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Aún no tenemos nuevo acuerdo climático

Durante las dos últimas semanas, del 30 de noviembre al 11 de diciembre, se celebra oficialmente la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, COP21, en la ciudad de París. El objetivo de esta COP es lograr un Acuerdo vinculante, ambicioso, justo y global que reemplace al fallido Protocolo de Kioto, con el propósito de frenar las emisiones los gases de efecto invernadero (GEI) y estabilizar la temperatura media del planeta.

La urgencia por frenar la excesiva contaminación y alteración en los factores físicos y biológicos del planeta, producto de la contaminación y extracción de recursos naturales que hemos realizado como sociedad, hace que la ciencia haya certificado  que se necesita limitar las emisiones de GEI en no más de 2 grados Celsius, de aquí a fin de siglo. Los glaciares se derriten y es evidente, existe sequía e inundaciones en lugares impensados anteriormente. El clima está cambiando y estamos siendo afectados con grandes costos para todos, especialmente para los Estados y las poblaciones más vulnerables.

Las negociaciones en París han transcurrido de manera intensa, pero sin muchos avances concretos y menos, ambiciosos. Señal  preocupante pensando en la urgencia de obtener un documento que realmente contenga compromisos efectivos para abordar el cambio climático y no sea más que una declaración de buenas intenciones.

Hoy viernes 11 de diciembre, cuando se supone deberíamos celebrar el cierre de este momento histórico para la humanidad, las negociaciones continúan y solo avanzarán con consultas a todas las partes respecto a puntos con los cuales no hay acuerdo. Estamos hablando de que este documento contenga aspectos de derechos humanos, género, pérdidas y daños, mecanismos cuantificables para los procesos de adaptación de los países, financiamiento, transferencia de conocimiento y tecnología, especialmente a los países en desarrollo; poner límites al aumento de temperatura en 1,5 o 2 grados, entre otros temas de relevancia.

Las negociaciones del jueves 10 se prolongaron hasta pasadas las 6 de la madrugada de este viernes. Se espera que durante el día se logre depurar aún más el texto y avanzar en los acuerdos, sin embargo, la Presidencia, a cargo de Francia, ha anunciado que el nuevo texto lo liberarán mañana -sábado 12- a las 14:00 hr. local. Aun así, no concluye ahí este proceso, posiblemente se siga negociando las siguientes horas.

Como sociedad civil siguiendo este proceso estamos inquietos, pues hemos estado pidiendo que la ambición sea efectiva y que además no se aumente la temperatura por sobre los 1,5 grados de acá a fin de siglo. Necesitamos ambición, esto es surgente por nuestro futuro como sociedad en este planeta y por las próximas generaciones.

En este minuto todo puede pasar. Ya estamos en la recta final en que las negociaciones comienzan a tener un carácter de presión y en que los intereses de los países comienzan a demostrarse con absoluta claridad.

En tanto, hoy en Chile, se realiza la despedida de quien hiciera y representara un gran aporte en nuestra historia ambiental nacional y también a nivel mundial, Douglas Tompkins. Mientras los ojos del mundo están concentrados en París, solo espero que el legado y las obras que él deja puedan verse reflejadas -también- en que este proceso de verdad logre un avance para tener un mundo mejor.

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Gasto público ambiental, $8.900 por habitante al año

Columna opinión de Flavia Liberona Directora de Fundación Terram publicada en blog de Cooperativa el 04 de julio 2015.

Desde la promulgación de la ley ambiental el año 1994, en forma creciente los temas ambientales son parte de las preocupaciones de las personas y de la agenda pública, los políticos para bien o para mal hacen referencia a ello. Diversos temas relacionados con el ambiente forman parte de los programas de gobierno, los discursos presidenciales del 21 de mayo, y sin lugar a duda, inquietan a los habitantes del país.

Pero esto no tiene ninguna relación con las cifras que presenta el estudio elaborado por el Gobierno de Chile y CEPAL, denominado “Estimación del gasto público ambiental”. Este representa un cable a tierra entre el discurso político y la realidad de las cifras. Según el estudio antes mencionado, el gasto público estimado para el año 2012 fue de 145.042 millones de pesos, lo que equivale a 260 millones de dólares y representa el 0,1% del PIB para ese año, el más bajo de los países OCDE.

Según se señala en el documento para su elaboración se analizó y utilizó la ejecución presupuestaria del año 2012, considerando el gasto en materia ambiental efectuado por 30 servicios públicos, pertenecientes a los ministerios de Medio Ambiente, Interior, Agricultura, Educación, Defensa, Obras Públicas, Salud, Minería, Vivienda y Transporte.

Al revisar el estudio constatamos con incredulidad que pese a la gran cantidad de Servicios Públicos considerados para hacerlo y que la cifra total puede parecer baja, la situación es más dramática cuando se llega al monto gastado por habitante durante el año 2012, pues es la magra cifra de $ 8900 por persona durante todo un año, lo que equivale a 24,3 pesos diarios o sea la nada misma. Este es un duro golpe a la realidad, pues refleja claramente la importancia que le han asignado y le asignan las autoridades, particularmente el ministerio de Hacienda, al cuidado del medio ambiente.

El informe detalla ciertas áreas de gastos y dada la contingencia país, donde la contaminación atmosférica parece ser un problema sin solución que año a año aumenta en las ciudades del sur de Chile y en la Región Metropolitana, lo que sin duda merece una seria revisión.

Para que usted sepa el informe en cuestión no dice si las normas son suficientes, o si son buenas o malas, o si están bien o mal aplicadas, sólo hace referencia a plata del gasto público. Por ello, pese a lo que digan las autoridades, el informe es concreto nos dice cuanto es el gasto público y para saber la cifra sugiero que se prepare.

