La cumbre del clima de Glasgow entra en su recta final con las negociaciones todavía abiertas

La presidencia de la COP26 lanza un nuevo borrador en el que pide a los países que presenten en 2022 planes de recorte de emisiones y que se acelere el fin del carbón y los subsidios a las energías fósiles. Fuente: El País, 12 de noviembre de 2021.

La cumbre del clima de Glasgow, conocida por las siglas COP26, entra en su recta final. Oficialmente debería terminar este viernes a las 18.00, pero las negociaciones y los borradores de los distintos textos que tienen que salir de esta cita todavía están verdes. En este tipo de citas los documentos finales deben adoptarse con el apoyo unánime de los representantes de los casi 200 países que participan en las negociaciones climáticas bajo el paraguas de la ONU. A primera hora del viernes la presidencia de la COP26, que ostenta el Reino Unido como país anfitrión, ha difundido un segundo borrador de la declaración final que tendrá que salir de esta cumbre. En el texto se insta a los países a que “revisen y refuercen” sus objetivos para 2030 de recorte de emisiones a finales de 2022. Los países analizarán ahora la propuesta de la presidencia, que ocupa Alok Sharma, y harán sus sugerencias. La intención del equipo de Sharma es sacar esta tarde un nuevo texto.

La propuesta lanzada este viernes por la presidencia de la COP26 reconoce que los planes nacionales de recorte de emisiones ahora no son suficientes para cumplir el Acuerdo de París, que persigue que el aumento de la temperatura media no supere los 2 y 1,5 grados. Para tener posibilidades de conseguirlo la ciencia establece que en 2030 las emisiones de dióxido de carbono, el principal de los gases de efecto invernadero, deberán haber caído un 45% respecto a los niveles de 2030, como admite el borrador de la declaración final de la cumbre. Pero la suma de los programas de recorte que tienen los países ahora mismo sobre la mesa no es suficiente. Según se admite en el borrador, las contribuciones presentadas, llevarían incluso a que las emisiones en 2030 sean un 13,7% superiores a las de 2010.

El Acuerdo de París, firmado en 2015, establecía un sistema de revisión de los planes de recorte cada cinco años. La primera revisión se ha realizado entre 2020 y 2021 y, en teoría, la siguiente sería en 2025. Pero desde el mundo científico se alerta de que esta década es determinante en la lucha contra el cambio climático y que la ventana de oportunidad para lograr que el aumento de la temperatura se quede por debajo de los 1,5 grados se está cerrando. Además, la presión social por actuar sobre un cambio climático cada vez más evidente y virulento crece a cada momento. Por eso en Glasgow se busca la forma de instar a los países a revisar sus planes de recorte de emisiones lo antes posible, en 2022, sin esperar a mediados de esta década. En el borrador de la declaración final se propone que la ONU realice evaluaciones anuales de los efectos que tienen los planes de recorte de emisiones nacionales.

En este segundo borrador de la declaración final se vuelve a efectuar una mención a los combustibles fósiles y el carbón, los principales responsables de las emisiones de efecto invernadero mundiales. Pero su inclusión en el texto siempre resulta conflictiva debido al rechazo que suscita entre los países productores de petróleo y gas, como Arabia Saudí. En el texto de este viernes por la mañana se pide de forma genérica a los países que aceleran la generación de energía limpia y “la eliminación gradual” de la generación con carbón y “los subsidios ineficientes para los combustibles fósiles”, aunque no se establece objetivo concreto alguno. La redacción de este apartado se ha suavizado respecto al primer borrador y se deja abierta la puerta al empleo del carbón pero con tecnologías de captura y almacenaje del dióxido de carbono —es decir, atrapar este gas antes de que llegue a la atmósfera—.

Financiación

Además del recorte de las emisiones, la otra gran fuente de conflicto en las negociaciones climáticas es la financiación. Hace más de una década que los países desarrollados se comprometieron a movilizar 100.000 millones de euros anuales a partir de 2020 para ayudar a las naciones con menos recursos a adaptarse a los efectos del calentamiento y a recortar sus emisiones. Pero hasta ahora, como se reconoce en el borrador final, no se ha logrado alcanzar esa meta. Un informe elaborado por Canadá y Alemania, con la ayuda de la OCDE, considera que no se llegará a los 100.000 millones de dólares anuales hasta 2023. La propuesta de la presidencia de la COP26 “insta” a los países desarrollados “a que cumplan plenamente el objetivo de 100.000 millones de dólares con urgencia”.

Con la financiación existe un segundo gran problema. La mayoría de los fondos que movilizan los países desarrollados —por movilizar se entienden tanto las ayudas directas como los créditos de ayudas al desarrollo y del sector privado— se dirigen ahora hacia la mitigación, es decir, hacia inversiones para reducir las emisiones como puede ser la implantación de renovables. En el borrador presentado por la presidencia de la COP26 se pide a las naciones ricas que “dupliquen” sus aportaciones para medidas de adaptación (por ejemplo, protegerse frente a los fenómenos extremos) de aquí a 2025. El objetivo debe ser alcanzar “un equilibrio entre la mitigación y la adaptación”.

La declaración final es la parte más política de este tipo de cumbres. Paralelamente, los negociadores de los casi 200 países presentes en la cumbre deben cerrar otros textos más técnicos. Como el desarrollo de mecanismos de transparencia o la implementación del artículo 6 del Acuerdo de París.

El artículo 6 hace referencia a los intercambios de derechos o unidades de emisiones de gases entre países. Además, es el único que hace mención al sector privado, ya que abre la puerta a que las empresas puedan adquirirlos. En el Protocolo de Kioto ya existía un sistema por el que un país que no conseguía recortar lo que debía sus gases podía comprarle a otro Estado derechos de emisiones. Ese sistema se supone que seguirá ahora, pero parte del debate es cómo evitar caer en una doble contabilidad: que un mismo derecho no pueda llevarse a los balances de reducción de dos países a la vez.

A un lado de las negociaciones está Brasil, que no quiere unas reglas muy sólidas y que ve en este asunto una importante vía de financiación gracias a la superficie forestal con la que cuenta, con la que puede generar derechos que vender por la capacidad que tienen los bosques de absorber el dióxido de carbono. En el otro extremo se sitúa la Unión Europea, que no quiere un resultado débil que pueda perjudicar el mercado de derechos de emisiones comunitario que ha tardado muchos años en poner en marcha. Como resumía el jueves la vicepresidenta española para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se necesita que el resultado tenga “garantías ambientales”.

La presidencia de la cumbre también ha presentado este viernes una propuesta sobre el artículo 6, que no ha contentado a muchos grupos ecologistas. El texto, ha asegurado Greenpeace, abre la puerta al “derecho a la estafa al permitir el doble cómputo indefinido de una reducción de emisiones que sólo se ha producido una vez, o que puede no haberse producido en absoluto”. Esta organización interpreta este paso como una “invitación al lavado verde a través de la compensación” de las emisiones.