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Columna: Nuevos valores para una transición energética justa

Chile es un país que basa su matriz eléctrica principalmente en combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas). Sin embargo, por sus características geográficas, tiene grandes posibilidades de cambiar su matriz y migrar hacia energías renovables no convencionales (ERNC) entre ellas: solar, eólica, de biomasa y geotérmica. Esto es una buena noticia, ya que los combustibles fósiles son altamente contaminantes, caros, dañinos para la salud, y generan grandes volúmenes de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático.

La transición hacia las ERNC en el mundo está en marcha y con una velocidad alentadora; países como China han decidido impulsar su desarrollo en esta dirección. En Chile el cambio va más rápido de lo que se había previsto hace algunos años. Justamente a partir de esta tendencia, la Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático -plataforma compuesta por diversas organizaciones y personas de la sociedad civil- levantó la campaña: “Chile 100% ERNC al 2050”, con la convicción de que es posible llegar al 2050 con un 100% de la matriz eléctrica abastecida por ERNC, una meta más ambiciosa que la que propuso el Gobierno.

La pregunta que nos hacemos es cómo empoderar a la sociedad para poder generar una mayor motivación hacia la transición energética. En el ámbito empresarial se analizan los valuechains o cadenas de valores (o de suministro). En las comunidades de fe y grupos religiosos tomamos otro punto de partida: los value changes o cambios de valores, éticos y espirituales, necesarios para motivar otro paradigma de desarrollo, que respete los límites del planeta y que pueda transformar el individualismo, el consumismo, el afán de lucro, la avaricia y apatía, características propias del sistema socio-económico en que vivimos.

En este sentido el filósofo Riechmann ha dicho que necesitamos convicciones fuertes para poder hacer el cambio de nuestro modelo lo suficientemente rápido para salvarnos. Necesitamos gente convencida, que esté dispuesta a dedicar su vida a este fin. Desde esa perspectiva trabajamos con las comunidades de fe, porque creemos que desde nuestras narrativas espirituales podemos aportar a la generación de un cambio cultural y espiritual, necesario para que el cambio económico y tecnológico sea también  ético y humano.

Desde GreenFaith, la Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación Chile, y otras redes cristianas e interreligiosas preocupadas por el tema, estamos convencidos que es urgente el cambio que tenemos por delante y que este no puede ser exitoso si sólo trabajamos en soluciones técnicas. Una transición económica hacia otro modelo de desarrollo debe ser acompañada por un cambio más profundo, que nos re-vincule con “ser parte de la tierra” y con la convicción de que somos una sola humanidad, parte de una interdependencia con otros seres humanos y el resto de la comunidad de vida.

Desde esta perspectiva interpretamos una transición energética justa como la búsqueda de un modelo energético que no se rige solamente por principios de mercado. El Papa Francisco escribe en Laudato Si’: “En toda discusión acerca de un emprendimiento, una serie de preguntas deberían plantearse en orden de discernir si aportará a un verdadero desarrollo integral: ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Para quién? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué costo? ¿Quién paga los costos y como lo hará?” (LS 185).

Para que una transición energética sea justa, estas preguntas son esenciales. La respuesta muchas veces parece obvia, pero no lo es. Desde organismos públicos y desde las empresas en Chile responden muchas veces que la razón es “Para que no tengamos cortes de luz, para que no importemos más energía desde Argentina, para que la minería siga funcionando, para que nuestra economía siga competitiva, porque ahora las ERNC tienen buen precio”.

Con este discurso podemos estar seguros que va a haber una transición, pero no necesariamente justa. Hasta ahora los sistemas de mercado no han creado un sistema energético justo, y es por esto que necesitamos un cambio de valores en nuestros criterios. Una transición energética sólo puede ser justa si en el para qué asumimos que el modelo energético que tenemos ahora es desigual e injusto frente a muchas comunidades, especialmente frente a mujeres y niños y a los pueblos indígenas. En el para qué tenemos que hablar de salud, genero, empleo digno, educación, y sobre todo de nuestro deseo profundo de que nosotros y las generaciones venideras pueden seguir viviendo en este planeta bajo condiciones dignas.

Por Arianne van Andel, eco-teóloga y miembro de la Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático.

Arianne 3

Fuente: Codex Verde.

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Coherencia ambiental de la visita del Papa Francisco

En enero de 2018 el Papa Francisco recorrerá nuestro país, visitando las ciudades de Iquique, Temuco y Santiago. Como es de suponer, esta visita necesitará un nivel de logística importante, no sólo en términos de seguridad, sino que también para poder recibir a un gran número de visitantes. Esto implicará que la organización del evento tome una serie de medidas que hagan posible la acogida de miles de personas en nuestro país.

El Papa Francisco es un líder de opinión de carácter religioso que ha promovido el cuidado de la naturaleza y la acción climática, haciendo un llamado de atención a los líderes políticos, especialmente en materia de cambio climático, de modo previo al Acuerdo de París. Basta mencionar que el calentamiento global es un fenómeno que afecta a todo el mundo, sin importar la nacionalidad, clase social o credo religioso.

El Papa Francisco ha relevado las consecuencias de la acción humana en la contaminación y destrucción del planeta, en su Encíclica Laudato Si’ (LS). Propone una conversión ecológica, acorde a los límites de nuestro planeta y atento al fenómeno del cambio climático: “La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, producción y consumo” (LS 23).

consumo desmedido es, según el Papa, una de las causas de la degradación del planeta.“Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables (…) la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería” (LS 21).

