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Coherencia ambiental de la visita del Papa Francisco

En enero de 2018 el Papa Francisco recorrerá nuestro país, visitando las ciudades de Iquique, Temuco y Santiago. Como es de suponer, esta visita necesitará un nivel de logística importante, no sólo en términos de seguridad, sino que también para poder recibir a un gran número de visitantes. Esto implicará que la organización del evento tome una serie de medidas que hagan posible la acogida de miles de personas en nuestro país.

El Papa Francisco es un líder de opinión de carácter religioso que ha promovido el cuidado de la naturaleza y la acción climática, haciendo un llamado de atención a los líderes políticos, especialmente en materia de cambio climático, de modo previo al Acuerdo de París. Basta mencionar que el calentamiento global es un fenómeno que afecta a todo el mundo, sin importar la nacionalidad, clase social o credo religioso.

El Papa Francisco ha relevado las consecuencias de la acción humana en la contaminación y destrucción del planeta, en su Encíclica Laudato Si’ (LS). Propone una conversión ecológica, acorde a los límites de nuestro planeta y atento al fenómeno del cambio climático: “La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, producción y consumo” (LS 23).

consumo desmedido es, según el Papa, una de las causas de la degradación del planeta.“Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables (…) la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería” (LS 21).

Frente a esta visita, algunas organizaciones nos sentimos preocupadas de que como la venida de un líder tan reconocido como el Papa, deje como saldo final un gran problema para el país y que sea una responsabilidad que nadie asuma. No sólo hablamos de las enormes cantidades de basura que generará cada uno de los eventos, sino que también del despliegue en contingente de seguridad que un líder de esta envergadura requiere, la cobertura comunicacional y la logística, entre otros aspectos. Todo esto implica una gran “huella de carbono” o contaminación que será generada por este inmenso despliegue, además del masivo traslado de personas que también aporta al saldo final.

La “Huella de carbono” es el rastro o equivalente en CO2 que se genera al realizar cualquier actividad. En definitiva el despliegue para esta visita tendrá una huella altísima, lo que se traduce básicamente en contaminación. En este caso creemos que sería lógico que la vista del Papa considerara ser de “emisiones cero”, pues en su Encíclica él promueve que debemos dejar de contaminar: “La acción política local puede orientarse a la modificación del consumo, al desarrollo de una economía de residuos y de reciclaje” (LS 180).

Sería lógico que el Gobierno y la Iglesia Católica se preocuparan de este tema, no solo por validar la firma y ratificación del Acuerdo de París, sino también por la coherencia en recibir a un líder que predica una fuerte ética hacia el cambio climático.

Este tema puede ser subsanado si se aplican medidas organizacionales que ayuden a contrarrestar la contaminación que se generará. Esto es lo que se denomina ser “Carbono neutral”, lo que implica que las “Emisiones” generadas puedan ser cero si se busca:

1) Reducirlas inicialmente por medidas lógicas como ocupar el transporte público, aerolíneas que contaminen menos, reducción, reutilización y reciclaje de la basura generada, entre otras.

2) Que las emisiones generadas se puedan compensar con medidas como la reforestación con especies nativas.

La Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile y Fundación Terram, somos organizaciones que están convencidas de que la Iglesia Católica, tanto como el Gobierno, tienen una tremenda oportunidad política de mostrarse coherentes con una vista “Carbono neutral” entre el discurso de nuestro visitante y el Acuerdo de París que Chile ha ratificado.

El llamado es que con el esfuerzo de todos y todas, evitemos que esta visita del Papa a Chile se convierta en un “Depósito de porquería”.

Javiera Valencia – Geógrafa Fundación Terram

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La urgencia de transitar hacia un desarrollo bajo en carbono y socialmente más igualitario

Desde la revolución industrial las emisiones de gases efecto invernadero han ido aumentando, provocando el incremento de la temperatura en el planeta. El Quinto Reporte del IPCC indica que este aumento de las emisiones antropógenas de estos gases son resultado del crecimiento económico y demográfico, actualmente mayores que nunca, alcanzando concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso sin semejanza en los últimos 800 mil años. En otras palabras, el aumento de la actividad industrial confundió el “desarrollo” con la degradación del ambiente, el aumento de contaminación y la extracción sin límite de bienes naturales.

Necesitamos cambiar nuestro modo de relacionarnos con el planeta. Hoy los fenómenos naturales, que tienen en alerta a Naciones Unidas, responden al cambio en los patrones climáticos, conocidos desde hace más de 20 años, es por esto que en 1992 ya se instauraba la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la que en el año 2015 logra el Acuerdo de París como nuevo régimen climático global, tras el fallido Protocolo de Kioto.

Sin embargo, tener un acuerdo climático internacional no es la única solución al problema. Hay que cambiar la lógica de lo que entendemos por desarrollo, donde el crecimiento en los indicadores de rentabilidad y producción, además del patrón de acumulación de la riqueza no significa en el caso de Chile que exista una justa redistribución, mejores condiciones de habitabilidad y calidad de vida en el grueso de la población. El acceso a la educación y/o salud, o incluso más, el cumplimiento de los derechos humanos.

