Fondos de emergencia han aumentado 28 veces en los últimos 4 años. Mientras en el sector privado hay preocupación por la propuesta del Gobierno para eliminar el derecho de propiedad sobre el uso del agua, otros plantean que es urgente adoptar medidas para enfrentar la escasez estructural del recurso.

Según los expertos, el cambio climático llegó para quedarse, y Chile, junto con países de Centroamérica, la costa oeste de Estados Unidos, Corea, Filipinas y numerosos estados del centro de África, se encuentra entre los más afectados del planeta.

El delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo Ruiz, dice que «mientras los chilenos abran la llave y vean que sale agua, no tomarán conciencia de la magnitud del problema».

Mientras tanto, en los últimos cuatro años, el Gobierno se ha visto obligado a declarar en emergencia hídrica a más de un centenar de comunas (de manera temporal o rotativa) y aumentar en 28 veces los fondos para financiar los cientos de camiones aljibe que diariamente reparten agua potable en las regiones más amagadas por la sequía. De $1.000 millones que se gastaban en 2010 en esta actividad, el año pasado el Estado tuvo que desembolsar $28.000 millones, detalló Ruiz.

En lo que va corrido de este año, el Gobierno ha renovado el estado de emergencia hídrica para 40 comunas ubicadas entre las regiones de Atacama y Quinta. «Incluso, hasta en Aysén hemos tenido que emprender programas especiales para repartir agua en los puntos más críticos», sentenció Ruiz, quien es uno de los autores de las medidas de corto y mediano plazo que anunció el Gobierno en marzo pasado, para enfrentar el quinto año de sequía consecutivo que afecta a Chile.

Ruiz también, uno de los impulsores del proyecto de ley que propone reformar el Código de Aguas, entre cuyos principales objetivos está declarar a este recurso como un bien de uso público, quitándoles el actual estatus de propiedad privada a los derechos de usufructo que les han sido otorgados a quienes solicitaron acceso al vital elemento.

De manera complementaria, el gobierno de Michelle Bachelet también se propuso legislar para proteger las reservas de agua contenidas en los glaciares enclavados en la cordillera de los Andes. De legislarse en este ámbito, el sector productivo más afectado sería el minero, aunque por ahora ha estado prescindiendo del uso de aquellas reservas, «por razones ecológicas».

Según la gerente de Investigación y Desarrollo de Sonami (Sociedad Nacional de Minería), María Cristina Betancour, aunque en las zonas en que se desarrolla la minería parte importante de los glaciares presentan escaso aporte hídrico, frente a este tema es necesario evaluar la situación caso a caso. Añade que lo que se decida respecto de los glaciares «compromete no sólo el desarrollo minero, sino el desarrollo económico y social del país».

Cambios en discusión

Sin embargo, reconoce que lo que más le preocupa por el momento a su gremio, es el proyecto de reforma al Código de Aguas. «Si bien estamos de acuerdo en que se necesita mejorar aspectos del uso del agua en Chile, a la industria le preocupa la mayor incertidumbre que crea el proyecto, derivada de la pérdida de los derechos de propiedad, debido a la introducción de la caducidad de aquellos.

Agrega que el tema de la seguridad en el acceso al agua, consagrado en la actual legislación como un derecho, «es muy importante en una industria como la minera, que se desarrolla en el largo plazo».

Betancour dice que la escasez de agua es más aguda en la zona centro-norte del país, en tanto que en la zona sur existe abundancia del recurso. «Por ello nos habría gustado ver incentivos para aumentar la oferta donde hay escasez, lo que no observamos en el proyecto de ley».

Rehuido Ruiz explicó que el proyecto de reforma al Código de Aguas, que ingresó el Gobierno al Congreso en octubre del año pasado, elimina el derecho a perpetuidad para el uso del agua y se cambia por un sistema de concesiones por 30 años, renovables, lo que a su juicio da seguridad de suministro para actividades productivas de largo plazo como la minería. Pero también advierte que el proyecto contempla causales de caducidad para aquellas concesiones, cuando por ejemplo los titulares de éstas no usan el agua y para mantener el derecho pagan una patente. En este caso, por no uso.

En el proyecto del Ejecutivo, se establece que si al cabo de cuatro años los titulares que se adjudiquen una concesión de agua con carácter de uso consuntivo (que se consume, como es el caso de los agricultores) y no la ocupan, se procedería a caducar el permiso. En tanto, para aquellos titulares que solicitan una concesión no consuntiva (por ejemplo, un proyecto de central hidroeléctrica de pasada), el permiso caducaría al cabo de ocho años, sí es que el titular no usa el recurso.

«No debiéramos permitir que tratándose de un recurso tan escaso, se otorguen garantías para mantener un derecho que no se usa y que si otros quieren usarlo, tendrían que comprar ese derecho», sentenció el delegado Presidencial.

Planes de emergencia

El director general de aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Carlos Estévez, aclara que ninguno de los proyectos sobre recursos hídricos (Código de Aguas y glaciares) tiene urgencia en su tramitación, pero que mientras tanto el Gobierno está tomando medidas administrativas para enfrentar los efectos de la sequía.

«Las situación que estamos viviendo no puede esperar el trámite legislativo porque requiere asegurar el consumo humano y también porque es necesario reducir en parte los costos que la sequía ha ocasionado a los pequeños agricultores», plantea Estévez.

