Gobierno y privados corren para calcular el costo de la carbono-neutralidad para lucirse en la COP25

Los ejes son el cierre de las centrales a carbón, la electrificación del transporte y la forestación, aunque en el último sector ya se vislumbra un conflicto. Fuente: El Mercurio, 14 de julio de 2019.

A mediados de junio, antes de que el Reino Unido aprobara a fines de ese mismo mes la ley que fijó el año 2050 como la meta para alcanzar la carbononeutralidad —que capturará todas sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)—, su ministro de Hacienda, Philip Hammond, advirtió que el costo anual de esta propuesta podría superar los 70 mil millones de libras, unos US$ 88 mil millones, lo que restaría recursos a otros sectores, como educación, seguridad y salud pública.

En forma oficial, el gobierno británico aseguró que dicho costo lo asume toda la economía y no solo a nivel fiscal, ante lo que Hammond respondió que la propuesta impactaría en forma significativa a las empresas —especialmente las más pequeñas—, razón por la que ‘las implicaciones de perseguir el objetivo de la carbono-neutralidad debían ser mejor comprendidas’.

Mientras en el caso inglés el debate se está dando con números sobre la mesa, en Chile, el Gobierno trabaja a toda máquina para definir las medidas con las que busca alcanzar la meta de neutralizar las emisiones al 2050, dándole forma y haciendo más ambiciosas las intenciones que expresó en la COP21 de París, cuando lo que planteó fue reducir en 30% la intensidad de emisiones a 2030, tomando como referencia el año 2007.

Esta es la denominada Contribución Nacional Determinada, o NDC por su sigla en inglés, compromisos que en París fueron más bien intenciones y que ahora el país tiene que aterrizar en acciones concretas. En números simples, la brecha es la siguiente en Chile: en el país se emiten a la atmósfera más de 111 mil kilotoneladas (kt) de equivalente de dióxido de carbono (CO2), y hay una capacidad de absorber del orden de 65 mil kt, básicamente producto de la acción de los cerca de 18 millones de hectáreas de bosques, de las cuales 2,2 millones de hectáreas corresponden a plantaciones. Por ende, la tarea que viene por delante es cerrar la brecha de captura de emisiones que bordea las 45 mil kt de equivalente de CO2.

La meta de carbono-neutralidad estará contenida en el proyecto de ley Marco de Cambio Climático que el Ejecutivo espera ingresar a trámite al Congreso en septiembre, mientras que a la COP25, en diciembre, esperan llegar con las medidas específicas que se ejecutarán para tratar de reducir aquella brecha.

Estas acciones quedarán plasmadas en un modelo macroeconómico que los equipos del Ministerio del Medio ambiente —liderados por la jefa de Cambio Climático, Carolina Urmeneta— están elaborando con la colaboración de todos los ministerios, en particular con las carteras de Energía, Agricultura, Vivienda, Salud, Minería y Hacienda.

Esta última con un rol clave en las modelaciones y los cálculos. Conocedores de este modelo macroeconómico comentan que el esquema de trabajo es determinar primero cuáles son las medidas que pueden ser incorporadas en el inventario de emisiones del país. Para calificar, es requisito que las acciones cumplan con los estándares metodológicos de la ONU, es decir, que puedan ser medidas y auditadas. Cuando esa definición concluya, será el momento de hacer las modelaciones para establecer si todas esas acciones consideradas bastan para alcanzar la meta de que al 2050 el país logre capturar todas sus emisiones. Y recién en ese momento vendrá el turno de calcular cuánto se tendrá que invertir para ejecutar estas acciones.

El resultado neto de esas estimaciones ‘será el costo real de la carbono-neutralidad’, dicen en el Gobierno. ‘El futuro del desarrollo mundial estará basado en economías bajas en carbono (…) Como país en desarrollo, abierto al mundo y con fuerte base exportadora, debemos impulsar estas transformaciones para potenciar nuestro crecimiento’, defiende la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Los bosques podrían ser un frente de disputa Aunque no hay estimación todavía sobre la mesa, lo claro es que prácticamente en su totalidad la inversión requerida correrá por parte del sector privado. Por ello, los gremios ya están contra el tiempo asesorándose con expertos para levantar datos. La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) instaló una comisión con los principales sectores productivos y la asesoría de EY. Su idea es construir una visión coordinada acerca de lo que estas metas implicarán para el sector privado.