El enfoque primario extractivista que persigue exportar materias primas como cobre, litio, celulosa, salmones, harina de pescado por mencionar algunos, no hacen más que abusar de los bienes naturales (suelo, agua, aire, mar) que tenemos en nuestro territorio sin redistribuir los beneficios económicos que se obtienen a partir de ellos.

La extracción de bienes naturales necesita de energía para movilizar la industria, y efectivamente este sector productivo concentra y demanda la mayor cantidad de energía del país. La cual en Chile proviene en un 58% de fuentes sucias como combustibles fósiles (gas, petróleo, carbón, etc.) o 30% de hidroelectricidad. Ambos tipos de energías tampoco contribuyen a que nuestro modelo de desarrollo sea un modelo “limpio”, pues de alguna u otra manera se genera contaminación por la quema de combustibles, o inundación de bosques que absorben CO2.

Por otro lado, el extractivismo en Chile no paga royalty como en otros países, además de que genera muy poco o casi nulo encadenamiento productivo con sectores de innovación, investigación, ciencia y tecnología que permitan generar mejores y más empleos. El extractivismo hoy en día está produciendo cada vez más conflictos socioambientales y descontento ciudadano. También es necesario mencionar que las actividades productivas extractivas se ven afectadas por algunas crisis ambientales o los vaivenes de la economía internacional.

Este modelo de desarrollo no es “sustentable” ni ambiental, ni económica, ni socialmente hablando. Es un modelo que está en crisis, que se podría agudizar si es que los impactos del cambio climático se intensifican, al no migrar hacia economías de desarrollo bajo en carbono como lo indica el Acuerdo de París.

Si bien es cierto que la energía y electricidad moviliza cualquier modelo de desarrollo, es vital migrar a una matriz limpia en base a fuentes renovables, ya que en el caso de Chile, el 77% de nuestras emisiones de gases efecto invernadero provienen del sector energía (electricidad y transporte).

Además de tener una matriz limpia, es necesario transitar hacia un modelo que sea más igualitario con los habitantes, más responsable con el territorio y el uso de las materias primas, vislumbrando más allá de la acumulación de riquezas para unos pocos en el corto plazo, sino que también esté basado en la idea de que los bienes comunes no son infinitos y que nuestro actuar en sociedad nos responsabiliza y nos interpela a construir un país responsable con las generaciones futuras.

Es urgente replantearnos como transitar hacia un desarrollo bajo en carbono dada la vulnerabilidad que tenemos con respecto a los impactos del cambio climático. Un país que basa su economía en bienes naturales está simplemente hipotecado su futuro si es que no replantea políticas públicas de acuerdo a lo que la ciencia indica en este escenario de calentamiento global.

Javiera Valencia – Fundación Terram
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¿Por qué es posible 100% de Energía Renovable No Convencional al 2050?

Las energías limpias eran tildadas de utópicas hace pocos años atrás. Basta con recordar la discusión que se generó con el mega proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, cuando mencionábamos las energías renovables no convencionales (ENRC) como alternativas a la supuesta demanda energética en el año 2008.

Con el paso del tiempo, su nivel de competitividad ha aumentado, bajando sus valores al punto que en enero de este año Bloomberg indicó que mundialmente la energía solar es la forma más barata de producir electricidad, compitiendo directamente con combustibles fósiles (gas y carbón), incluso llegando a ser más económica que la energía eólica.

Las energías sucias generan muchas externalidades negativas: con sus emisiones producen gases efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, causan enfermedades producto de la contaminación, además destruyen ecosistemas, generan escasos y precarios puestos de trabajo, empeoran la calidad de vida a miles de millones de personas a nivel mundial.

Se estima que el carbón es responsable de un cuarto de las emisiones de gases efecto invernadero en el mundo, problema que actualmente tiene a la comunidad científica y a Naciones Unidas en la línea de limitar dichas emisiones para evitar que el cambio climático siga generando estragos, pues las pérdidas económicas, sociales y ambientales son cuantiosas.

En Chile, nuestra matriz eléctrica tiene una capacidad instalada de un 56% de energías sucias (petróleo, gas, carbón, a diciembre de 2016), donde el sector energía aporta con el 77,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero nacional. Destaca, entre ellas, particularmente el uso del carbón -que está asociado a las Zonas de Sacrificio-, ya que no tiene regulación alguna porque no es considerado combustible. Lo que llega a sonar irónico, teniendo en cuenta que Chile ya firmó y ratificó el compromiso climático internacional llamado “Acuerdo de París”, que busca limitar el aumento de temperatura del planeta en 1,5 grados, en que eliminar las energías sucias es parte de la solución.

El gobierno, de manera conservadora, indica en su política energética que el objetivo es tener una matriz eléctrica compuesta de energías renovables en un 70% para el año 2050 (esto incluye hidroelectricidad a toda escala). Incluso, desde el sector empresarial califican  esta cifra como conservadora, ya que afirman que es técnicamente posible alcanzar el 100% de energías limpias al 2050, si existiese voluntad política para ello.