El Estado de Chile estima su gasto público en calidad de aire y cuidado del clima en 4,2 % de 8.900 pesos habitante/año; ahora saque su cuenta, pues son 373,8 pesos por persona al año, aproximadamente la mitad de un pasaje de Transantiago.

Saque sus conclusiones, si el gasto público es de $8.900 por habitante al año y 378 pesos son para temas de calidad de aire y cambio climático por habitante al año, la explicación es casi innecesaria, está claro por qué la contaminación del aire en muchas ciudades cada año es peor, los planes de descontaminación son poco eficientes, las empresas son poco fiscalizadas y multadas; también las razones de la existencia de zonas de sacrificio y muchas cosas más.

Lo que entendemos es que las autoridades han abandonado a los más vulnerables en materia de medio ambiente y en particular de contaminación, los han dejado a su suerte para que las empresas sigan haciendo lo que quieren y las zonas de sacrificio sigan prosperando.

Lo bueno de este documento, es que nos trae una realidad que de una u otra forma sabíamos que existía, además genera una metodología que permitirá de ahora en adelante repetir el estudio y ver cómo vamos, cosa que no era posible antes, también será posible compararnos con otros países de la OCDE, eso es algo.

Ahora sólo queda asumir un rol activo para que las autoridades, aquellas que definen los presupuestos ministeriales y el gasto público amplíen su mirada y se den cuenta que no se puede asignar un presupuesto a calidad de aire y cuidado del clima que sea inferior al valor de un pasaje de Transantiago.

Y sobretodo tenemos que ser activos en no permitir que autoridades y políticos digan que hacen algo para reducir la contaminación que afecta a los habitantes de Chile, puede que tengan voluntad, pero la realidad se mide en pesos y son $8.900 por habitante al año, de los cuales sólo $373,8 se destinan a calidad del aire y cambio climático. Lo invito a revisar el informe, puede sorprenderse aún más.

Fuente: http://blogs.cooperativa.cl/opinion/medio-ambiente/20150704101205/gasto-publico-ambiental-8-900-por-habitante-al-ano/

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¿En qué planeta viven los científicos?

Columna opinión de Cristián Opaso Periodista colaborador de Fundación Terram, publicada en portal Quinto Poder el 21 de mayo 2015.

Por estos días se sigue analizando en la Cámara de Diputados la Ley de Protección de Glaciares enviada por el gobierno. Recientemente y por segunda vez consecutiva, la Comisión de Medio Ambiente recibió a Codelco y al Consejo Minero, lo que demuestra el sello del presidente de la Comisión. Defendieron sus posturas los empresarios y altos funcionarios de turno, lo cual no es de extrañar, la minería necesita destruir glaciares. Pero en varias ocasiones han aparecido también un par de científicos que suelen defender a las mineras. No sólo aparecen allí, sino que aparecen representando a Chile en importantes encuentros internacionales. Se trata de los glaciólogos Gino Casassa y Cedomir Marangunic, “eminencias” científicas, con amplísimas trayectorias en el sector público y privado, que es precisamente parte del problema que se hizo patente en una importante reunión internacional que tuvo lugar hace algún tiempo en Santiago.

Se trataba del primer taller sudamericano de la red Cryonet, la red de estaciones de superficie de la iniciativa internacional Observatorio Global de la Criósfera, Global Cryosphere Watch (GCW) de la Organización Metereológica Internacional que se llevó a cabo en Octubre en el salón O´Higgins del ex-Hotel Carrera, actual Ministerio de Relaciones Exteriores.

La criósfera, para muchos que seguramente no lo sabrán, se define como la “parte de la corteza terrestre en la cual se forma el hielo (del griego kryos = hielo) y donde se producen procesos relacionados con él o donde prevalecen en gran parte del año condiciones crióticas, es decir, donde los suelos o rocas están a temperaturas bajo cero”. Elementos esenciales son por supuesto nuestros abundantes glaciares, que una vez más se está intentando proteger.

En el encuentro internacional los glaciólogos Cassasa y Marangunic decidieron hacer una espontánea e insólita encuesta sobre protección de glaciares y una alucinante exposición sobre cómo se podía fabricar artificialmente un glaciar y/o trasladarlos de un sitio a otro.

La espontánea encuesta comenzó con Cassasa diciendo que aunque estaban “muy limitados de tiempo” y dado que el gobierno tenía muy poco plazo para entregar indicaciones a un proyecto de protección de glaciares, él quería aprovechar que “habían 14 banderas adelante” para saber de las experiencias en otros países. El único que contestó fue un científico de Austria que detalló las diferencias locales que habían en las legislaciones de protección de su país. Cassasa insistió preguntando si había algo como mitigación o compensación: …¿Si uno hace daño a un glaciar, se puede compensar?, preguntó el científico. Para luego agregar: “…se habla también de glaciares artificiales”. “Creo que es difícil llevar a cabo cualquier mitigación” contestó en parte el único que se explayó en el tema.

A reglón seguido, y pese a estar escasos de tiempo, el colega Marangunic habló durante más de 16 minutos, haciendo primero pedazos las definiciones técnicas de glaciares que habían concordado, entre otros, Unesco y el gobierno chileno. Posteriormente, como si nada, anunció:

“..Con la definición de lo que es un glaciar en Chile: ¡Hemos hecho un glaciar!”, dijo casi eufórico, detallando que se había mantenido por varios años la estructura y la cantidad acumulada de nieve. Agregó que también habían podido trasladar glaciares.