Frente a esta visita, algunas organizaciones nos sentimos preocupadas de que como la venida de un líder tan reconocido como el Papa, deje como saldo final un gran problema para el país y que sea una responsabilidad que nadie asuma. No sólo hablamos de las enormes cantidades de basura que generará cada uno de los eventos, sino que también del despliegue en contingente de seguridad que un líder de esta envergadura requiere, la cobertura comunicacional y la logística, entre otros aspectos. Todo esto implica una gran “huella de carbono” o contaminación que será generada por este inmenso despliegue, además del masivo traslado de personas que también aporta al saldo final.

La “Huella de carbono” es el rastro o equivalente en CO2 que se genera al realizar cualquier actividad. En definitiva el despliegue para esta visita tendrá una huella altísima, lo que se traduce básicamente en contaminación. En este caso creemos que sería lógico que la vista del Papa considerara ser de “emisiones cero”, pues en su Encíclica él promueve que debemos dejar de contaminar: “La acción política local puede orientarse a la modificación del consumo, al desarrollo de una economía de residuos y de reciclaje” (LS 180).

Sería lógico que el Gobierno y la Iglesia Católica se preocuparan de este tema, no solo por validar la firma y ratificación del Acuerdo de París, sino también por la coherencia en recibir a un líder que predica una fuerte ética hacia el cambio climático.

Este tema puede ser subsanado si se aplican medidas organizacionales que ayuden a contrarrestar la contaminación que se generará. Esto es lo que se denomina ser “Carbono neutral”, lo que implica que las “Emisiones” generadas puedan ser cero si se busca:

1) Reducirlas inicialmente por medidas lógicas como ocupar el transporte público, aerolíneas que contaminen menos, reducción, reutilización y reciclaje de la basura generada, entre otras.

2) Que las emisiones generadas se puedan compensar con medidas como la reforestación con especies nativas.

La Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile y Fundación Terram, somos organizaciones que están convencidas de que la Iglesia Católica, tanto como el Gobierno, tienen una tremenda oportunidad política de mostrarse coherentes con una vista “Carbono neutral” entre el discurso de nuestro visitante y el Acuerdo de París que Chile ha ratificado.

El llamado es que con el esfuerzo de todos y todas, evitemos que esta visita del Papa a Chile se convierta en un “Depósito de porquería”.

Opinión de Javiera Valencia Espinoza, Geógrafa de Fundación Terram. Fuente: Cooperativa.cl, 29 de julio de 2017.

 

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Coherencia ambiental de la visita del Papa Francisco

En enero de 2018 el Papa Francisco recorrerá nuestro país, visitando las ciudades de Iquique, Temuco y Santiago. Como es de suponer, esta visita necesitará un nivel de logística importante, no sólo en términos de seguridad, sino que también para poder recibir a un gran número de visitantes. Esto implicará que la organización del evento tome una serie de medidas que hagan posible la acogida de miles de personas en nuestro país.

El Papa Francisco es un líder de opinión de carácter religioso que ha promovido el cuidado de la naturaleza y la acción climática, haciendo un llamado de atención a los líderes políticos, especialmente en materia de cambio climático, de modo previo al Acuerdo de París. Basta mencionar que el calentamiento global es un fenómeno que afecta a todo el mundo, sin importar la nacionalidad, clase social o credo religioso.

El Papa Francisco ha relevado las consecuencias de la acción humana en la contaminación y destrucción del planeta, en su Encíclica Laudato Si’ (LS). Propone una conversión ecológica, acorde a los límites de nuestro planeta y atento al fenómeno del cambio climático: “La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, producción y consumo” (LS 23).

consumo desmedido es, según el Papa, una de las causas de la degradación del planeta.“Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables (…) la tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería” (LS 21).

Frente a esta visita, algunas organizaciones nos sentimos preocupadas de que como la venida de un líder tan reconocido como el Papa, deje como saldo final un gran problema para el país y que sea una responsabilidad que nadie asuma. No sólo hablamos de las enormes cantidades de basura que generará cada uno de los eventos, sino que también del despliegue en contingente de seguridad que un líder de esta envergadura requiere, la cobertura comunicacional y la logística, entre otros aspectos. Todo esto implica una gran “huella de carbono” o contaminación que será generada por este inmenso despliegue, además del masivo traslado de personas que también aporta al saldo final.

La “Huella de carbono” es el rastro o equivalente en CO2 que se genera al realizar cualquier actividad. En definitiva el despliegue para esta visita tendrá una huella altísima, lo que se traduce básicamente en contaminación. En este caso creemos que sería lógico que la vista del Papa considerara ser de “emisiones cero”, pues en su Encíclica él promueve que debemos dejar de contaminar: “La acción política local puede orientarse a la modificación del consumo, al desarrollo de una economía de residuos y de reciclaje” (LS 180).

Sería lógico que el Gobierno y la Iglesia Católica se preocuparan de este tema, no solo por validar la firma y ratificación del Acuerdo de París, sino también por la coherencia en recibir a un líder que predica una fuerte ética hacia el cambio climático.

Este tema puede ser subsanado si se aplican medidas organizacionales que ayuden a contrarrestar la contaminación que se generará. Esto es lo que se denomina ser “Carbono neutral”, lo que implica que las “Emisiones” generadas puedan ser cero si se busca:

1) Reducirlas inicialmente por medidas lógicas como ocupar el transporte público, aerolíneas que contaminen menos, reducción, reutilización y reciclaje de la basura generada, entre otras.