En ese sentido, desde la Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático, estamos convencidos que aspirar a tener una matriz eléctrica 100% de ERNC es a lo que nuestro país debe realizar y estar en línea con el Acuerdo de París.

Las ERNC ya ocupan un 18% de la capacidad instalada de Chile (cuando en el año 2006 era solo un 1%). Abandonar las energías sucias está en la línea de los países desarrollados a los cuales nos gusta admirar, en el mismo sentido de avanzar con la eficiencia energética y electrificación de sectores, como transporte y calefacción. No tener una matriz limpia es consecuencia de falta de voluntad política en un país donde el potencial eléctrico en ERNC es reconocido a nivel mundial y donde la factibilidad técnica y viabilidad económica hoy lo permiten.

El cambio climático ya es una realidad palpable por todos, con las sequías, aluviones, pérdidas de cosechas, aumento del nivel del mar, por mencionar solo algunos efectos que se traducen en pérdidas económicas muy grandes para los Estados y los grupos humanos más vulnerables. Por ello, contrarrestarlo, pasa por aumentar la ambición de la política pública, la que además influye en que los ciudadanos estemos más informados para impulsar esos cambios.

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Termoeléctricas a carbón: El sacrificio de comunidades y ecosistemas

En Chile, entre el 19 y el 22% del total de la matriz eléctrica funciona en base a carbón, no obstante, a pesar de su alta presencia, en nuestro país este mineral se utiliza sin regulaciones, pues no está catalogado como combustible sólido en nuestra legislación, lo que impide establecer limitaciones y normativas a su uso, explotación, transporte y acopio.

El carbón es un recurso natural no renovable, utilizado como combustible para la generación de electricidad a través de centrales termoeléctricas, las cuales pueden originar daños irreversibles en la salud de las personas y ecosistemas que los rodean.

En el planeta existen aproximadamente 8.175 plantas termoeléctricas a carbón y otras 733 en construcción, lo que genera alrededor del 40% de la electricidad total producida a nivel mundial.

En Chile, entre el 19 y el 22% del total de la matriz eléctrica funciona en base a carbón, no obstante, a pesar de su alta presencia, en nuestro país este mineral se utiliza sin regulaciones, pues no está catalogado como combustible sólido en nuestra legislación, lo que impide establecer limitaciones y normativas a su uso, explotación, transporte y acopio. Esta realidad, entre otras, deja a las comunidades a merced de la “buena voluntad” de las empresas involucradas, las que han demostrado no estar precisamente muy preocupadas por los múltiples daños que generan. Por su parte, a través de los años, los gobiernos de turno han exhibido un discurso aparentemente de corte ‘ambientalista’, pero a la hora de aprobar proyectos contaminantes o seriamente cuestionados por las comunidades y especialistas, no titubea, sino que profundiza los impactos ambientales locales. Sin ir más lejos seguimos usando carbón sin regulación.

Por si esto fuera poco, las plantas termoeléctricas no cuentan con regulación respecto del tipo de tecnología a utilizar y su vida útil, solo respecto a sus emisiones, existe desde 2011 una norma que ha sido de muy lenta implementación.

La ausencia de normativa para el carbón y para las centrales que lo usan impacta la salud de las personas y deterioran el medio ambiente, vulnerando derechos fundamentales y generando verdaderas Zonas de Sacrificio. Estas últimas son territorios con alta concentración industrial, en especial con este tipo de centrales, que además, deterioran los ecosistemas marinos, terrestres, la flora, fauna, la calidad de vida y economías locales.

A raíz de esta situación es que las comunidades afectadas decidieron reunirse recientemente -noviembre- en un encuentro nacional efectuado en Puchuncaví, precisamente una de las más antiguas Zonas de Sacrificio del país. El objetivo del llamado “Cónclave” fue compartir experiencias, establecer estrategias, fortalecer redes y acción conjunta por un medio ambiente libre de contaminación.

“La contaminación ambiental es un problema que nos afecta a todos y todas, incluso de quienes no están al tanto o no se sensibilizan, ya que las enfermedades generadas no distinguen entre seres humanos, flora o fauna”, señala la declaración emanada del encuentro.

El diverso origen de las organizaciones y comunidades convocadas al Cónclave son una muestra palpable de la cantidad de conflictos socioambientales que el Estado no ha sabido sobrellevar en Chile. Es por ello que dada la diversidad de origen de los asistentes -Tocopilla, Mejillones, Copiapó, Huasco, Limache, Valparaíso, Totoral, El Melón, Calera, Quillota, Putaendo, Quintero-Puchuncaví, Petorca, Ritoque, Mantagua, Santiago, Cajón del Maipo, Coronel- es que resulta importante destacar sus testimonios, experiencias de trabajo y conocimientos compartidos. En definitiva, el desafío es lograr recomponer el tejido social entre las comunidades, unidas por conflictos que tienen una misma raíz: el modelo de desarrollo, exclusivamente centrado en el crecimiento económico y en detrimento de la población y el medio ambiente.