Mientras decía esto mostraba láminas con fotos de los experimentos en la cordillera, nada menos que en la mina Andina de Codelco. Nada dijo claro de que esta operación minera está considerada como la causante de la mayor destrucción de glaciares ocurrida jamás en nuestro planeta. Tampoco dijo Marangunic que su consultora Geoestudios trabajó en la evaluación ambiental del proyecto Andina 244 que pretende ampliar significativamente la operación de la mina rajo de la división Andina de Codelco, con la consiguiente destrucción de glaciares.

Ante tamañas aseveraciones y ante tan preparados científicos, quien escribe osó preguntar si los otros científicos en la sala estaban de acuerdo con que era perfectamente posible intervenir glaciares y recrearlos artificialmente después, como lo explicitara Marangunic y lo infiriera anteriormente Casassa.

El silencio que siguió pareció acercarse a la temperatura de un glaciar. Sólo un científico, después de un largo rato, dijo que años atrás en una asociación internacional de glaciología se había planteado crear un grupo de trabajo sobre esto, pero que se estimó que no era de interés científico el analizar soluciones ingenieriles a un sistema que funciona en base al medio ambiente natural.

Para quienes trabajan estos científicos: ¿para la empresa privada? ¿para el sector público? ¿para las mineras estatales? ¿para organismos internacionales? ¿para instituciones académicas? ¿para todos a la vez? ¿es esto ético?

Afortunadamente la voz de la ciencia no es una sola y hay otros científicos, como el Dr. Fernando Ferrando y la Ingeniera en Recursos Naturales Roxana Borquez, quienes han osado levantar la voz en defensa de los glaciares.

Pero cabe preguntarse el resto de los científicos chilenos, ¿en qué planeta viven?

Fuente: http://www.elquintopoder.cl/medio-ambiente/en-que-planeta-viven-los-cientificos/

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Contaminación y Zonas de Sacrificio

Columna opinión de Flavia Liberona Directora Ejecutiva de Fundación Terram publicada en blog Cooperativa el 04 de mayo 2015.

Desde hace ya tiempo que conocemos de la existencia de localidades como Punchuncaví, Quintero, Huasco, Tocopilla y Coronel que están afectadas por altos niveles de contaminación, no sólo atmosférica. Probablemente producto de ello, fue que el año pasado el ministerio de Medio Ambiente creó el Programa de Recuperación Ambiental y Social (PRAS) y como parte de dicha iniciativa en algunas comunas identificadas por dicha secretaría de Estado se crearían Consejos de Recuperación Ambiental y Social (CRAS), que contarían con participación de representantes de la comunidad, funcionarios de servicios públicos y municipalidades. Pero la puesta en marcha de dichos Consejos ha sido lenta no estando la mayoría de ellos implementados.

A fines del gobierno de Sebastian Piñera se promulgó el D.S. N° 20 del ministerio de Medio Ambiente, que derogó la norma anual de PM10 que se había establecido en el D.S. N° 59 del año 1998, mediante el cual se establecían dos normas para el material particulado denominado MP10, una norma diaria de 150 µg/m3 y una norma anual de 50 µg/m3.

La importancia de la norma anual radica por una parte en que sólo permite que exista una cantidad limitada de días en que se alcanzan límites máximos de norma diaria. Su importancia está ligada a la vigencia de los planes de descontaminación, pues varios de ellos se dictaron o está comprometida su dictación en función de la norma anual de MP10.

Por tanto al no existir norma anual de MP10, no es posible dar cumplimiento a los planes dictados en función de dicha normativa, tampoco elaborar nuevos planes en base a una norma inexistente y lo que es peor limitar los días del año que se alcanzan máximos niveles.

Probablemente por ello en diciembre de 2014 y tras el alegato de comunidades y Alcaldes de Zonas de Sacrificio (Puchuncaví, Tocopilla y Huasco) el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago por unanimidad resolvió derogar el D.S. N° 20 de 2013, es decir dictaminó que el proceso por el cual se había derogado la norma de MP10 era irregular y le ordenó al ministerio de Medio Ambiente abrir un nuevo proceso para la dictación de la norma MP10, proceso que aún no se inicia, al menos públicamente.

Además para proteger a la población le ordenó reponer la norma antigua, es decir el D.S. N°59, mientras se dicta la nueva normativa. Lo sorprendente de esta situación es que el ministerio de Medio Ambiente representado por el Consejo de Defensa del Estado en vez de acatar el fallo del Tribunal Ambiental, recurrió de casación ante la Corte Suprema, recurso que aún está pendiente de resolución. Y no se entiende cómo el gobierno pretende hacer recuperación ambiental y social sin la existencia de normativa, instrumento necesario para hacer gestión.

La gravedad de lo anterior radica en que desde de 2013 no contamos con una norma de MP10. El material particulado grueso o MP10 se caracteriza por ser origen natural o antropogénico y puede ser entendido como polvo en suspensión o resuspendido. Este se origina por tránsito en caminos pavimentados o no, por procesos industriales como minería o de la quema de leña para calefacción, entre otros. El de origen natural en cambio puede provenir de la erosión, pero también de erupciones volcánicas como las que hemos vivido en el último tiempo.

Actualmente existen suficientes antecedentes médicos que indican la incidencia en la salud de las personas que tiene este tipo de material particulado. Por ello, es difícil comprender las razones por las cuales nuestras autoridades no han repuesto al menos la norma del MP10 del año 1998.

Si bien sabemos que el actual gobierno ha generado un instrumento de utilización temporal denominado “alerta sanitaria”, que le permite hacer gestión frente a episodios críticos, parece ser del todo insuficiente dado los niveles de contaminación que afectan a algunas comunas del país, las llamadas Zonas de Sacrificio.