2) Que las emisiones generadas se puedan compensar con medidas como la reforestación con especies nativas.

La Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile y Fundación Terram, somos organizaciones que están convencidas de que la Iglesia Católica, tanto como el Gobierno, tienen una tremenda oportunidad política de mostrarse coherentes con una vista “Carbono neutral” entre el discurso de nuestro visitante y el Acuerdo de París que Chile ha ratificado.

El llamado es que con el esfuerzo de todos y todas, evitemos que esta visita del Papa a Chile se convierta en un “Depósito de porquería”.

Javiera Valencia – Geógrafa Fundación Terram

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No da lo mismo cualquier energía: 100% ERNC al 2050

Usamos la energía para distintas actividades y sin ella es poco lo que podríamos realizar en el mundo moderno, sin embargo pagamos un costo que no aparece en nuestra cuenta bancaria: el de la destrucción de nuestra salud y medio ambiente. No toda la energía es igual.

El 90% de nuestra matriz energética está basada en quemar carbón, petróleo, leña y gas, lo que genera cerca de un 80% de gases efecto invernadero. Uno de los combustibles fósiles más contaminantes de la lista es el carbón, y cabe señalar que en Chile, del año 2008 al 2015, casi duplicamos la cantidad de carbón que utilizamos en generar energía.

Ya lo decía en el año 2006, ante 130 empresas eléctricas en Nueva York, la ex ministra de Energía y Minería, Karen Poniachik: “El costo de no tener energía es mayor al del cualquier otro“, haciendo alusión a que existe un compromiso gubernamental explícito por sacar adelante los proyectos de generación eléctrica, incluso con los costos ambientales que traigan aparejados y los altos precios que puedan significar.

De esta forma, se justificó aplicar una política obsoleta para carbonizar la matriz energética del país, ingresando entre los años 2006 y 2010 un total de 22 proyectos termoeléctricos, distribuidos en siete regiones, con la finalidad de construir 45 termoeléctricas a carbón y petcoke, como lo informaba el SEIA el 2008. Durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, los proyectos votados por la entonces Corporación Regional de Medio Ambiente (Corema) -en su totalidad- obtuvieron aprobación en su proceso evaluación ambiental.

Un ejemplo de esta política sin escrúpulos fue la aprobación de la construcción de una cuarta termoeléctrica en la localidad de Ventanas-Puchuncaví, de la empresa norteamericana AES Gener, en una zona donde el instrumento de ordenamiento territorial permite solo áreas verdes. Victo bueno que fue rechazado por la Contraloría y la Corte  Suprema, no obstante, en diciembre de 2009, bajo la administración de Bachelet, se aprobó el decreto que permitió burlar el fallo del máximo tribunal y finalmente construir la termoeléctrica Campiche.

Los altos costos socioambientales de este proyecto siguen siendo pagados por los habitantes de Puchuncaví y Quintero, así como de las demás zonas de sacrificio del país, que se han visto invadidas por la instalación de proyectos termoeléctricos a carbón, como Mejillones, Tocopilla, Huasco y Coronel, territorios abandonados por un Estado indolente y sucesivos gobiernos sin voluntad política para cambiar esta funesta realidad.

Es por ello que la necesidad de que el país se abastezca de energía mayoritariamente mediante Energías Renovables No Convencionales (ERNC), teniendo las máximas ventajas geográficas posibles para construir ese rumbo, es un deber ético y político del Estado y sus gobiernos, que no pueden seguir subvencionando proyectos nocivos para la salud de miles de personas y destructor de ecosistemas. El apoyar y concientizar a la ciudadanía para que Chile llegue a la meta de tener un 100% de ERNC al año 2050, como lo enarbola la campaña de la Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático, es la alternativa que impulsamos desde las organizaciones de la sociedad civil y a la que invitamos a adherir. Porque no da lo mismo cualquier energía.

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¿Por qué es posible 100% de Energía Renovable No Convencional al 2050?

Las energías limpias eran tildadas de utópicas hace pocos años atrás. Basta con recordar la discusión que se generó con el mega proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, cuando mencionábamos las energías renovables no convencionales (ENRC) como alternativas a la supuesta demanda energética en el año 2008.

Con el paso del tiempo, su nivel de competitividad ha aumentado, bajando sus valores al punto que en enero de este año Bloomberg indicó que mundialmente la energía solar es la forma más barata de producir electricidad, compitiendo directamente con combustibles fósiles (gas y carbón), incluso llegando a ser más económica que la energía eólica.

Las energías sucias generan muchas externalidades negativas: con sus emisiones producen gases efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global, causan enfermedades producto de la contaminación, además destruyen ecosistemas, generan escasos y precarios puestos de trabajo, empeoran la calidad de vida a miles de millones de personas a nivel mundial.

Se estima que el carbón es responsable de un cuarto de las emisiones de gases efecto invernadero en el mundo, problema que actualmente tiene a la comunidad científica y a Naciones Unidas en la línea de limitar dichas emisiones para evitar que el cambio climático siga generando estragos, pues las pérdidas económicas, sociales y ambientales son cuantiosas.