Por Camila Escanilla, periodista en Fundación Terram.

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Acuerdo de Kigali: El triunfo global contra los gases de efecto invernadero

Por Ricardo Bustamante, Encargado de Comunicaciones en Fundación Terram.

La capital de una de las naciones más pobres del mundo, Ruanda, protagonista de un trágico historial de genocidio en los años 90, hace unos días fue escenario de un histórico acuerdo internacional en combate contra el cambio climático y el calentamiento global.

Se trata del llamado Acuerdo de Kigali, enmienda al Protocolo de Montreal (1987) sobre la protección de la capa de ozono, y que determinó -este 15 de octubre- la eliminación progresiva de los hidrofluorocarburos (HFC), gases de efecto invernadero, usados en frigoríficos y aparatos de aire acondicionado, considerados muy nocivos para el medio ambiente.

A ciencia cierta, las naciones desarrolladas deberán reducir su producción y consumo de HFC un 10% antes de finales de 2019, en relación a los niveles de 2011-2013, y un 85% antes de 2036. Un segundo grupo de países “en vías de desarrollo”, entre ellos China y los africanos, se comprometieron a iniciar su transición en 2024. Deberán alcanzar una reducción de 10% con respecto a los niveles de 2020-2022 para 2029 y de 80% para 2045. Y los “países en desarrollo”, incluidos India, Pakistán, Irán, Irak y los países del Golfo, acordaron empezar en 2028, para llegar a una reducción de 10% con respecto al periodo 2024-2026 en 2032 y de 85% en 2047.Además, los representantes de 190 países del orbe, incluido Chile, acordaron que los países ricos están llamados a actuar antes y con mayor rapidez que los pobres.

La organización internacional Climate Action Network (CAN), red a la que pertenece Fundación Terram, calificó el acuerdo como “un paso crucial hacia la restricción del calentamiento global y la acción climática más grande del año”. Ello, solo semanas antes que tenga lugar la próxima cumbre de negociaciones climáticas a nivel mundial, la llamada Conferencia de las Partes, en su versión 22 en Marruecos, y que en cuanto al objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5° C, va en consonancia con lo logrado precisamente en Kigali, que de cumplirse, la reduciría en 0,5° C.

Si bien, el panorama sobre las negociaciones climáticas viene mejorando, ello no puede dejar de soslayar la importancia que tiene que países, como Chile, eleven sus contribuciones nacionales (INDC) y aceleren los procesos de aprobación parlamentaria de sus metas. Lo que Chile aún adeuda, ubicándose por detrás de la mayoría de sus países vecinos en Latinoamérica, e incluso a la zaga de los grandes contaminantes del planeta, China y Estados Unidos.

Desde que el Protocolo Montreal entró en vigor en 1987 -del cual Chile fue uno de los primeros firmantes- las concentraciones atmosféricas de los CFC (clorofluorocarbonos) más dañinos, así como de los hidrocarburos clorados, se han estabilizado en clara tendencia a la baja, consolidándose como un ejemplo de éxito en materia de cooperación internacional a favor del medio ambiente.

Fuente: codexverde.cl

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El lento compromiso internacional de Chile con el Cambio Climático

El pasado 20 de Septiembre durante la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York, la presidenta Michelle Bachelet suscribió a nombre de Chile el Acuerdo de París. Este aborda a nivel internacional el nuevo régimen climático que pretende no aumentar la temperatura del planeta en más de 2° C hacia fines de siglo. Sin embargo, la firma de la Presidenta es un primer paso y no implica la ratificación del mismo por parte de nuestro país, ya que este compromiso debe ser aprobado por nuestro Parlamento.

El Acuerdo de París logrado en diciembre de 2015, representa un cambio en la política climática mundial. A la fecha, ha tenido un gran respaldo debido a la cantidad de países que ha adherido a este Convenio Internacional con su firma y ratificación. Para que el Acuerdo entre en vigor se necesita dos aspectos: a) que se suscriba y ratifique por más de 55 partes (miembros) la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático; y b) que las partes que suscriban y ratifiquen sumen entre si más de 55% de las emisiones totales a nivel mundial. Al 23 de septiembre, había 191 firmas del Acuerdo, pero sólo la ratificación de 61 estados, equivalente al 47.79% de las emisiones globales de gases efecto invernadero.

China y Estados Unidos -dos de los principales contaminantes- ya se incorporaron a este proceso, por lo que solo falta la suma de pequeñas partes/estados contaminantes ratifiquen el Acuerdo de París para aplicar la urgencia que el planeta necesita a frenar el aumento de la temperatura mundial.