Situación que se torna más preocupante con los recientes hechos ocurridos en el país: incendios forestales, lluvias intensas en el norte que desataron una catástrofe, la cual tendrá como consecuencia mayor cantidad de polvo en suspensión, es decir MP10, y más recientemente con la erupción volcánica del Calbuco. La existencia de normativa si bien, no soluciona los problemas y menos aquellos ligados a fenómenos naturales, le entrega herramientas a la autoridad para gestionar y planificar, cosa que hoy no existe y parece ser importante.

Por ello, urge que nuestras autoridades ambientales repongan el D.S. N° 59 el cual contempla la norma anual de MP10; poder cuidar la salud de la población y tomar medidas para protegerla es un mandato que está en la Constitución y debería ser respetado. No queremos seguir sumando comunidades afectadas y municipios a las Zonas de Sacrificio ya existentes en nuestro país.

Fuente: http://blogs.cooperativa.cl/opinion/medio-ambiente/20150504094638/contaminacion-y-zonas-de-sacrificio/

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¿Por qué hay que declarar a los glaciares monumentos naturales?

Columna opinión de Javiera Espinoza Geógrafa de Fundación Terram publicada en El Desconcierto en el marco del Día de Tierra que se conmemora hoy 22 de abril 2015.

Además del cambio climático, los glaciares chilenos se encuentran amenazados por la actividad minera, intervención que ya tienen las compañías mineras como Barrick Gold, Codelco y Anglo American, que los están destruyendo para extraer minerales bajo ellos.

Los glaciares se encuentran en un evidente proceso de disminución por los efectos del cambio climático. El banco Mundial estima que los glaciares tropicales perderán entre 78% – 97% de su volumen, mientras que los glaciares australes disminuirán entre el 22% y 47% si la temperatura aumenta 2 °C. Además del cambio climático, los glaciares chilenos se encuentran amenazados por la actividad minera, intervención que ya tienen las compañías mineras como Barrick Gold, Codelco y Anglo American, que los están destruyendo para extraer minerales bajo ellos.

Chile es el país que mayor superficie de glaciares tiene en América Latina (una superficie aproximada de 23.000 km2), por lo que el pasado 20 de mayo (2014) ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de Ley que buscaba protegerlos por ser reservas de agua dulce para el consumo humano, y su rol en el mantenimiento de ecosistemas, qué en el evidente periodo de sequía -y cambio climático-, éstas reservas de agua resultan estratégicas para el futuro.

El 21 de mayo de 2014 la presidenta comprometió una ley de protección de glaciares. El Gobierno en respuesta a esto, a fines de marzo de 2015 envió al Parlamento un texto de ley (indicación sustitutiva) que reemplaza esta moción parlamentaria, no abordando la real protección de los glaciares, ya que menciona que “se protegerán los glaciares que se encuentren al interior de Parques Nacionales y Reservas de Regiones Vírgenes”. En la actualidad, los glaciares así como todas las especies que se encuentren al interior de estas categorías ya se encuentran protegidas, por lo que no hay ninguna novedad en este anuncio; por otro lado, nuestro país no tiene “reservas de regiones vírgenes” como categorías de protección, lo que sumado a lo anterior, hace dudar sobre el real interés de proteger a los glaciares.

La cantidad de glaciares que hoy se encuentra protegidos por estar al interior de áreas SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado) que incluye parques y reservas nacionales, además del Monumento Natural El Morado, es de 43,8%, quedando el 56,2% de glaciares en desprotección por estar fuera de estas zonas. De ese 43% de glaciares, la mayor concentración está en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes sumando entre las tres regiones 18.973 glaciares. El resto del país tiene 5.141 glaciares distribuidos en el territorio nacional. De estos hay 3.299 en las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, de los cuales sólo 4 se encuentran en el SNASPE, pero no en un Parque Nacional.

Las regiones más australes no concentran la mayor cantidad de población, pero si concentran la mayor cantidad de glaciares y también concentran la mayor superficie, ya que se incluye Campos de Hielo Norte y Sur. Es por esto que cuando se hace un análisis de superficie ya protegida por el SNASPE, los números no son representativos de la realidad de todo nuestro territorio, pues con Campos de Hielo la superficie ya protegida es de 83,5%, quedando sólo un 16,5% sin protección por no estar al interior de sitios SNASPE. El problema de ese 16%, es que esos glaciares que no están en el SNASPE están en sectores donde la minería pretende ampliar su producción, no compatibilizando una figura de protección para los glaciares, especialmente en el norte y centro norte. Aumenta la preocupación cuando estos glaciares son los que se ubican en sectores donde las precipitaciones ya son escasas, la sequía está declarada y los glaciares pasan a ser reservas de agua, no sólo de consumo potable para la población, sino que también para la agricultura y el mantenimiento de otras formas de vida.

La figura de protección que entrega el Gobierno no es solución cuando se redunda en proteger los glaciares que ya están protegidos. Lo necesario acá es proteger todos los glaciares de nuestro territorio, especialmente aquellos que se encuentran en la zona norte y centro norte, donde la sequía es evidente, el régimen de los ríos ha cambiado y no existe pronóstico científico favorable al revertir esta situación (ver Informe IPCC, 2014).

Junto con Greenpeace, Fundación Terram originó una propuesta para que los glaciares sean declarados Monumentos Naturales, figura de protección que establece la Convención de Washington y que Chile ratificó en el año 1967. De hecho, nuestro país tiene 16 sitios declarados Monumentos Naturales además de especies como la Araucaria, Huemul, Cóndor, Alerce por nombrar algunos. Esta figura de protección ya es conocida, fácil de entender y aplicar, por lo que consideramos que no tiene sentido alguno inventar nuevas figuras de protección que no nos entregan certeza de que la protección para los glaciares será efectiva.

Fuente: http://eldesconcierto.cl/por-que-hay-que-declarar-a-los-glaciares-monumentos-naturales/

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¿Realmente el Gobierno quiere proteger los glaciares?