En Chile, nuestra matriz eléctrica tiene una capacidad instalada de un 56% de energías sucias (petróleo, gas, carbón, a diciembre de 2016), donde el sector energía aporta con el 77,4% de las emisiones de gases de efecto invernadero nacional. Destaca, entre ellas, particularmente el uso del carbón -que está asociado a las Zonas de Sacrificio-, ya que no tiene regulación alguna porque no es considerado combustible. Lo que llega a sonar irónico, teniendo en cuenta que Chile ya firmó y ratificó el compromiso climático internacional llamado “Acuerdo de París”, que busca limitar el aumento de temperatura del planeta en 1,5 grados, en que eliminar las energías sucias es parte de la solución.

El gobierno, de manera conservadora, indica en su política energética que el objetivo es tener una matriz eléctrica compuesta de energías renovables en un 70% para el año 2050 (esto incluye hidroelectricidad a toda escala). Incluso, desde el sector empresarial califican  esta cifra como conservadora, ya que afirman que es técnicamente posible alcanzar el 100% de energías limpias al 2050, si existiese voluntad política para ello.

En ese sentido, desde la Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático, estamos convencidos que aspirar a tener una matriz eléctrica 100% de ERNC es a lo que nuestro país debe realizar y estar en línea con el Acuerdo de París.

Las ERNC ya ocupan un 18% de la capacidad instalada de Chile (cuando en el año 2006 era solo un 1%). Abandonar las energías sucias está en la línea de los países desarrollados a los cuales nos gusta admirar, en el mismo sentido de avanzar con la eficiencia energética y electrificación de sectores, como transporte y calefacción. No tener una matriz limpia es consecuencia de falta de voluntad política en un país donde el potencial eléctrico en ERNC es reconocido a nivel mundial y donde la factibilidad técnica y viabilidad económica hoy lo permiten.

El cambio climático ya es una realidad palpable por todos, con las sequías, aluviones, pérdidas de cosechas, aumento del nivel del mar, por mencionar solo algunos efectos que se traducen en pérdidas económicas muy grandes para los Estados y los grupos humanos más vulnerables. Por ello, contrarrestarlo, pasa por aumentar la ambición de la política pública, la que además influye en que los ciudadanos estemos más informados para impulsar esos cambios.

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Los anuncios de Bachelet en la COP 22 sobre Cambio Climático

El discurso de Bachelet fue propositivo, mencionando avances importantes, como lo son la entrega de la Estrategia Nacional de Cambio Climático de Recursos Vegetacionales o que el Acuerdo de París ya se encuentra en nuestro Congreso a la espera de su ratificación. También destacó la creación de la Agencia de Cambio Climático (instancia de articulación público-privada que pretende abordar temáticas de adaptación y mitigación), el enfoque de género y protección de la infancia para las políticas públicas relacionadas; la meta de lograr 70% de energías renovables al 2050. Asimismo, la jefa de Estado abordó el liderazgo de Chile en la protección de los océanos -junto con Francia y Mónaco- y su implicancia con el Acuerdo de París, y finalmente el avance en la entrega de documentos técnicos a la Secretaria de Naciones Unidas, como lo es la Tercera Comunicación Nacional y el Segundo Reporte Bienal de Actualización.

Sin embargo, desde sociedad civil no sólo agradecemos el correcto discurso, sino que también solicitamos consistencia, coherencia y real implementación entre lo que se menciona con lo que se hace a diario. Así, se necesita financiamiento concreto para las medidas adoptadas y para la implementación de las llamadas Contribuciones Nacionales (o NDC), porque también es imprescindible aumentar la ambición de éstas últimas, y además, generar acciones en distintos niveles, especialmente para paliar los efectos el cambio climático a nivel local.

En las Conferencias de las Partes se presentan grandes oportunidades para hacer gestos políticos de importancia, no obstante, necesitamos traducir los buenos discursos en medidas concretas y eficaces, ya que tiempo es de lo que menos disponemos para actuar frente al calentamiento global.

La vulnerabilidad de Chile es muy alta y es valorable que la Presidenta señale que nuestro modelo de crecimiento no es sustentable y que necesitamos migrar a una sociedad baja en carbono. El problema es cómo implementarlo, partiendo por la necesaria voluntad de todos los sectores técnicos-políticos de la administración del Estado. La toma de decisiones debe abordar transparencia -y acceso a la información- además de una real inclusión de la sociedad civil (no solo privados), especialmente para aquellas medidas que impactan directamente a los territorios, sus comunidades y ecosistemas.

Se abrió con el Acuerdo de París un gran espacio para que la toma de decisiones sea respetuosa y con visión de largo plazo para evitar impactos dañinos. Existe una oportunidad para que, desde el compromiso que tiene Chile en la materia, el avance sea propositivo y se elaboren las reformas necesarias para modificar las actuales carencias en materia ambiental, y no seguir cometiendo los mismos errores -“sin dar paso atrás”- como lo mencionó Bachelet en su discurso.

Por Javiera Valencia Espinoza, geógrafa y especialista en Cambio Climático de Fundación Terram.

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Tres días cruciales para el clima

Este viernes debe cerrarse el acuerdo que ponga límites al cambio climático. Pero la segunda semana de negociaciones de la cumbre de París sobre cambio climático (COP 21) comenzó este lunes con pocos avances como era de esperar. A pesar de que el nuevo texto borrador propuesto el fin de semana pasado presenta menos páginas, contiene más corchetes y los temas de mayor divergencia permanecen incambiados.

Como ha sucedido en otras COPs, el presidente de la cumbre -el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius- ha creado un grupo especial para la negociación denominado, en este caso, “Comité de París” que aborda los temas más complicados en cuatro subgrupos.