Desde Fundación Terram consideramos que este es un tema urgente  y por ello nos preguntamos cuándo será enviado el Acuerdo al Parlamento para que este sea ratificado. Si bien Chile emite un 0,26% de las emisiones globales, justamente la suma de las partes puede generar el delta necesario para el cambio que el planeta necesita. Nuestro país no está lejano de los efectos del calentamiento global, aún más, su vulnerabilidad aumenta no solo por nuestra especial geografía, sino que también por el gran nivel de desigualdad socioeconómica que tenemos, variable que resalta la OCDE en su informe de Desempeño Ambiental entregado en Julio de este año para nuestro país en materia de cambio climático.

La crisis climática mundial requiere de urgencia y es necesario que nuestros tomadores de decisiones actúen a la altura de las circunstancias; grandes líderes mundiales ya están en sintonía, sin embargo, Chile aún no está a la altura. Queremos que la presidenta envíe cuanto antes la ratificación del acuerdo de París al parlamento. Como organización de la sociedad civil estaremos vigilantes para que la ratificación de este Acuerdo se apruebe cuanto antes, porque no podemos permitir que se quede durmiendo en el Congreso por años, como lo estuvo la ley del bosque nativo, o lo está el proyecto de ley para  creación del servicio de biodiversidad y áreas protegidas,  por mencionar algunas.

Si nuestro país quiere sentirse dentro de las grandes ligas por ser parte de la OCDE, es necesario ser coherente entre lo que se muestra al mundo y cómo actuamos en casa. Desafíos tenemos muchos: por ejemplo, aumentar el nivel de ambición en lo comprometido a disminuir nuestras emisiones; Chile puede dejar de contaminar mucho más si aplicamos voluntad, eficiencia, cambios culturales, tecnología y sentido común. Por otro lado, nuestro nivel de adaptación al cambio climático requiere de pensar hoy los impactos que veremos en unos años más, situación que urge no solo para los grandes sectores industriales públicos/privados de nuestro país, sino que también, para todos los ciudadanos sin distinción de edad, nivel socieconómico o educacional.

Entre otros aspectos, Chile comprometió a disminuir en un 30% la intensidad de nuestras emisiones de gases efecto invernaderos en relación a lo que emitimos el año 2007, año en que se contaminaba menos dado que, el sector energía y transporte que es el principal sector contaminante, era mucho menor que hoy.

El tiempo avanza y el primer desafío en el corto plazo es que el ejecutivo envíe cuanto antes el Acuerdo de París al Parlamento y luego que sea ratificado. Aun así, Chile puede y debe aumentar su ambición y su compromiso; no sólo por cumplir internacionalmente, sino porque los efectos ya se están viendo reflejados en la agricultura, disponibilidad de agua o eventos extremos, situación que nos afecta a todos los chilenos por igual, aunque a los más vulnerables siempre los afecta más.

Fuente: Terram, 30 septiembre.

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Firma y ratificación del Acuerdo Climático de París: ¿Qué espera Chile?

El pasado 22 de abril en Nueva York, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, fue la fecha elegida para realizar la ceremonia convocada por el secretario general de la ONU, en la que 174 Estados y la Unión Europea firmaron el Acuerdo de París bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la cual había sido adoptada en diciembre pasado en la Conferencia de las Partes (COP-21), celebrada en la capital gala.

Esta rúbrica marca todo un récord, pues este acuerdo resulta ser el tratado internacional con más países firmantes en un solo día, superando a los 119 Estados que en 1982 suscribieron la Convención de la ONU sobre Derecho Marítimo.

Lamentablemente, Chile es uno de los escasos 20 Estados miembros que no firmaron el trascendental acuerdo. No obstante, la ausencia de la delegación nacional tuvo una explicación: la realización de los funerales de Estado del ex Presidente Aylwin, razón por la cual la Presidenta Bachelet y el canciller Muñoz no viajaron al evento global.

Recordemos que el Acuerdo de París entrará en vigor 30 días después de la fecha en la que al menos 55 Partes de la Convención –que sumen al menos el 55% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero– hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

De hecho, en la misma ceremonia de firma en Nueva York, 15 países anunciaron la ratificación del acuerdo, en su mayoría pequeños Estados insulares y costeros, los más vulnerables ante el alza del nivel de los océanos y los efectos provocados por el cambio climático, y que acumulan apenas el 0,18% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en el planeta.

A estos países se sumó, el 20 de junio, Noruega, y días antes, Francia, el primer país industrializado en ratificarlo. Sin contar el compromiso público que ya explicitó la Unión Europea y los dos firmantes que más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero a nivel mundial: China y Estados Unidos.

De continuar este ‘efecto dominó’ de ratificaciones, el Acuerdo de París podría entrar en vigencia antes de lo previsto, el año 2017, en lugar del 2020, lo que obligaría a todos los países que hayan ratificado (55% del total) a cumplir anticipadamente con sus respectivas Contribuciones Nacionales (INDC, por sus siglas en inglés). Objetivos que, en el caso de Chile, son modestos y los cuales no serían obligatorios de cumplir mientras no se suscriba y ratifique el Acuerdo de París.