Columna opinión de Flavia Liberona Directora de Fundación Terram, publicada en El Mostrador el 06 de abril 2015.

Antes de que nuestros glaciares desaparezcan producto de la actividad minera intensiva, de los efectos del cambio climático, o de la despreocupación de las autoridades de turno, el año pasado un grupo transversal de diputados, apoyados por organizaciones de la sociedad civil suscribió una moción parlamentaria que ingresó a trámite el 20 de mayo. Por su parte la Presidenta Bachelet anunció el 21 de mayo de 2014 una ley de protección de glaciares. Una vez instalada esta promesa en la agenda pública, hubo meses de debates internos entre Gobierno y Parlamento para dilucidar por cuál cámara ingresaría el proyecto del Ejecutivo, pues los senadores que años antes habían presentado mociones parlamentarias querían que fuese por el Senado, mientras los diputados presionaban por que fuese por su cámara. En este mismo periodo Greenpeace, realizó una campaña ciudadana y fundó la República Glaciar, en que muchos parlamentarios adhirieron a ella conformando la bancada Glaciar.

Así transcurrió el 2014, con voces desde la sociedad civil reclamando una ley para la protección efectiva de los glaciares de Chile y sin noticias sobre un texto legal que demostrara las reales intenciones del Gobierno. Pero durante los doce meses pasados hubo muchas intervenciones públicas del director de la DGA y del ministro de Medio Ambiente señalando la importancia de esta ley, y una y otra vez diciendo que pronto estaría listo el texto propuesto por el Ejecutivo.

En enero de 2015, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, en acuerdo con el Gobierno, abrió un plazo para ingresar indicaciones a la moción parlamentaria, plazo que culminó el 25 de enero y al que hicieron indicaciones cerca de 22 parlamentarios, las que curiosamente no fueron formalmente ingresadas. Por su parte, el Gobierno no cumplió y, por ende, no llegó con tan esperada propuesta. Para quien sabe algo del tema legislativo, resulta evidente la importancia de contar con un texto legal del Ejecutivo, pues el Gobierno es el único que puede asignar presupuesto a una ley. Y para proteger efectivamente los glaciares se necesita de presupuesto para personal adecuado, oficinas, realizar y/o encargar estudios independientes, etc.

Por ello puede ser comprensible que en marzo de 2015 varios parlamentarios liderados por el diputado Melo suscribieran un “acuerdo” con el Ejecutivo, el cual establecía los contenidos del proyecto que en pocos días él presentaría. Entre los parlamentarios firmantes están D. Melo, L. Soto, L. Lemus, P. Vallespín, M. Fernández, D. Pascal, M. Chávez, F. Meza, D. Cicardini, A. Molina y el senador Horvath. Y aunque el texto del acuerdo es bastante malo, algunos habrán pensado que era mejor esto que nada…, la verdad no lo sé.

Luego, el 10 de marzo, el Gobierno ingresó en la oficina de partes de la Cámara una indicación sustitutiva, el ministro de Medio Ambiente junto al director de la DGA, expusieron sobre el texto legal presentado el día 11 de marzo en la Comision de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, y se abrió plazo para indicaciones hasta el 27 de marzo. Lo curioso de todo esto es que no se dio cuenta en Sala del proyecto, según lo exige el trámite legislativo y tampoco la llamada indicación sustitutiva estuvo disponible en la web de la Cámara.

Realizadas las consultas pertinentes a la oficina de transparencia, supimos que no se había adjuntado el informe financiero al mentado proyecto y, mientras esto no ocurriera, no se podía tramitar. Pero finalmente el informe llegó y el día 31 de marzo se dio cuenta en la Sala, lo que corresponde es que ahora el proyecto pase a la Comisión de Medio Ambiente para su revisión y, sin duda, tendrán que abrir un nuevo plazo de indicaciones, pues recién en esta fecha la totalidad de los parlamentarios y ciudadanía pudieron conocer el texto enviado por el Ejecutivo. Ahora todos podrán conocer el texto y hacer un análisis, para saber si efectivamente protege los glaciares de Chile. Pero mi recomendación es revisar las últimas hojas donde se adjunta el presupuesto para dicha iniciativa, pues es allí, sin duda, donde se demuestra la voluntad del Ejecutivo para proteger los glaciares, ya que el presupuesto asignado para esta ley es de poco mas de 210 millones anuales.

Esperemos que en la tramitación legislativa el Gobierno se allane a manifestar una mayor voluntad de proteger este valioso patrimonio del cual depende, en gran medida, el abastecimiento de agua para poblados del norte y centro de nuestro país.

Fuente: http://www.elmostrador.cl/opinion/2015/04/06/realmente-el-gobierno-quiere-proteger-los-glaciares/

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La vergüenza del MP10

Columna de Flavia Liberona Directora de Fundación Terram publicada en portal Quinto Poder el 09 enero 2015.