El primero es sobre “Implementación” y aborda los asuntos relacionados con el financiamiento, la transferencia de tecnología y el fomento de capacidades. El segundo grupo trata sobre la “diferenciación” tema central, pues de este debate depende el nivel de compromiso que podrían asumir algunos países en desarrollo. El tercero se ocupa de la “ambición” y verá los objetivos a largo plazo –en particular si la meta es mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2oC o 1,5oC- y la revisión de los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. El último de los grupos negociará las acciones que se deben tomar antes de 2020.

Paralelamente se mantienen facilitadores de Consultas Informales, en otros temas que tampoco son fáciles como Bosques, Adaptación y Mercado de Carbono, entre otros.

Al inaugurar esta segunda semana de negociaciones el presidente de la COP 21 Laurient Fabius recordó a los delegados reunidos: “Hace una semana los dirigentes de 150 países se comprometieron a hacerlo todo para llegar a un acuerdo mundial sólido, necesario para superar el desafío”. Y agregó: “Esta semana tendréis la oportunidad de contribuir a eliminar la pobreza, a desarrollar las energías limpias, y a crear empleo, abrir perspectivas y hacer renacer la esperanza para el mañana”.

Las palabras de Fabius suenan alentadoras. Pero el dilema al que se enfrentan los negociadores es cómo eliminar la pobreza y crear empleo a la vez que reducen las emisiones que provienen del crecimiento económico y el aumento de la producción y el consumo que ello conlleva. Las contribuciones nacionales presentadas a la COP (INDC por sus siglas en inglés) muestran lo que los países están dispuestos a reducir en un escenario posible dentro de sus planes de desarrollo y crecimiento. Pero este escenario nos lleva a un aumento de la temperatura por encima de los 3oC por lo que parece difícil conciliar las expresiones del presidente.

Temas difíciles

Los temas principales de la negociación se mantienen en la misma incertidumbre que al inicio. A saber:

-El carácter vinculante o no del acuerdo. Es decir, si los compromisos asumidos alcanzarán un estatus de tratado internacional con obligaciones de cumplimiento para todos los países, si será vinculante solo en algunos aspectos o si no representará ninguna obligación en absoluto.

-El objetivo de temperatura. La meta de Copenhague (2009) de limitar la temperatura a 2oC es insuficiente y desde entonces se mantiene la necesidad de su reducción a 1,5oC. Este cambio en el objetivo implicaría duplicar los esfuerzos actuales presentados en las INDCs y parece difícil su modificación.

-Las metas intermedias para alcanzar el objetivo de cero emisiones entre 2060 y 2080 propuesto en el borrador y el año de base que debe considerarse para comparar la reducción de emisiones. Estos datos son claves para diseñar la trayectoria de la reducción, el momento de alcanzar el “pico” de las emisiones y sobre todo los costos que demanda la transformación.

-El concepto de “diferenciación”, el cual sobrevuela a lo largo del texto y que podría implicar compromisos de reducción de emisiones y de aportes financieros para algunos países en desarrollo.

Como puede apreciarse todos los temas están relacionados entre sí y aunque el presidente Fabius haga los mayores esfuerzos en establecer grupos de trabajo y discusión en paralelo, finalmente todo deberá converger en una negociación única. Esto ha pasado en todas la COPs y como suele afirmarse “nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Es decir, no podrán evaluarse los avances de la COP hasta que aparezca el último proyecto de decisión sin corchetes sobre la mesa.

Por lo tanto lo único que puede afirmarse a esta altura de la marcha COP es que todo ocurre dentro de la normal y esperable ineficiencia aparente con la que suelen ocurrir estas negociaciones. Solo al final podremos discernir si las apariencias nos han engañado y existía un entramado de fondo más o menos oculto para la mayoría de nosotros –y que avanza más rápido que lo que se ve en la superficie- o si lo que se ve es todo lo que verdaderamente hay.

En este caso y como era previsible el acuerdo será bastante inútil. Aunque mantendrá la promesa de ser revisado dentro de cinco años con la esperanza de, esa vez sí, ser todo lo ambicioso que viene prometiendo desde hace 20 años.

Gerardo Honty es analista de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social) de Uruguay.

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Presidenta, Chile puede mucho más

Por Javiera Espinoza Valencia, géografa de Fundación Terram y coordinadora de la Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático.

Esta semana los líderes del mundo se reúnen en la Conferencia N° 21 sobre el Clima de las Naciones Unidas (COP21) en París, con el propósito de llegar a un acuerdo global y vinculante para frenar los efectos del cambio climático. Según un documento reciente de CAN-LA (Red de Acción Climática Latino América) “la COP 21 en París tiene que ser el momento en que todos los gobiernos estén de acuerdo en que el ritmo de la transformación para reducir los impactos del cambio climático tiene que ser mucho más rápido; que este tiene que ser justo e incluir las necesidades de los más vulnerables en su núcleo”.

CAN-LA dice que la COP 21 consiste en hacer eficaz el marco institucional global existente; se trata de asegurar que los vacíos institucionales globales que habían quedado sin resolver previamente se resuelvan; de que los compromisos anteriores de los gobiernos no sean solamente cumplidos, sino que se garanticen y se refuercen sobre nuevos compromisos aún más ambiciosos; de proporcionar el marco global adecuado para una agenda transformadora sobre el cambio climático que la gente de todo el mundo está exigiendo. El resultado de la COP 21 no debe dejar ninguna duda a la ciudadanía, las empresas, los gobiernos y otras partes interesadas sobre lo que el mundo necesita para transformarse ¡ahora!, y que el “Paquete de París” permite esta transformación.