Cabe destacar que Chile tiene un plazo legal de un año para adherirse a este pacto internacional y que, si bien anunció su firma para septiembre próximo, nada asegura que ello vaya a ocurrir. Lo que cobra gran trascendencia, debido a que nuestro país ya se comprometió –para el año 2030– a reducir sus emisiones de CO2 por unidad de PIB en un 30% con respecto al nivel alcanzado en 2007.

Adicionalmente, y condicionado a la obtención de aportes monetarios internacionales y a un nivel de crecimiento económico, Chile debe al 2030 aumentar su reducción de emisiones de CO2 a entre 35% a 45% con respecto al nivel alcanzado en 2007.

Asimismo, los compromisos para el año 2030 sobre manejo sustentable y recuperación de 100 mil hectáreas de bosque, y la forestación de otras 100 mil hectáreas, en su mayoría con especies nativas, el Gobierno los condiciona a la aprobación de modificaciones de la Ley sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal, y a la prórroga del Decreto Ley 701.

El tiempo corre y sobre la fecha en que Chile firmará, poco se sabe. Lo que se contrapone con la organización, de parte del Gobierno, de eventos internacionales de alto nivel sobre las implicancias del Acuerdo de París, como el realizado este 30 de junio, con la concurrencia de ministros de Medio Ambiente latinoamericanos y de la propia Presidenta de la República, quien precisamente abordó esta temática, pero sin referirse a que Chile no ha firmado el acuerdo.

Después de suscribir el acuerdo, este debe ser enviado al Congreso para su ratificación, para luego ser entregado a la secretaria de la Convención.

Por ello, desde Fundación Terram, consideramos que el Gobierno debe darle urgencia, pues por ahora Chile aún es un fantasma para el resto de naciones conscientes de los devastadores efectos del calentamiento global y el cambio climático. Nuestro país no puede esperar más para esta rúbrica. De no ser así, no podremos implementar los objetivos comprometidos para un bien superior, y una vez más seremos un país que va retrasado en sus compromisos internacionales.

Por Ricardo Bustamante, periodista de Fundación Terram.

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Aún no tenemos nuevo acuerdo climático

Durante las dos últimas semanas, del 30 de noviembre al 11 de diciembre, se celebra oficialmente la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, COP21, en la ciudad de París. El objetivo de esta COP es lograr un Acuerdo vinculante, ambicioso, justo y global que reemplace al fallido Protocolo de Kioto, con el propósito de frenar las emisiones los gases de efecto invernadero (GEI) y estabilizar la temperatura media del planeta.

La urgencia por frenar la excesiva contaminación y alteración en los factores físicos y biológicos del planeta, producto de la contaminación y extracción de recursos naturales que hemos realizado como sociedad, hace que la ciencia haya certificado  que se necesita limitar las emisiones de GEI en no más de 2 grados Celsius, de aquí a fin de siglo. Los glaciares se derriten y es evidente, existe sequía e inundaciones en lugares impensados anteriormente. El clima está cambiando y estamos siendo afectados con grandes costos para todos, especialmente para los Estados y las poblaciones más vulnerables.

Las negociaciones en París han transcurrido de manera intensa, pero sin muchos avances concretos y menos, ambiciosos. Señal  preocupante pensando en la urgencia de obtener un documento que realmente contenga compromisos efectivos para abordar el cambio climático y no sea más que una declaración de buenas intenciones.

Hoy viernes 11 de diciembre, cuando se supone deberíamos celebrar el cierre de este momento histórico para la humanidad, las negociaciones continúan y solo avanzarán con consultas a todas las partes respecto a puntos con los cuales no hay acuerdo. Estamos hablando de que este documento contenga aspectos de derechos humanos, género, pérdidas y daños, mecanismos cuantificables para los procesos de adaptación de los países, financiamiento, transferencia de conocimiento y tecnología, especialmente a los países en desarrollo; poner límites al aumento de temperatura en 1,5 o 2 grados, entre otros temas de relevancia.

Las negociaciones del jueves 10 se prolongaron hasta pasadas las 6 de la madrugada de este viernes. Se espera que durante el día se logre depurar aún más el texto y avanzar en los acuerdos, sin embargo, la Presidencia, a cargo de Francia, ha anunciado que el nuevo texto lo liberarán mañana -sábado 12- a las 14:00 hr. local. Aun así, no concluye ahí este proceso, posiblemente se siga negociando las siguientes horas.

Como sociedad civil siguiendo este proceso estamos inquietos, pues hemos estado pidiendo que la ambición sea efectiva y que además no se aumente la temperatura por sobre los 1,5 grados de acá a fin de siglo. Necesitamos ambición, esto es surgente por nuestro futuro como sociedad en este planeta y por las próximas generaciones.

En este minuto todo puede pasar. Ya estamos en la recta final en que las negociaciones comienzan a tener un carácter de presión y en que los intereses de los países comienzan a demostrarse con absoluta claridad.

En tanto, hoy en Chile, se realiza la despedida de quien hiciera y representara un gran aporte en nuestra historia ambiental nacional y también a nivel mundial, Douglas Tompkins. Mientras los ojos del mundo están concentrados en París, solo espero que el legado y las obras que él deja puedan verse reflejadas -también- en que este proceso de verdad logre un avance para tener un mundo mejor.