El 2014 culminó con algunas buenas noticias, pues el 16 de diciembre, a pocos días que finalizara el año, el Segundo Tribunal Ambiental de Santiago por unanimidad resolvió derogar el D.S. N° 20 de 2013 (ver el Balance Ambiental  de Terram 2014 disponible en www.terram.cl.). Cabe recordar que dicho decreto fue promulgado durante la administración Piñera y eliminó la norma anual para material particulado conocido como MP10, lo cual según lo manifestado por el Tribunal y la Contraloría no corresponde. Según la regulación ambiental, una vez que se dicta una norma ésta debe someterse a un proceso de revisión y actualización cada 5 años, y esto fue lo que debió ocurrir con esta norma. Sin embargo en vez de hacer esta evaluación y poner una normativa más exigente, se derogó la norma anual con procedimientos bastante dudosos. En palabras del Tribunal, “el procedimiento de revisión de la norma de PM10 contiene una serie de vicios de ilegalidad de carácter esencial, por lo que ordenó al Ministerio de Medio Ambiente iniciar a la brevedad el proceso de actualización de la mencionada norma. Una vez que este fallo se publique en el Diario Oficial, y mientras no exista una nueva norma,  regirá nuevamente la norma PM10 establecida en el año 1998 en el D.S. N° 59 del Ministerio Secretaria General de la Presidencia”. Más claro echarle agua, pero por si esto fuera poco, meses antes la Contraloría General de la Republica ya había ordenado un nuevo proceso de revisión de la norma. Hay que señalar que tanto las reclamaciones ante Contraloría como las efectuadas al Segundo Tribunal Ambiental, fueron presentadas por representantes de organizaciones locales y municipios emplazados en zonas afectadas por altos niveles de contaminacion, es decir Zonas de Sacrificio entre las cuales están Puchuncaví, Huasco y Tocopilla.

Para que entendamos bien de lo que estamos hablando,  en el caso del MP10 existen o existían dos normas para el mismo contaminante,  una diaria y otra anual. Según el D.S N° 59 del año 1998 que luego fue modificado el año 2001 por el DS N°45, quedó establecido que la norma diaria para MP10 era de 150 µg/m3N y que la norma anual para el contaminante Material Particulado Respirable MP10, era  de cincuenta microgramos por metro cúbico normal (50 µg/m3N). Esto  en la práctica permite limitar el número de días con alta contaminación,  lo que es muy importante considerando que la norma diaria chilena es bastante laxa si revisan las directrices de la OMS, pues ellas  señalan que la norma para MP10 debería ser 20 µg/m3N como norma anual y 50 µg/m3N como norma diaria o cada 24 hrs.

Tomando en consideración todo esto, resulta evidente que si se elimina la norma anual, las empresas pueden contaminar más y los personas debemos soportarlo, poniendo en riesgo nuestra salud. Pero no sólo eso, pues varios planes de descontaminación vigentes o que están prontos a iniciar su elaboración,  están basados en la norma anual de PM10 y por tanto si esta no existe, los planes tampoco. Esto es extremadamente riesgoso en las Zonas de Sacrificio,  donde sabemos que la existencia de peak de contaminación es algo frecuente, fue por ello que estas comunidades y sus Alcaldes se movilizaron para invalidar el D.S. N° 20 dictado a fines del gobierno de Piñera.

Pero algo extremadamente vergonzoso y que no tiene explicación alguna acaba de ocurrir, el 5 de enero de 2015, el Consejo de Defensa del Estado en representación del Ministerio de Medio Ambiente, recurrió de Casación al fondo del fallo del Tribunal Ambiental que le ordenó al Ministerio iniciar un nuevo proceso de revisión de la norma y mientras tanto reponer la norma antigua.  O sea, están pidiendo que se invalide el fallo que ordena reponer una norma que protege a todos los habitantes del territorio nacional.

 ¿Qué le pasa al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio de Medio Ambiente? La verdad no comprendo, pues nuestra Constitucion nos garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, cosa bastante difícil de cumplir como hemos visto en los hechos. Pero le guste o no, el Estado tiene el deber de cumplir con ello y por ende, tanto el Consejo e Defensa del Estado como el Ministerio de Medio ambiente deberían celebrar la Sentencia del Segundo Tribunal Ambiental, pues al acatarla tienen la maravillosa oportunidad de hacer las cosas bien y lo que es mejor aun proteger a la población. Pero…. lamentablemente no es así y una vez más somos testigo de cómo instituciones públicas en particular la que debe defender los intereses del Estado y la que debe proteger el medio ambiente, se pone del lado de la contaminacion y con ello de las grandes empresas de transporte, de las termoeléctricas y por supuesto de las mineras. La verdad no tengo palabras para expresar lo frustrante que esto resulta, pareciera que a nuestras autoridades poco les importa seguir aumentando las Zonas de Sacrificio en Chile, como tampoco estar ad portas de iniciar una evaluación de desempeño ambiental ante la OCDE donde claramente tendremos poco que mostrar. Esto es un “balde” de contaminacion para iniciar el año y  lo único que podemos desear es que el recurso de casación presentado por nuestras autoridades no prospere.

Fuente: http://www.elquintopoder.cl/medio-ambiente/la-verguenza-del-mp10/

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Otra mirada al tema ambiental como desafío para el 2015

Columna de opinión de Javiera Espinoza Geógrafa de Fundación Terram publicada en portal Quinto Poder el 07 de enero 2015.

Es habitual que al final del año se haga una evaluación de temas, mirar al futuro determinando los desafíos que se vienen para concretar los temas inconclusos que el año que culminó no logró concretar (ver Balance Ambiental 2014 de Fundación Terram). Si bien da la impresión de ver más gente en las calles utilizando bicicleta, separando su basura y demandando más puntos de reciclaje y los niños al parecer comprendiendo la importancia de proteger los bosques, lo cierto es que el tema ambiental va mucho más allá de lo que como ciudadanos podamos avanzar en nuestras prácticas cotidianas.

Avanzar en más y mejores políticas públicas en materia ambiental es de vital importancia para construir un mejor país y un mejor futuro. Los temas ambientales, aunque cueste entender, van de la mano con la calidad de vida de las personas. Es vital que nuestro cuerpo pueda respirar aire limpio para su buen funcionamiento, tener agua potable o limpia para el consumo básico, acceder a alimentos de calidad que nos entreguen los nutrientes necesarios. Todo esto sin mencionar la felicidad de disfrutar de un área verde, mucho mejor si es un bosque nativo, una playa del norte, o un bello paisaje del cual nuestro país tiene diversidad suficiente gracias a su geografía. Todo eso depende de la salud de los ecosistemas y de cómo manejemos el territorio.