Desde Chile, la presidenta Michelle Bachelet estará presente en la COP21 junto con el canciller Heraldo Muñoz, el ministro de Energía, Máximo Pacheco y el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier. Chile quiere parecer un líder en la región en términos de su voluntad de enfrentar los efectos del cambio climático, sin embargo los compromisos de acción del país y la política pública nacional no reflejan este discurso.

La Mesa Ciudadana sobre Cambio Climático, que reúne a 23 organizaciones ambientales, varias de las cuales son miembros de CAN-LA, pide al Gobierno de Chile que sea más ambicioso en su acción climática, ya que a su juicio éste no está haciendo esfuerzos suficientes por abordar el problema, pues todas las propuestas planteadas corresponden a acciones contempladas anteriormente. Lo comprometido por Chile a nivel internacional no corresponde al esfuerzo solicitado por la ciencia ni por la sociedad civil, si se quiere coherencia con la meta de no sobrepasar los 1.5 grados Celcius a fin de siglo. Chile puede jugar un rol más importante en esta materia, que contribuya realmente a liderar y empujar la posición regional en este aspecto.

Lo anterior significa abordar los efectos del cambio climático no solo elevando el compromiso de la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI), que es solo un tímido 30% al año 2030. En Chile la principal fuente de emisiones de GEI proviene del sector energía (generación eléctrica y transporte), donde sería un gran avance y prueba de liderazgo que nuestro país se enfoque en una matriz 100% de energías renovables al año 2050, al igual como lo están haciendo los países OCDE. Además, la adaptación es un eje central para nuestro país, y esto debe incluir el desarrollo de planes territoriales y políticas activas de descentralización, además de contar con financiamientos para su implementación. Asimismo, Chile debe construir territorios resilientes y a escala humana que aseguren la sostenibilidad de las prácticas culturales y formas de vida de los distintos territorios.

En todo eso, es importante que el Estado desarrolle e implemente políticas públicas a nivel local, así como formas en las cuales la sociedad civil -en toda su amplitud- pueda y deba participar activamente en los procedimientos normativos (consultas vinculantes) y en el monitoreo de los mismos (incluso el Papa Francisco lo indica en su Encíclica, LS 179).

Hasta que estos mecanismos se instalen, la sociedad civil va a seguir demandando al gobierno de turno tomar medidas más rigurosas para cambiar un modelo de desarrollo que está destruyendo nuestro país y el planeta. Por eso, nos movilizaremos el 29 de noviembre en el Día de Acción Global por el Clima. Pedimos nada menos que un acuerdo robusto y vinculante en París.

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Tiquipaya II: Las brechas en la narrativa del clima

Columna de opinión de Elizabeth Peredo Beltrán, sicóloga social boliviana, investigadora, escritora y activista medioambiental.

Entre una mezcla de declaraciones sobre los derechos de la madre tierra, salvar el planeta, el derecho al desarrollo, ama sua, ama llulla, ama quella y mar para Bolivia se ha llevado adelante la Conferencia de los pueblos sobre cambio climático y derechos de la Madre Tierra: Tiquipaya II.

Es inevitable analizar esta Cumbre a la luz de lo que fue la Conferencia de los Pueblos sobre cambio climático y Derechos de la Madre Tierra de 2010, donde mas de 35.000 personas se reunieron, con cientos de delegados internacionales entre los que podríamos mencionar a Naomi Klein, Bill Mc Kibben, Adolfo Pérez Esquivel y muchos otros que estuvieron presentes apoyando la construcción de una narrativa de justicia climática que proporcionó una agenda a los movimientos de activistas y a los gobiernos progresistas con una propuesta de justicia climática basada en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, los derechos de la Madre Tierra, así como la necesidad de estabilizar la temperatura del planeta a 1.5 grados[1]

Entonces, como ahora, estuvo también la voz ineludible de la Mesa 18 que denunciaba -ya entonces- los conflictos sociales por el extractivismo entre los que se incluía la anunciada construcción de la carretera del TIPNIS. Entonces, como ahora, la Mesa 18[2] fue ignorada deliberadamente por el gobierno, organizador de la Cumbre, que prefirió eludir encarar las contradicciones que estas voces críticas ya señalaban.

La Conferencia había dejado claro que el cambio climático no es un tema de ambientalistas ni ecologistas, sino una crisis sistémica muy relacionada con la economía. La declaración de la Conferencia denominada Acuerdo de los Pueblos orientó las acciones y campañas del movimiento climático anticapitalista, el posicionamiento de las redes de activistas e incluso el posicionamiento oficial de Bolivia en Cancún, que no fue acompañada por los demás países y ni siquiera por los países del ALBA.

Tiquipaya II, en cambio, expresa una alianza férrea de los gobiernos del ALBA y un mensaje central expresado por el vicepresidente boliviano: “Los culpables del cambio climático son los del norte (…) nosotros tenemos derecho a producir, hacer carreteras, tenemos que cultivar más si es necesario porque nuestra contribución a la Madre Tierra es gigante”… “Y si alguien tiene que pagar y cambiar, ellos que paguen, ellos que cambien, no nosotros” (La Razón, 9/10/2015). Es decir, un mensaje que en esencia postula el desarrollo como derecho, pero que no se interesa en profundizar de qué desarrollo hablamos y mucho menos de transiciones hacia una sociedad post carbono. La declaración de Tiquipaya II[3] se ha aligerado de sustancia para justificar la contradicción entre desarrollismo, extractivismo y justicia climática. En fin, ha derivado en unas conclusiones, como se diría, un tanto “descafeinadas”.