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Gasto público ambiental, $8.900 por habitante al año

Columna opinión de Flavia Liberona Directora de Fundación Terram publicada en blog de Cooperativa el 04 de julio 2015.

Desde la promulgación de la ley ambiental el año 1994, en forma creciente los temas ambientales son parte de las preocupaciones de las personas y de la agenda pública, los políticos para bien o para mal hacen referencia a ello. Diversos temas relacionados con el ambiente forman parte de los programas de gobierno, los discursos presidenciales del 21 de mayo, y sin lugar a duda, inquietan a los habitantes del país.

Pero esto no tiene ninguna relación con las cifras que presenta el estudio elaborado por el Gobierno de Chile y CEPAL, denominado “Estimación del gasto público ambiental”. Este representa un cable a tierra entre el discurso político y la realidad de las cifras. Según el estudio antes mencionado, el gasto público estimado para el año 2012 fue de 145.042 millones de pesos, lo que equivale a 260 millones de dólares y representa el 0,1% del PIB para ese año, el más bajo de los países OCDE.

Según se señala en el documento para su elaboración se analizó y utilizó la ejecución presupuestaria del año 2012, considerando el gasto en materia ambiental efectuado por 30 servicios públicos, pertenecientes a los ministerios de Medio Ambiente, Interior, Agricultura, Educación, Defensa, Obras Públicas, Salud, Minería, Vivienda y Transporte.

Al revisar el estudio constatamos con incredulidad que pese a la gran cantidad de Servicios Públicos considerados para hacerlo y que la cifra total puede parecer baja, la situación es más dramática cuando se llega al monto gastado por habitante durante el año 2012, pues es la magra cifra de $ 8900 por persona durante todo un año, lo que equivale a 24,3 pesos diarios o sea la nada misma. Este es un duro golpe a la realidad, pues refleja claramente la importancia que le han asignado y le asignan las autoridades, particularmente el ministerio de Hacienda, al cuidado del medio ambiente.

El informe detalla ciertas áreas de gastos y dada la contingencia país, donde la contaminación atmosférica parece ser un problema sin solución que año a año aumenta en las ciudades del sur de Chile y en la Región Metropolitana, lo que sin duda merece una seria revisión.

Para que usted sepa el informe en cuestión no dice si las normas son suficientes, o si son buenas o malas, o si están bien o mal aplicadas, sólo hace referencia a plata del gasto público. Por ello, pese a lo que digan las autoridades, el informe es concreto nos dice cuanto es el gasto público y para saber la cifra sugiero que se prepare.

El Estado de Chile estima su gasto público en calidad de aire y cuidado del clima en 4,2 % de 8.900 pesos habitante/año; ahora saque su cuenta, pues son 373,8 pesos por persona al año, aproximadamente la mitad de un pasaje de Transantiago.

Saque sus conclusiones, si el gasto público es de $8.900 por habitante al año y 378 pesos son para temas de calidad de aire y cambio climático por habitante al año, la explicación es casi innecesaria, está claro por qué la contaminación del aire en muchas ciudades cada año es peor, los planes de descontaminación son poco eficientes, las empresas son poco fiscalizadas y multadas; también las razones de la existencia de zonas de sacrificio y muchas cosas más.

Lo que entendemos es que las autoridades han abandonado a los más vulnerables en materia de medio ambiente y en particular de contaminación, los han dejado a su suerte para que las empresas sigan haciendo lo que quieren y las zonas de sacrificio sigan prosperando.

Lo bueno de este documento, es que nos trae una realidad que de una u otra forma sabíamos que existía, además genera una metodología que permitirá de ahora en adelante repetir el estudio y ver cómo vamos, cosa que no era posible antes, también será posible compararnos con otros países de la OCDE, eso es algo.

Ahora sólo queda asumir un rol activo para que las autoridades, aquellas que definen los presupuestos ministeriales y el gasto público amplíen su mirada y se den cuenta que no se puede asignar un presupuesto a calidad de aire y cuidado del clima que sea inferior al valor de un pasaje de Transantiago.

Y sobretodo tenemos que ser activos en no permitir que autoridades y políticos digan que hacen algo para reducir la contaminación que afecta a los habitantes de Chile, puede que tengan voluntad, pero la realidad se mide en pesos y son $8.900 por habitante al año, de los cuales sólo $373,8 se destinan a calidad del aire y cambio climático. Lo invito a revisar el informe, puede sorprenderse aún más.

Fuente: http://blogs.cooperativa.cl/opinion/medio-ambiente/20150704101205/gasto-publico-ambiental-8-900-por-habitante-al-ano/

Columnas de Opinión TERRAM

¿En qué planeta viven los científicos?

Columna opinión de Cristián Opaso Periodista colaborador de Fundación Terram, publicada en portal Quinto Poder el 21 de mayo 2015.