‘Aún nos falta visión e información para definir cuál será el costo de la carbono-neutralidad para Chile’, asegura la gerenta senior de Energía y Cambio Climático de la consultora, Carolina Hernández. En la Sofofa también están corriendo modelos y sacando cuentas. Para eso contrataron a un par de consultoras. Al juicio de este gremio en cualquier decisión que adopte el Gobierno respecto de la NDC que presentará en la COP25 debe primar la orientación costo-efectiva.

‘Es fundamental entender cuáles serán las inversiones que se deberán realizar y los cambios regulatorios necesarios para implementar esas inversiones para comprometer una meta de carbono-neutralidad como la que se ha planteado’, asegura Rafael Palacios, director de políticas públicas del gremio industrial.

En el Gobierno, las definiciones pasan por tres ejes principales: el retiro de las centrales a carbón, donde ya hay un acuerdo con la industria eléctrica para que se concrete en 2040; la electrificación del transporte público en un 100% al 2040, y el privado en un 40% al 2050, y el aumento de la superficie de bosques.

Bajar las emisiones de otros procesos productivos, como la minería, la eficiencia energética y el aumento del reciclaje por la Ley REP, son otros aportes partes de la ecuación. En este marco, los bosques y la industria forestal jugarán un rol fundamental, debido además a los bajos niveles de deforestación y la posibilidad de plantar más bosques. Pero en este plano podría gestarse la primera pugna. La ministra Schmidt ha dicho que la forestación debe hacerse solo con especies nativas, mientras que la industria y algunos sectores políticos discrepan.

La comisión de Futuro del Senado dedicó su sesión del lunes para debatir con todos los sectores involucrados acerca del aporte del sector forestal a la mitigación del cambio climático. A la cita asistieron dirigentes gremiales, ejecutivos de las principales empresas forestales —como Matías Domeyko, gerente general de Arauco, controlada por el grupo Angelini—, académicos, ambientalistas y representantes de comunidades indígenas. Ante ellos, el presidente de la instancia, el senador Guido Girardi, rebatió la posición del Gobierno.

‘Chile tiene la inmensa oportunidad de desarrollarse como una potencia forestal, no con 100 mil o 200 mil hectáreas, sino que con 1,5 o 2 millones de hectáreas que deben plantarse con una combinación de especies nativas y exóticas, a partir de la vocación productiva de cada uno de los territorios’, dijo. La propuesta de la Corporación de la Madera (Corma), el gremio que agrupa a más de 190 socios, apunta precisamente a que se requiere plantar dos millones de hectáreas, donde se deben considerar terrenos de pequeños y medianos productores.

‘Todos los árboles hacen fotosíntesis y son sumideros de carbono, pero es importante que los tres tipos de bosques (nativo, protegido y productivo) convivan y aporten a detener la erosión de los suelos, combatan el cambio climático y sean barreras naturales de las inclemencias de la naturaleza. Una vez terminado este proceso, de definición de especies y zonas geográficas de localización, por parte de la mesa científica de Corma, se podrán determinar los costos de esta propuesta’, precisan en el gremio forestal.

¿Cuánto podría implicar? Con motivo de los incendios forestales de 2017 se estimó en un millón de pesos el costo de plantar una hectárea con especies productivas, y tomando ese monto como piso, el costo de forestar la superficie propuesta por los privados rondaría los US$ 2.900 millones. A eso se suman las estimaciones del Coordinador Eléctrico Nacional, que cifró en más de US$ 5.000 millones las inversiones en capacidad de generación y transmisión adicional que se necesitará para suplir el carbón que se retirará de la matriz.

El profesor adjunto de Ingeniería Industrial en la Universidad de Chile y socio de Energy to Business Investigación (E2BIZ), Jacques Clerc, explica que existe incertidumbre sobre el cálculo de costos y beneficios de la carbono-neutralidad, porque no hay definiciones sobre las tecnologías que dominarán y sus costos asociados.

‘Los costos dependen también del marco regulatorio y de los instrumentos que el Estado implemente para cumplir las metas establecidas’, dice. La empresa de Clerc está trabajando para el Ministerio del Medio ambiente, la Asociación de Generadoras y el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, para calcular cuánto le costará a Chile ser carbononeutral.

En la Sofofa creen que el análisis puede tomar más tiempo que los escasos meses que quedan para la COP25, porque en la actualidad solo algunas empresas manejan los niveles de sistematicidad de mediciones de huella de carbono y captura de emisiones de GEI que se requieren. La Sofofa toma como referencia un análisis que se realizó el año pasado en Alemania, que fue liderado por la consultora BCG, estudio que tomó más de doce meses y costó más de US$ 2 millones.