Se fue el 2014 sin encontrar grandes avances en materia ambiental para el país. El año que se fue comenzó con las promesas de legislar sobre los glaciares, la biodiversidad, energía, abordar el cambio climático, la basura, ordenamiento territorial, entre otros. En el parlamento comenzaron a discutirse proyectos de ley, se establecieron mesas de trabajo, sin embargo es lamentable ver cómo estos avances se estancan por la falta de voluntad política, el lobby que realizan los sectores económicos y las campañas comunicacionales que abordan la crisis económica indicando que no alcanzamos los números deseados. Finalmente el tiempo trascurrió sin comprender la urgencia en abordar vacíos legales o administrativos que lo único que hacen es llevarnos a agudizar conflictos socioambientales, aumentar la injusticia ambiental y perjudicar a las clases socioeconómicas con menos capacidad de judicializar los problemas.

El error recurrente del Estado ha sido congraciarse con el sector privado; profundizar un modelo extractivista y concesionar todo lo que se pueda concesionar. Claramente hay materias en las que existe ausencia del Estado en el rol más básico, como planificar el territorio (el territorio-nación que debe administrar). La utilización del territorio de manera “espontánea” dejándola en manos del mercado, hoy nos lleva a una serie de conflictos, comunidades con desconfianza creciente hacia los tomadores de decisiones y las empresas, a la vista de que “acelerando la economía” las comunidades y las futuras generaciones tengan que sacrificar su calidad de vida.

El concepto “el que contamina paga” cuando se extraen recursos naturales a tasas que superan la regeneración de éstos, es el mal camino y hay que detenerlo. El cobre, los peces, los bosques, los glaciares, los ríos, todo se agota y es evidente. Un modelo de desarrollo primario-exportador no es lo adecuado para Chile, no es lo que queremos, más aun cuando nuestra población aumenta y nos enfrentamos a una crisis climática global.

El desafío de tener un país de avanzada implica ser coherentes y pensar el futuro de un país.Necesitamos mayor ambición, rapidez y eficiencia en la gestión de las discusiones. Necesitamos voluntad política para avanzar y construir un país con estándares ambientales mejores que busque proteger sus valiosos recursos naturales, pero  también que entienda quelos temas ambientales no pueden esperar porque son un derecho y un deber del Estado “preservar la naturaleza” y lo debemos exigir.

Desde Fundación Terram esperamos que en el año 2015 la temática ambiental tenga mayor importancia, pero no por conflictos o flexibilización de políticas, al contrario, queremos que se destaque porque hemos mejorado los estándares de protección ambiental tanto de los ecosistemas como de los habitantes del territorio nacional. Con esto queremos decir que no sólo necesitamos fortalecer la institucionalidad ambiental, sino que también se logre comprender que como sociedad no tenemos futuro si es que no nos concentramos en tener una administración justa del territorio y sus componentes, ya que estos sostienen la vida y las actividades que se desarrollan en el país.

Fuente: http://www.elquintopoder.cl/medio-ambiente/otra-mirada-al-tema-ambiental-como-desafio-para-el-2015/

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Cambio Climático: Fracaso en Lima pero esperanzas para París

Columna opinión de Javiera Espinoza Geógrafa Fundación Terram.

Concluye la Conferencia de las Partes número 20 bajo el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Si bien las expectativas de la sociedad civil estaban centradas en que de éste proceso se obtuviera un borrador “robusto” que será el nuevo acuerdo climático que reemplace al Protocolo de Kioto, el cual debería ser suscrito el próximo año en París. Los resultados, no estuvieron a la altura y fueron por cierto, bastante cuestionados, pues lo mínimo era tener un borrador que determinara una cifra de reducción de emisiones y que definiera cuáles serán las contribuciones con las que los países aportaran, para abordar los efectos del cambio climático, entre otros puntos.

Todo esto, tenía como telón de fondo el llamado de alerta que el IPCC (Panel Intergubernamental de Cambio Climático) hizo en su último iInforme para que los gobiernos tomen medidas urgentes, así como la presión de la sociedad civil, tanto en aspectos técnicos y propios de la negociación como a través de las masivas manifestaciones que se realizaron en varias partes del mundo en septiembre de este año. Pero pese a todo el esfuerzo desplegado en Lima nada significativo se logró, obteniendo un texto general y poco robusto que no tiene medidas concretas, mucho menos ambiciosas y vinculantes.

Pese a las débiles señales obtenidas, aún queda todo el 2015 de negociaciones, en que pedimos mayor compromiso para disminuir las emisiones, comprometer financiamiento y tomar medidas concretas en adaptación, mitigación y transferencia tecnológica que permita avanzar en lograr un real acuerdo en París el año 2015.

Aunque la generalidad de los resultados en la COP20 de Lima deja una percepción de fracaso, amerita un reconocimiento el esfuerzo de nuestro país en el bloque negociador denominado Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe, AILAC, junto con otros 5 países de América Latina. Este grupo demostró mayor ambición respecto a otros grupos negociadores, estando en sintonía con varios lineamientos provenientes de la sociedad civil, lo que merece un reconocimiento al esfuerzo, apertura y liderazgo de los negociadores. Sin embargo, se necesita que muchos otros países tengan el mismo enfoque ambicioso que impulse a lograr un acuerdo y la implementación de medidas urgentes que efectivamente impidan superar el aumento de temperatura media mundial en 2 °C para fines de este siglo.