En los años que siguieron a la Declaración de la Primera Cumbre de los pueblos sobre Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra de 2010, se ha ido evidenciando que éste es un desafío sistémico que requiere de una respuesta compleja y multidimensional en el que transformar la economía y la matriz energética y productiva son aspectos centrales. Es una crisis que ha movilizado las fuerzas sociales que resisten el capitalismo y al mismo tiempo ha generado una reflexión profunda sobre desarrollo, equidad, justicia, solidaridad y cambio civilizatorio.

Así, mientras las negociaciones y el sistema de las NNUU para el clima han ido perdiendo su legitimidad al desmantelar casi completamente el régimen climático internacional y eludir cínicamente la emergencia del cambio climático, los movimientos del clima han dado pasos mayores que les ha llevado -entre otras reflexiones y posicionamientos- a concentrarse en la transición de energías fósiles a energías renovables que se ha convertido en la punta de lanza de sus campañas.

Las redes de activistas en torno a la justicia climática, varias instituciones y medios de prensa, miles de activistas, intelectuales y académicos e innumerables redes de científicos en todo el mundo coinciden en que hay que dejar al menos el 80% de los combustibles bajo tierra y, se diría en consecuencia, cambiar la economía radicalmente puesto que una crisis de la dimensión que enfrentamos no puede ser resuelta con simples declaraciones o largas e infructuosas negociaciones diplomáticas. Basados en las cifras que proporciona el Informe AR5 del IPCC[4], -que nos re confirman que el cambio climático es un efecto de origen antropogénico, que tenemos un presupuesto limitado de carbono y que de quemar solamente las reservas de carbón, gas y petróleo que se encuentran registradas en los mercados, estaríamos sobrepasando por cinco veces el presupuesto de carbono que nos queda, y por lo tanto estaríamos literalmente quemando el planeta-, los y las activistas de la campaña global por la justicia climática dejan un mensaje claro al mundo: NO a mas inversiones en combustibles fósiles. Hay que iniciar una transición rápida a los modelos energéticos sostenibles y hay que cambiar los sistemas de consumismo y despojo que agobian a la Naturaleza depredando y contaminando despiadadamente. La campaña de desinversión en combustibles fósiles es el corazón de la campaña por la justicia climática acompañada de una propuesta anticapitalista contra los poderes corporativos.[5]

Vemos entonces que, a partir del enfoque del oficialismo en Tiquipaya II, se está abriendo una brecha también en la manera de enfocar la lucha contra el cambio climático. Su mensaje central no ha sido la transición ni el cambio de sistema en el sentido mas profundo, sino la defensa del derecho al desarrollo y la postura de que “no somos guardabosques del imperio” (como si nuestros territorios fueran propiedad del imperio, cuestionan los ecologistas bolivianos) y por lo tanto sigamos haciendo lo que todos hicieron al desarrollar las fuerzas productivas y las infraestructuras. No se ha buscado un discernimiento de lo vinculada que está nuestra matriz productiva, económica y social con las bases estructurales de la crisis climática, y que eso hace extremadamente vulnerables a nuestras economías basadas en la producción de energía fósil de la cual emerge la redistribución social[6].

La narrativa planteada en Tiqupaya II no acompaña precisamente el enfoque de desinversión en combustibles fósiles, que exige parar la explotación petrolera, de gas, el fracking y la industria del carbón si queremos atenuar la terribles consecuencias del cambio climático. Muchos gobiernos, y no sólo en el Norte, se están “negando” a conectar los puntos desde la acción y el discurso político y a sentar las bases de “sociedades post carbono”, cuando menos.

La oportunidad que brinda la COP21 de Paris, entonces, es un momento muy importante para avanzar en la narrativa global para enfrentar el cambio climático y profundizar el debate en todo el mundo. Mas allá de las negociaciones que anticipan ya una incapacidad de abarcar la gravedad del problema por la falta de compromisos serios y los lobbies corporativos, lo que interesa es crear una narrativa global que conecte la crisis del sistema con la capacidad de restaurar la vida y la sociedad. Es un momento para denunciar el negacionismo colectivo y sobre todo el de los gobiernos que –teniendo toda la información de primera mano- niegan la realidad del cambio climático y la ciencia y no permiten allanar el camino a soluciones verdaderas.

Es de esperar que este debate para abordar las grandes brechas nos proporcione al menos un “clima” para encarar la verdad como una base ética de la que debería desprenderse la respuesta de la humanidad a la crisis climática.

