Opinión de Flavia Liberona, directora ejecutiva de Fundación Terram.

Durante las últimas semanas, la zona de la Bahía de Quintero ha estado en la noticia debido a las emanaciones tóxicas que afectaron a más de 350 personas que la habitan. Sin embargo, esta lamentable historia ya es largamente conocida. En este contexto la pregunta es: ¿cuántos episodios más se necesitan para que alguna autoridad haga algo y que, de una vez por todas, de manera seria y responsable, se implementen medidas que permitan en lo urgente frenar los niveles de contaminación en esta área y luego disminuirlos?.

Hasta ahora, nadie quiere asumir las consecuencias de lo sucedido, una empresa culpa a la otra y la autoridad de turno se escuda en el largo historial de desaciertos y vacíos que han permitido que persista esta situación. Pero la realidad es que, hoy en día, estamos ante un escenario complejo, en el cual todas las instituciones del Estado les han fallado a los habitantes de ese territorio contaminado; donde quienes tienen o han tenido una responsabilidad política y/o técnica han dejado que el tiempo pase, a ver si a otro le toca solucionar el problema. Estamos tocando fondo y necesitamos acciones concretas. Ya no serán suficientes los planes de descontaminación, o anunciar que se elabora tal o cual norma, pues se requieren acciones inmediatas ahora.

Lo cierto es que Puchuncaví –Quintero duele en el corazón y la conciencia de muchos de los que habitamos este país, generando impotencia y rabia. Pasan los días tras los últimos episodios y las industrias cual más o cual menos, siguen funcionando y vemos que la comunidad se mantiene firme, en pie, dando una enorme batalla. Una movilización que no sabemos en qué terminará. Los habitantes ya han sido afectados en su calidad de vida y hoy están viviendo en la incertidumbre, esperando una respuesta del Estado, pero sin saber a ciencia cierta si eso ocurrirá. La única certeza que tenemos es que todas las declaraciones de prensa y medidas anunciadas son insuficientes, y parecen simples voladeros de luces para evitar afrontar el problema de fondo, que es frenar la contaminación del territorio.

La Bahía de Quintero, al igual que otras áreas del territorio nacional, es una “Zona de Sacrificio”, no porque sus habitantes lo quieran así, tampoco porque les guste utilizar esa denominación. Este concepto evolucionó a partir de las investigaciones y generación de políticas públicas que desarrolla la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por su sigla en inglés) en comunidades altamente afectadas por contaminación industrial. En efecto, los altos niveles de contaminación se traducen, por un lado, en un constante desmedro económico que afecta los medios de producción de la economía doméstica o local básica de las comunidades (alimentos contaminados, suelo, acceso) y, por otro, en agentes contaminantes que afectan gravemente la salud y, por ende, las capacidades mismas del desarrollo humano. Las Zonas de Sacrificio develan, además, que el problema de la contaminación ambiental responde a patrones de desigualdad social, pues son las comunidades de menores ingresos las que deben soportar los efectos negativos del crecimiento económico de la sociedad en su conjunto. En definitiva, son lugares donde el Estado por acción u omisión ha abandonado al territorio y su gente, permitiendo la instalación de complejos industriales. Por ello, este no es un problema netamente ambiental, es también un problema social y de derechos humanos.

Lo cierto es que la gente que habita en ese territorio debe intentar vivir y, más que nada, sobrevivir a  las consecuencias de las inexistentes políticas públicas y normativa que les garantice derechos básicos como son el derecho a la vida, a la salud, a vivir en medio ambiente libre de contaminación, así como el derecho de los niños a estudiar en un entorno sano.

La Bahía de Quintero, al igual que otras áreas del territorio nacional, es una “Zona de Sacrificio”, no porque sus habitantes lo quieran así, tampoco porque les guste utilizar esa denominación. Este concepto evolucionó a partir de las investigaciones y generación de políticas públicas que desarrolla la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por su sigla en inglés) en comunidades altamente afectadas por contaminación industrial. En efecto, los altos niveles de contaminación se traducen, por un lado, en un constante desmedro económico que afecta los medios de producción de la economía doméstica o local básica de las comunidades (alimentos contaminados, suelo, acceso) y, por otro, en agentes contaminantes que afectan gravemente la salud y, por ende, las capacidades mismas del desarrollo humano. Las Zonas de Sacrificio develan, además, que el problema de la contaminación ambiental responde a patrones de desigualdad social, pues son las comunidades de menores ingresos las que deben soportar los efectos negativos del crecimiento económico de la sociedad en su conjunto. En definitiva, son lugares donde el Estado por acción u omisión ha abandonado al territorio y su gente, permitiendo la instalación de complejos industriales. Por ello, este no es un problema netamente ambiental, es también un problema social y de derechos humanos.

Lo cierto es que la gente que habita en ese territorio debe intentar vivir y, más que nada, sobrevivir a  las consecuencias de las inexistentes políticas públicas y normativa que les garantice derechos básicos como son el derecho a la vida, a la salud, a vivir en medio ambiente libre de contaminación, así como el derecho de los niños a estudiar en un entorno sano.

Este gobierno tiene una oportunidad, la pregunta que sigue es ¿será capaz de ponerle el cascabel al gato? O, como se ha hecho hasta ahora ¿seguiremos siendo testigos de palabras de buena crianza, anuncios con medidas de difícil concreción y de dudosa implementación, las que quizás serán paliativos destinadas a bajar la tensión?

Fuente: El Mostrador. 8 septiembre de 2018.