Desde Fundación Terram esperamos que el gobierno sea coherente entre el desarrollo e implementación de las políticas públicas nacionales y los compromisos internacionales. Además es necesario que se avance a nivel nacional en generar acciones y medidas concretas, que cuenten con financiamiento y permitan abordar la adaptación al cambio climático, este es un tema prioritario para Chile al ser país vulnerable.

Lo que queda del proceso internacional para llegar a París será intenso y de ello depende que no fracasemos como humanidad en frenar el evidente daño que estamos haciendo al planeta, sus especies y a nosotros mismos, especialmente a los grupos más vulnerables que son los que más sufren los efectos del cambio climático. Como organización de sociedad civil seguiremos presionando para lograr los cambios necesarios, cambios que necesitamos para que los seres humanos podamos continuar habitando este planeta, el que cada día nos demuestra que está más dañado y que necesita de líderes conscientes de ello.

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El futuro del clima en #LimaCOP20

Columna de opinión de Javiera Espinoza geógrafa de Fundación Terram publicada en portal El Quinto Poder 09 de diciembre 2014.

La temperatura media del planeta ha subido 0,9 °C en los últimos 150 años; la deforestación y derretimiento de los hielos es alarmante y las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) el año 2013 está 142% más alto que en la era preindustrial (antes de 1750) alcanzando las 390 ppm[1], siendo que 350 ppm es el límite máximo seguro de CO2 en la atmósfera [2]. Con estos antecedentes como telón de fondo desde el 1° al 12 de Diciembre se está realizando en Lima-Perú la Conferencia de las Partes número 20 (COP20) bajo el Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. En esta ocasión y por primera vez, un presidente de chileno asistirá a esta importante reunión.

La trascendencia de la COP20 radica en que los gobiernos -dentro de los cuales se encuentra Chile- y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para reducir los efectos del cambio climático, aunarán esfuerzos para conseguir que se sienten las bases para fijar un nuevo Protocolo. Este nuevo Protocolo debería establecer compromisos vinculantes y reemplazará al fracasado Protocolo de Kioto. El nuevo acuerdo mundial debería suscribirse en la COP21 que se realizará en París el año 2015. Es importante precisar que sin la colaboración integral de los distintos actores será imposible abordar los efectos del calentamiento global y cambio climático, estos fenómenos nos afectan a todos (gobiernos, sector privado y sociedad civil) y por ello es urgente lograr un acuerdo que nos permita frenar las emisiones GEI y con ello cambios en el clima mundial, para poder adaptarnos.

Es evidente que los países tienen responsabilidades comunes en lo que a cambio climático implica, pero ellas son diferenciadas, pues no son comparables las emisiones de gases efecto invernadero de Estados Unidos y China que juntos emiten aproximadamente el 45% de las emisiones globales con Chile que emite el 0,26% de GEI.

La voz de alerta y la exigencia de acuerdos robustos y ambiciosos han venido desde la sociedad civil, en septiembre pasado miles de personas salieron a las calles a manifestarse pidiendo “acción climática” en el desarrollo de la Cumbre del Clima celebrada en Nueva York. En esta misma ciudad, más de 400.000 personas se manifestaron con el objetivo de llamar la atención a los tomadores de decisiones ahí reunidos y exigir acuerdos sustanciales. Por ello, que la sociedad civil participe también en las COP no hace más que equilibrar y transparentar un proceso de negociación internacional con el objetivo de lograr mayor ambición para alcanzar un próximo acuerdo justo y vinculante para los países de manera equitativa.

Es evidente que los países tienen responsabilidades comunes en lo que a cambio climático implica, pero ellas son diferenciadas, pues no son comparables las emisiones de gases efecto invernadero de Estados Unidos y China que juntos emiten aproximadamente el 45% de las emisiones globales con Chile que emite el 0,26% de GEI. Nuestro país emite “poco” comparado con otros países como China, sin embargo, nuestras emisiones per cápita alcanzan 4,2 toneladas de CO2 equivalente (tCO2eq) [3] y los recientes resultados de MAPS-Chile[4] estiman que para el año 2020 sea de 5 tCO2eq y para el año 2030 de 8 tCO2eq por habitante, donde el alza es una tendencia evidente. Pero el problema de Chile no son sus emisiones, nuestro problema es que somos un país vulnerable y debemos generar acciones de adaptación.

Desde Fundación Terram entendemos que para abordar el cambio climático en esta COP20 se necesita de la colaboración de todos los Gobiernos para que las negociaciones lleguen a buen puerto y permita disminuir las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y con ello, no superar el aumento en 2 °C para fines de este siglo (incluso hoy en la COP ya se está hablando de no aumentar 1,5 °C) y así dar una oportunidad al planeta y a las futuras generaciones. Bajo esta óptica, estamos esperanzados en que la postura de Chile pueda tomar una postura ambiciosa que guie a otros Gobiernos a tomar el ejemplo en materia internacional.

A su vez, esperamos que esta agenda permita tener una coherencia con las políticas públicas nacionales que de manera trasversal aborden el cambio climático con un desarrollo bajo en carbono: ejemplo de ello debería de ser mayor ambición para la reducción de sus emisiones y transición gradual desde los combustibles fósiles hacia las ERNC para alcanzar una matriz limpia al 100% para el año 2050.También que nuestro país se comprometa con políticas públicas que busquen la protección efectiva a los glaciares y la biodiversidad.

El Ministro de Medio Ambiente se comprometió a entregar la propuesta de las “contribuciones nacionales” el 17 de diciembre próximo, la cual será sometida a un proceso de consulta pública en la que esperamos aportar como sociedad civil. Esto debería de ser ejemplo para que otros países también adopten mecanismos de participación y transparencia en este proceso.

Fuente: http://www.elquintopoder.cl/medio-ambiente/el-futuro-del-clima-en-limacop20/