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[1] ACUERDO DE LOS PUEBLOS (2010)   https://cmpcc.wordpress.com/acuerdo-de-los-pueblos/

[2] CONCLUSIONES DE LA MESA 18 (2010) DERECHOS COLECTIVOS Y DERECHOS DE LA MADRE TIERRA http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/cochabamba_2010_conclusiones_mesa-18.pdf

[3] DECLARACION DE TIQUIPAYA II: http://www.boliviamundo.net/wpcontent/uploads/2015/10/DECLARACIONESPAÑOL.pdf

[4] QUINTO REPORTE DE VALORACION DEL CAMBIO CLIMATICO del IPCC (Panel Intergubernamental de cambio climático de las NNUU) https://www.ipcc.ch/report/ar5/

[5] http://coalitionclimat21.org/es/el-foro-social-mundial-etapa-clave-de-convergencia-internacional-para-la-justicia-climatica, http://350.org/es/global-climate-march/, http://coalitionclimat21.org/, http://www.redd-monitor.org/2015/10/06/a-message-to-the-unfccc-to-stop-climate-crimes-leave-fossil-fuels-in-the-ground/

[6] Ya se ha dicho reiteradamente que se trata de un entramado extractivista que se abre a las élites agroexportadoras y a los mercados y las corporaciones y estados mas fuertes, con un conjunto de leyes y decretos que avalan esas políticas.

Columnas de Opinión, Noticias

Es simple: descontaminar ahorra dinero, salva vidas y genera empleos

Columna de Opinión de Javiera Espinoza, Geógrafa de Fundación Terram

Bastante hemos escuchado de la paralización de reformas y freno a la implementación del programa de gobierno; el aumento de las tasas desde el banco central, la caída de las bolsas, el caos económico, el receso, menos crecimiento del que estaba esperado, etc. Por otro lado, sabemos de la urgencia de limitar las emisiones globales que están acelerando el calentamiento global, se contrapone a los paradigmas de quienes creen que “crecer” implica dinamizar el mercado en base a la extracción de recursos naturales y/o aprobar estudios de impacto ambiental para proyectos contaminantes y extractivista. Es el caso de Chile y de la mayoría de los países en desarrollo que basan su economía en actividades primarias, exportando materias primas con bajo o nulo valor agregado, y que entran en colapso cada vez que nuestros principales compradores de cobre, celulosa, harina de pescado, salmones u otro recurso natural anuncie receso y por ende, nos deje de comprar.
Todo este argumento anticuado está en contradicción cuando existe un movimiento mundial pidiendo que se limiten las emisiones globales para no llegar a fines de siglo con un aumento de 2 grados Celsius (límite requerido por la ciencia). Esto es para que nuestro planeta no colapse y tengamos que lamentar más vidas producto del cambio climático, que ya deja sentir sus efectos con el aumento en el nivel del mar, sequías, falta de acceso a agua potable, inundaciones, pérdida de biodiversidad, derretimiento de glaciares, extinción de especies o las migraciones forzadas de población afectada por alguno de estos estragos.
Se espera que en diciembre de este año, se lograre un acuerdo climático mundial que remplace al protocolo de Kioto, y que esta vez sea suscrito por China y Estados Unidos (ambos contribuyen con el 44% de las emisiones mundiales). Junto con ello, Chile también debería firmar este acuerdo aun cuando nuestras emisiones sólo correspondan al 0,3% mundial. El problema de Chile está en que el promedio de emisiones por habitante son similares a países desarrollados como Francia, sin embargo ellos están disminuyendo sus emisiones, mientras la tendencia nacional es al aumento. Para disminuir y/o estabilizar las emisiones es urgente considerar medidas importantes, especialmente en el sector energía y transporte que es el principal sector contaminante en Chile con un 74,7% de las emisiones totales de gases efecto invernadero, producto de consumo de combustibles fósiles.
A buena hora y contradictoriamente a lo que muchos piensan, migrar de una matriz eléctrica carbonizada a una de energías renovables puede ser una excelente alternativa para generar puestos de trabajo, ahorrar dinero y salvar vidas. Un estudio realizado por New Climate Institute para la Mesa ciudadana sobre Cambio Climático -en el cual convergen una veintena de ONGs que trabajamos en el tema- entregó impactantes resultados que abordan y estiman que, si nuestra matriz eléctrica fuese 100% renovable (esto incluye hidroelectricidad en todas sus escalas) al año 2050, se ahorraría 5.300 millones de dólares al año en importación de combustibles fósiles (la mitad de lo que costará la reforma educacional); evitarían al menos 1.500 muertes por contaminación de aire en Santiago (sin considerar la mitad de Chile que está expuesta a contaminación del aire, especialmente en invierno) y se podrían crear 11.000 empleos permanentes en el sector de energías renovables (incluso más, si se proyecta un escenario sin megacentrales hidroeléctricas, los puestos de trabajo podrían aumentar a 15.000).
Este ejercicio de los “co-beneficios de acción climática” se realizó en base a las “contribuciones nacionales” (INDC) que Chile se comprometió a entregar a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, antes de fines de este mes, el cual propone reducir nuestras emisiones de gases efecto invernadero por unidad de PIB entre un 40 y 45% para el año 2030. De igual manera, la misma metodología se empleó para las contribuciones nacionales de China, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.
Invitamos a los tomadores de decisiones a revisar y analizar este documento, especialmente al Ministerio de Hacienda que tiene la difícil tarea de reducir los presupuestos fiscales y generar una política de acelerar la economía. Esperamos que este documento pueda ser considerado, especialmente porque entrega una alternativa que no solo beneficia a nuestro país en el sentido de salvar vidas, generar empleos y ahorrar dinero, sino que también apunta a la independencia energética, a pensar en un nuevo modelo de desarrollo que no sea basado en la extracción de los recursos naturales (especialmente de aquellos que no son renovables) como también a que Chile pueda mostrarse como un líder en la región y a la altura de país OCDE del cual somos parte.