Destaca la serie de medidas de emergencia contempladas en el Plan Nacional contra la Sequía, anunciado en marzo pasado por la Presidenta Bachelet. Para este año el plan contempla $105.000 millones (US$165 millones) en diversas medidas con impacto de corto plazo, tales como, impermeabilización de canales para reducir la pérdida del recurso, profundización de pozos y encauzamiento de ríos; aumento de la cobertura de los camiones aljibe; instalación de miles de sistemas de acumulación de aguas lluvia a nivel domiciliario y la entrega de forraje y de alimentos para pequeños agricultores.

«Junto a lo anterior, siempre es necesario acompañar a las organizaciones de usuarios de agua en la gestión de este recurso», destaca Estévez.

Para el mediano plazo, el director general de aguas dice que el MOP aplicará una serie de medidas estructurales. «Por ejemplo, para el Gran Valparaíso —a través del Plan Aconcagua— se mejorarán tres embalses y se habilitarán 27 sistemas de agua potable rural; se ampliará el embalse Los Aromos, se unificarán bocatomas de la primera sección del río Aconcagua y se construirán los embalses Pocuro Alto y Catemu».

A su vez, se contempla la construcción de seis plantas desaladoras de agua de mar en Atice, Copiapó, Choapa, Limad, La Ligua y Petorca.

Carlos Estévez destaca que el jueves pasado, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, participó en el cierre de las compuertas para iniciar el llenado del nuevo embalse Chacrillas en la localidad de Putaendo (Región de Valparaíso), que tendrá una capacidad útil de 27 millones de metros cúbicos y «permitirá asegurar el riego de 7.100 hectáreas, favoreciendo directamente a más de 2.000 agricultores».

Embalses secos

Pero el otro problema es cómo asegurar el llenado de los embalses, si mientras tanto en el último año se han secado otros antiguos embalses, por falta de lluvias y el descenso de las reservas de nieve en la cordillera. Un informe de la Dirección General de Aguas señala que los embalses de la Tercera y Cuarta Región siguen en niveles críticos y en algunos casos se han secado, mientras que en la zona centro y sur del país, en los últimos meses han tendido a recuperar sus niveles de acumulación de agua, gracias a las lluvias del invierno pasado y del actual.

Según estimaciones del MOP, la agricultura concentra el 73% del uso de los recursos hídricos, disponibles en ríos, esteros, napas subterráneas y embalses. En cambio la industria solo consume el 12% y la minería el 9%. A su vez, el consumo doméstico demanda apenas el 6% del agua disponible en el país.

Con esta relación queda claro por qué los agricultores son los más afectados por la sequía y por qué los consumidores domésticos aparentemente aún no se muestran alarmados por la escasez del recurso. Ello, mientras el suministro regular de agua potable lo provean las empresas de agua potable que también hacen esfuerzos de manera creciente para llenar sus estanques.

El presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Sanitarios, Guillerno Pickering, planteó hace poco —en una columna de opinión— que «la industria sanitaria lleva tiempo adaptándose al escenario de escasez, incorporando planes especiales de obras y de gestión anti sequía». Según el dirigente, la discusión en torno a la propuesta de reforma al Código de Aguas se ha concentrado en el punto de la propiedad del recurso, «lo que no es secundario, pero se olvida que los cambios en el desarrollo económico del país y en el clima a nivel local y global han planteado nuevos desafíos que ponen en evidencia las limitaciones de la regulación actual».

Entre otras cosas, Pickering sostiene que la legislación actual no ofrece una visión sistémica y que, por ejemplo, no se hace cargo de los efectos que se observan en el uso del agua en las cuencas, lo que sin duda afecta a otros actores y que se ha hecho más agudo con la escasez del recurso.

Optimización

María Cristina Betancour dice que entre la XV y la Región Metropolitana la disponibilidad del agua es en promedio menor a 1.000 m3 por persona al año, «lo que es inferior al mínimo para el desarrollo sustentable que es de 2.000 m3 por persona al año». Pero aclara que este es un problema estructural que se puede mejorar fomentando nuevas fuentes, como es el caso de la instalación de plantas desala-doras y el traslado de agua desde el sur hacia el norte.

Mientras tanto, dice que se debe optimizar el uso del recurso, como de hecho ha estado ocurriendo en la minería, donde ha aumentado la recirculación del líquido, la que alcanza al 74%. Además, destaca que en el norte las empresas mineras han incrementado el consumo de agua de mar, que pasó de 0,3 m3 por segundo en 2009, a 2,4 m3 por segundo el año pasado. «Esto ha implicado que la participación de agua de mar en las fuentes de extracción de la Región de Antofagasta corresponda a 27%, mientras en la Región de Atacama alcanza al 24%», subraya la ejecutiva.

Agrega que Sonami ha propuesto medidas de corto plazo, tales como mejorar la información y avanzar en el desarrollo de medidas e incentivos tendientes a mejorar la eficiencia, «además de asegurar la protección de los derechos legítimos sobre los recursos, estableciendo medidas de control, fiscalización y sanciones a quienes los utilizan de manera ilegal».

$28.000
millones desembolsó el Gobierno en 2014 para repartir agua en camiones aljibe

Fuente: La Segunda 20 de junio 2015