernanza democrática en términos generales, y específicamente de recursos naturales que no sólo permita administrarlos mejor y reducir la conflictividad en torno a ellos, sino que además requiere darles un sentido de futuro.

El desafío, no menor, es sumar e integrar complejidades políticas con niveles de acción a distintas escalas geográficas y temporales.

Camino a París, la región de América Latina y el Caribe, debiera profundizar el diálogo y la integración regional, impulsado por Chile y Brasil durante el 2014, que dio como resultado tener a toda la región en una misma Declaración bajo el paraguas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (ver declaración). Este es un gran paso, considerado que en 20 años de negociación América Latina y del Caribe (ALC) no ha sido capaz de levantar una sola voz en las negociaciones internacionales de cambio climático. La diversidad de sus economías y sociedades, las diferencias en la vulnerabilidad de las naciones y las emisiones, las diversas posiciones ideológicas, y los miembros de los diversos grupos regionales e internacionales, han impulsado posturas muy divergentes frente al cambio climático, imposibilitando que la región se constituyera como un único bloque negociador o se presentara coordinadamente frente al proceso de negociaciones internacionales para el cambio climático. Hacia París la historia puede ser otra.

 Paola Vasconi Reca

[1] Según, CEPAL 2014, a América Latina el cambio climático ya le cuesta entre el 1,5% y el 5% de su PBI.

Ver CEPAL: “The economics of climate change in Latin America and the Caribbean: paradoxes and challenges”. Santiago de Chile, 2014