Por estos días se sigue analizando en la Cámara de Diputados la Ley de Protección de Glaciares enviada por el gobierno. Recientemente y por segunda vez consecutiva, la Comisión de Medio Ambiente recibió a Codelco y al Consejo Minero, lo que demuestra el sello del presidente de la Comisión. Defendieron sus posturas los empresarios y altos funcionarios de turno, lo cual no es de extrañar, la minería necesita destruir glaciares. Pero en varias ocasiones han aparecido también un par de científicos que suelen defender a las mineras. No sólo aparecen allí, sino que aparecen representando a Chile en importantes encuentros internacionales. Se trata de los glaciólogos Gino Casassa y Cedomir Marangunic, “eminencias” científicas, con amplísimas trayectorias en el sector público y privado, que es precisamente parte del problema que se hizo patente en una importante reunión internacional que tuvo lugar hace algún tiempo en Santiago.

Se trataba del primer taller sudamericano de la red Cryonet, la red de estaciones de superficie de la iniciativa internacional Observatorio Global de la Criósfera, Global Cryosphere Watch (GCW) de la Organización Metereológica Internacional que se llevó a cabo en Octubre en el salón O´Higgins del ex-Hotel Carrera, actual Ministerio de Relaciones Exteriores.

La criósfera, para muchos que seguramente no lo sabrán, se define como la “parte de la corteza terrestre en la cual se forma el hielo (del griego kryos = hielo) y donde se producen procesos relacionados con él o donde prevalecen en gran parte del año condiciones crióticas, es decir, donde los suelos o rocas están a temperaturas bajo cero”. Elementos esenciales son por supuesto nuestros abundantes glaciares, que una vez más se está intentando proteger.

En el encuentro internacional los glaciólogos Cassasa y Marangunic decidieron hacer una espontánea e insólita encuesta sobre protección de glaciares y una alucinante exposición sobre cómo se podía fabricar artificialmente un glaciar y/o trasladarlos de un sitio a otro.

La espontánea encuesta comenzó con Cassasa diciendo que aunque estaban “muy limitados de tiempo” y dado que el gobierno tenía muy poco plazo para entregar indicaciones a un proyecto de protección de glaciares, él quería aprovechar que “habían 14 banderas adelante” para saber de las experiencias en otros países. El único que contestó fue un científico de Austria que detalló las diferencias locales que habían en las legislaciones de protección de su país. Cassasa insistió preguntando si había algo como mitigación o compensación: …¿Si uno hace daño a un glaciar, se puede compensar?, preguntó el científico. Para luego agregar: “…se habla también de glaciares artificiales”. “Creo que es difícil llevar a cabo cualquier mitigación” contestó en parte el único que se explayó en el tema.

A reglón seguido, y pese a estar escasos de tiempo, el colega Marangunic habló durante más de 16 minutos, haciendo primero pedazos las definiciones técnicas de glaciares que habían concordado, entre otros, Unesco y el gobierno chileno. Posteriormente, como si nada, anunció:

“..Con la definición de lo que es un glaciar en Chile: ¡Hemos hecho un glaciar!”, dijo casi eufórico, detallando que se había mantenido por varios años la estructura y la cantidad acumulada de nieve. Agregó que también habían podido trasladar glaciares.

Mientras decía esto mostraba láminas con fotos de los experimentos en la cordillera, nada menos que en la mina Andina de Codelco. Nada dijo claro de que esta operación minera está considerada como la causante de la mayor destrucción de glaciares ocurrida jamás en nuestro planeta. Tampoco dijo Marangunic que su consultora Geoestudios trabajó en la evaluación ambiental del proyecto Andina 244 que pretende ampliar significativamente la operación de la mina rajo de la división Andina de Codelco, con la consiguiente destrucción de glaciares.

Ante tamañas aseveraciones y ante tan preparados científicos, quien escribe osó preguntar si los otros científicos en la sala estaban de acuerdo con que era perfectamente posible intervenir glaciares y recrearlos artificialmente después, como lo explicitara Marangunic y lo infiriera anteriormente Casassa.

El silencio que siguió pareció acercarse a la temperatura de un glaciar. Sólo un científico, después de un largo rato, dijo que años atrás en una asociación internacional de glaciología se había planteado crear un grupo de trabajo sobre esto, pero que se estimó que no era de interés científico el analizar soluciones ingenieriles a un sistema que funciona en base al medio ambiente natural.

Para quienes trabajan estos científicos: ¿para la empresa privada? ¿para el sector público? ¿para las mineras estatales? ¿para organismos internacionales? ¿para instituciones académicas? ¿para todos a la vez? ¿es esto ético?

Afortunadamente la voz de la ciencia no es una sola y hay otros científicos, como el Dr. Fernando Ferrando y la Ingeniera en Recursos Naturales Roxana Borquez, quienes han osado levantar la voz en defensa de los glaciares.

Pero cabe preguntarse el resto de los científicos chilenos, ¿en qué planeta viven?

Fuente: http://www.elquintopoder.cl/medio-ambiente/en-que-planeta-viven-los-cientificos/